A pesar de que nuestro país presenta un número creciente de áreas protegidas declaradas bajo protección oficial, esto no se condice con el financiamiento proporcionado para su mantención y mejoras, y mucho menos para lograr cumplir con la protección y conservación de la biodiversidad de manera efectiva.

Desde Fundación Terram hemos podido evidenciar que existe una diferencia significativa entre el financiamiento proporcionado para las áreas marinas protegidas (AMP) y las terrestres, las que se concentran principalmente en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE): para las AMP se invierte solo $ 2,8 por hectárea, mientras que para las unidades del SNASPE se alcanza a invertir $ 1.294 por hectárea.

Si bien el SNASPE concentra aproximadamente un 98% del presupuesto total que se asigna a las áreas protegidas en nuestro país, este sigue siendo insuficiente y altamente vulnerables debido a su dependencia respecto de los ingresos operacionales que provienen principalmente de la venta de entradas; representando aproximadamente un 88% de estos ingresos, donde una sola unidad concentra el 45% de la recaudación por visitas, como ocurre con el Parque Nacional Torres del Paine.

Durante los últimos años se ha evidenciado con mayor claridad la vulnerabilidad en el financiamiento del SNASPE, lo cual se profundiza con un decreciente aporte directo por parte del Estado y la alta dependencia de los ingresos operacionales, es decir, de la recaudación por corte de entradas, que generan algunas unidades. Así, desde el año 2018 los ingresos operacionales representan en promedio un 59% del total del presupuesto, dejando solo un 41% para el aporte fiscal, lo que refleja la implementación paulatina de un mecanismo de autofinanciamiento para este sistema.

Por otro lado, la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, lo cual restringió el acceso a las unidades, provocó pérdidas relevantes en términos de generación de ingresos propios, mientras que, actualmente, la paralización indefinida que comenzaron los guardaparques del Parque Nacional Torres del Paine, hoy se extiende a nivel nacional. Estos dos elementos solo contribuyen a evidenciar que el mecanismo de autofinanciamiento (principalmente por venta de entradas) que se está aplicando no es el más conveniente considerando eventos externos como los que han acontecido últimamente, de hecho, nos muestran que el compromiso por la conservación no solo se manifiesta en la creación de áreas protegidas, también debe hacerlo en el financiamiento que proporciona el Estado para mantenimiento de estas.

En este contexto, desde Fundación Terram creemos es imprescindible fijar un piso mínimo de financiamiento estatal. En ese sentido, resulta fundamental que el aporte fiscal se convierta en un pilar permanente, con aportes constantes y crecientes, y que al menos cubra el gasto en personal, ya que los trabajadores y trabajadoras son fundamentales para cumplir los objetivos de conservación de estas unidades, los cuales se vuelven crítico en aquellas con alta visitación, como es el caso justamente del Parque Nacional Torres del Paine.

Por otra parte, también consideramos que es necesario buscar estrategias que permitan diversificar las fuentes de financiamiento de las áreas protegidas, las que próximamente deberían unificarse en un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuando se apruebe el Proyecto de Ley que crea del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

En tiempos donde miramos a la naturaleza para buscar soluciones que nos permitan salir del actual colapso socio-ambiental que vivimos y mientras el presidente Boric anuncia querer convertirse en el primer “Gobierno ecologista” de Chile, es imperante salir de la lógica de mercado que predomina en la asignación de recursos de las áreas protegidas en nuestro país y avanzar hacia un modelo más diversificado en donde el Estado garantice una asignación de recursos basales necesarios y acordes a la entrada de nuevas áreas bajo protección oficial.