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Año XVI, 22 de febrero de 2024


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Delincuencia y deserción escolar: La crisis educacional chilena que muestra su peor cara post pandemia

El deterioro de la convivencia escolar es para algunos el principal factor detrás de la desvinculación y ausentismo. Como salida, vuelve a reflotar la ley Aula Segura, una herramienta de la que toman distancia figuras del ámbito de la educación.

Maria Luisa Cisternas

  Miércoles 16 de noviembre 2022 19:29 hrs. 
Santiago, 4 de octubre de 2022.
Enfrentamientos entre estudiantes con militares de la division de ingenieros del ejercito y carabineros a las afueras del Internado nacional Barros Arana en la comuna de Quinta Normal. 
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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En una crisis ha devenido el sistema educativo del país. La delincuencia al interior de los establecimientos educacionales y la deserción escolar son dos materias que conflictúan gravemente a las comunidades educativas y que preocupan a las autoridades competentes.

Según informó el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, entre los años 2021 y 2022 se registran más de 50 mil estudiantes desvinculados del sistema educativo, lo que radica en un aumento del 24% respecto al 2019. 

En este punto, se informó además que 227 mil estudiantes, de entre 5 a 24 años, salieron del sistema escolar entre 2004 y 2021, mientras que en la arista del ausentismo escolar, la asistencia promedio nacional entre marzo y septiembre de este año fue del 83%, lo que se significa 5,3 puntos porcentuales menos que en 2019. 

Así todo, el fenómeno se cruza con un problema de seguridad pública. Según informó Carabineros, efectivos de la institución han intervenido en 396 eventos registrados principalmente en liceos emblemáticos en la comuna de Santiago, dejando como resultado a 108 jóvenes detenidos. Dichas detenciones han sido principalmente por los delitos de desórdenes, maltrato de obra, atentados a la autoridad, barricadas y por utilización de artefactos incendiarios.

En esta arista, el diagnóstico de figuras del ámbito de la educación, es que ésta es una problemática que se arrastra previo a la pandemia, pero que se ha visto agudizada por ella. 

Así indicó en conversación con Radioanálisis, el director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, quien advirtió que, por la violencia, “todas esas comunidades escolares, lo que ha estado sucediendo durante estos años, es la perdida de sus compañeros”. 

“Piensa que en el Instituto Nacional postulaban 5 mil, 6 mil estudiantes para 600 cupos de un nivel de excelencia académica, de comportamiento y conducta extraordinaria, y estos años se ha reducido considerablemente el número de estudiantes, muchos de los que estaban matriculados se fueron. Es decir, este nivel de violencia lo que ha generado es no mejorar las oportunidades”, sostuvo.

Por tanto, consideró “fuera de todo sentido común” el que la violencia extrema vaya a lograr superar los desafíos  que tienen las comunidades educativas. “Inclusive en algunos establecimientos ha habido intentos de incendio o de quemar ciertos lugares materiales, salas de clases y oficinas, es decir una situación que de verdad es delictual, esa es la definición que tenemos que tener”, aseveró.

Y agregó que “no hay una agenda que uno diga, ese grupo de estudiantes está utilizando estos mecanismos para que de verdad sea mucho mejor las oportunidades que tengan, no, están destruyendo las que había para ellos y para el resto de los compañeros, están hipotecando la sustentabilidad del colegio, de al menos, el mediano plazo”.

VALENZUELA-CIAE

Juan Pablo Valenzuela.

¿Es Aula Segura la clave?

Para hacer frente a la delincuencia en los establecimientos educacionales, parlamentarios de oposición han vuelto a presionar por la modificación y la aplicación de la ley de Aula Segura, que da mayor potestad a los directores para expulsar y cancelar la matrícula de quienes afecten gravemente la convivencia escolar.

Para Valenzuela, la discusión sobre su aplicación “es irse a los detalles en lugar de lo sustantivo”. Ello porque lo que la ley hacees tratar de agilizar elementos que están disponibles previamente a la propia ley (…) las comunidades educativas con sus propios manuales de convivencia tienen procedimientos, tienen sanciones y que son tremendamente relevantes porque deben ser elaborados colaborativamente con las comunidades escolares”, indicó.

Si bien señaló que Aula Segura es una herramienta disponible, consideró que “el foco no está en si es la que aplicamos o no aplicamos, sino que, al final del día, lo clave es qué nos está funcionado y qué le está funcionando a otros establecimientos”. 

Para el presidente del regional metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, la herramienta “en términos efectivos, no aportó elementos adecuados para enfrentar los temas de violencia escolar”. 

Se fetichiza la ley Aula Segura hoy día por el sector de derecha, incluso concejales del mismo municipio de Santiago y omiten ellos dar a conocer que la ley fue aplicada por Alessandri y sin embargo resultó absolutamente inútil como herramienta legal”, afirmó.

Si bien el dirigente considera que la delincuencia apremia un abordaje en distintos planos, siendo el primero de ellos las acciones inmediatas para identificar y sancionar a los responsables de hechos intolerables “como agredir a la propia comunidad escolar, violentar a docentes, funcionarios y amenazar”, también relevó la gestiones que apunten al temática de fondo, que es la situación de abandono de la educación pública, la que a su juicio es “un caldo de cultivo para que estos grupos crezcan y logren cierto desarrollo, o su discurso tenga cierto nivel de penetración en la comunidad escolar”. 

“Estos colegios por muchos años y la educación pública en general ha tenido una absoluta desatención. El Instituto Nacional tiene deficiencias muy severas de infraestructura, allá en las salas de clase están hacinados y la palabra no es en un sentido figurado, con un mobiliario antiquísimo, totalmente inadecuado y pasan los estudiantes largas horas y eso va generando una situación de tensión, un malestar que se acumula”, señaló.

En términos de infraestructura deportiva, Aguilar denunció que el establecimiento “tiene un estadio que está absoluta y literalmente abandonado, está deteriorándose porque eso no ha sido atendido durante años”.

Por ello, consideró necesario establecer “un plan nacional abordado desde el Estado para hacer una efectiva renovación total de infraestructura en los colegios, de manera que las condiciones ambientales sean las adecuadas”.

Asimismo, apuntó a la revisión del plan de estudios por parte de los propios establecimientos. “El formato tradicional, academicista que pone el acento únicamente o primariamente en el rendimiento y no en lo social y emocional de los estudiantes también tiene que ser dejado atrás y abordar un curriculum mucho más moderno con énfasis en sus aspectos sociales y emocionales“, sostuvo.

Y agregó que “hemos estado tan presionados por rendir en los Simces y en las pruebas estandarizadas que todos esos aspectos han sido dejados de lado y ahí están las consecuencias, en un estudiantado que tiene severos problemas de convivencia, de incorporación a normas de convivencia social básicas, hay un problema mental en toda la comunidad escolar”. 

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Mario Aguilar.

Si bien Aguilar comparte el diagnóstico de que la pandemia ha agravado esta problemática, descartó que ello se haya alimentado por la reticencia del Colegio de Profesores al retorno de clases presenciales.

“Evidentemente la pandemia tuvo un impacto fuerte en general, no solo en Chile sino en el mundo. Hay muchos informes que reportan que estos problemas que tenemos hoy día con el retorno a las clases presenciales se está dando en muchos lugares, incluso países ricos, en Estados Unidos hay serios problemas de deserción, retrasos en los aprendizajes que son cuestiones que están a base de obviamente tener los colegios tanto tiempo cerrados, pero eso no fue algo que alguien deseara“, acotó.

“Nosotros nos opusimos al retorno de las clases presenciales en los momentos peak de pandemia, nos parece que hubiera sido una enorme irresponsabilidad, por ejemplo el 2020, cuando Sebastián Piñera anuncia esto en cadena nacional en el mes de mayo cuando estaba el peak de muertos, de personas fallecidas, de hospitalizaciones en camas críticas y por supuesto que nos opusimos y creo que eso estuvo correcto”, afirmó.

Y agregó que “el 2021, quiero recordar, porque a veces se distorsiona un poco la historia, mis colegas volvieron a sus colegios en el segundo semestre, se instalaron a hacer sus clases hibridas, pero la mayoría de los estudiantes no asistió porque las familias no tienen confianza ni en el Gobierno ni en las medidas que se tomaban en los colegios y efectivamente en los colegios había muy serios déficit de infraestructura”.

Delincuencia y deserción

Haciendo frente a la crisis de desvinculación y ausentismo escolar, el Ministerio de Educación presentó este año la Política de Reactivación “Seamos Comunidad”, que apunta a los factores que inciden en la deserción de los y las estudiantes. 

Para ello, este año el Mineduc ha ejecutado reportes de asistencia y desvinculación a los establecimientos y sus sostenedores, por medio de informes de trayectorias educativas irregulares. Además, ha desarrollado mesas de trabajo territoriales; mesas técnicas con municipios y SLEP; ha continuado con programas como el Fondo de Proyectos de Reinserción Educativa y ha entregado orientaciones a los establecimientos.

Para abordar esta política y sus proyecciones para el 2023, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se reunió este miércoles con la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios de Chile y la Asociación de Municipios Rurales. “Este es un desafío país, una cosa importante, esto no puede tener hoy día una dimensión de color político, sino más bien tiene que ser una orientación general“, afirmó.

Y añadió que “desde el Ministerio de Educación, mi preocupación, la preocupación del Gobierno es que impulsemos acciones en conjunto con el financiamiento disponible y con la voluntad de avanzar en este gran desafío que significa traer a nuestros niños a la escuela, hacer que los niños aprendan y claramente mejorar las condiciones para ese aprendizaje”.

Ahora bien, para el alcalde de Pelarco y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Bernardo Vásquez, la delincuencia en los establecimientos educacionales es el principal factor de la deserción escolar. “Es indispensable que esto se tome realmente en serio y estas situaciones realmente se terminen, esto hace que se produzca las deserciones que hoy día estamos teniendo”, indicó.

“Los apoderados que quieren que sus hijos efectivamente estudien están sacando sus estudiantes de esos establecimientos educacionales y obviamente que es un tema realmente complejo y creo que tenemos que trabajar para reencantar y en esos colegios que son  emblemáticos y que están con altos grados de violencia obviamente se tiene que aplicar todo el rigor de la ley”, sostuvo.

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Bernardo Vásquez.

Sobre el tema delictual, el ministro Ávila aseguró que “hemos venido trabajando los temas de violencia en términos generales y más específicos asociados a los establecimientos emblemáticos desde hace varios meses y hemos podido avanzar dado que el Ministerio, como yo lo he señalado, es un espacio de puertas abiertas en conversación y en diálogo con las y los estudiantes para resolver temas específicos como la calidad y cantidad de raciones de alimentos que entrega Junaeb, como la infraestructura escolar y la reestructuración de los proyectos educativos”. 

Sobre Aula Segura, si bien el secretario de Estado precisó que “todas las leyes que se aprueban por el Parlamento y que están disponibles pueden ser utilizadas en la medida que puedan ser aplicables”, advirtió que, cosa diferente es que “la ley puedas resolver los temas”.

Lo que hemos visto es que (Aula Segura) no lo hace, siendo que aquello que se busca, por ejemplo sancionar a los y las estudiantes, se puede hacer siguiendo el propio manual de convivencia o el reglamento interno de convivencia escolar”, señaló.

En ello acotó que “la implementación de la ley fue altamente conflictiva y lo que generó fue más conflictividad, y por lo tanto lo que hemos impulsado desde la División de Educación General, que se encarga de los temas de convivencia, es fortalecer los reglamentos internos de convivencia escolar, difundir acciones preventivas y fundamentalmente, sobre la base del diálogo, establecer cuáles son los lineamientos respecto de cuándo se pueden implementar o no acciones que son mucho más definidas y graves“.

Por último, el ministro relevó que “con el reglamento interno de convivencia escolar, usted puede llegar hasta la sanción más grave que significa la cancelación de matrícula y la expulsión“.

Imagen: Agencia ATON.

 

 

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