La elección del sucesor de Jorge Abbot al frente del Ministerio Público, podría “poner en riesgo por décadas la integridad, dignidad y la vida misma de las mujeres”, sostiene la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres.
En un comunicado, la instancia expresó su preocupación “por el lobby que las candidaturas han efectuado para ganarse el favor de partidos y movimientos sociales, incluyendo el feminista. También nos preocupa que se instale la idea que sólo por ser mujer, alguna candidata nos permita avanzar en lograr una vida libre de violencia machista”.
Sin embargo, el estado de alerta en que se encuentra la Red Chilena contra la violencia, también apunta a que “hemos visto cómo la Corte Suprema ha puesto en la quina a personas cercanas a Jorge Abott, cuyo mandato ha implicado años de impunidad en investigaciones sobre agresiones sexuales, delitos de violencia intrafamiliar -única herramienta con que las mujeres en Chile pueden denunciar violencia machista en contexto de pareja-, trata de personas, desaparición de mujeres y niñas, femicidios, lesbofemicidios y transfemicidios; así como persecución penal implacable a mujeres que se han defendido de sus agresores o exigido justicia por sus muertas”.
Plantearon, además, que “es inaceptable que el Presidente de la República ceda a presiones para optar por el continuismo. Más aún si nombrara al abogado Ángel Valencia, quien no sólo ha defendido grandes intereses empresariales y políticos, sino hasta a agresores de mujeres, en especial al juez de Rancagua, Luis Barría, denunciado por funcionarias del mismo Poder Judicial por acoso y abuso sexual, siendo el candidato Ángel Valencia parte de la red de protección de Barría en el Poder Judicial, conforme han denunciado varias funcionarias, a quienes Valencia ha perseguido social y judicialmente”.
Por último, desde el colectivo plantearon que “exigimos que, en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público, tanto el Gobierno como el Congreso, consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile”.
La quina presentada por la Corte Suprema al presidente Gabriel Boric se cuenta al fiscal centro norte, José Andrés Morales; el abogado Ángel Valencia; la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; y el abogado Rodrigo Ríos, aunque anunció que no seguiría en la competencia, pero sin formalizarla ante el máximo tribunal del país.
La elección del sucesor de Jorge Abbot al frente del Ministerio Público, podría “poner en riesgo por décadas la integridad, dignidad y la vida misma de las mujeres”, sostiene la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres.
En un comunicado, la instancia expresó su preocupación “por el lobby que las candidaturas han efectuado para ganarse el favor de partidos y movimientos sociales, incluyendo el feminista. También nos preocupa que se instale la idea que sólo por ser mujer, alguna candidata nos permita avanzar en lograr una vida libre de violencia machista”.
Sin embargo, el estado de alerta en que se encuentra la Red Chilena contra la violencia, también apunta a que “hemos visto cómo la Corte Suprema ha puesto en la quina a personas cercanas a Jorge Abott, cuyo mandato ha implicado años de impunidad en investigaciones sobre agresiones sexuales, delitos de violencia intrafamiliar -única herramienta con que las mujeres en Chile pueden denunciar violencia machista en contexto de pareja-, trata de personas, desaparición de mujeres y niñas, femicidios, lesbofemicidios y transfemicidios; así como persecución penal implacable a mujeres que se han defendido de sus agresores o exigido justicia por sus muertas”.
Plantearon, además, que “es inaceptable que el Presidente de la República ceda a presiones para optar por el continuismo. Más aún si nombrara al abogado Ángel Valencia, quien no sólo ha defendido grandes intereses empresariales y políticos, sino hasta a agresores de mujeres, en especial al juez de Rancagua, Luis Barría, denunciado por funcionarias del mismo Poder Judicial por acoso y abuso sexual, siendo el candidato Ángel Valencia parte de la red de protección de Barría en el Poder Judicial, conforme han denunciado varias funcionarias, a quienes Valencia ha perseguido social y judicialmente”.
Por último, desde el colectivo plantearon que “exigimos que, en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público, tanto el Gobierno como el Congreso, consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile”.
La quina presentada por la Corte Suprema al presidente Gabriel Boric se cuenta al fiscal centro norte, José Andrés Morales; el abogado Ángel Valencia; la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; y el abogado Rodrigo Ríos, aunque anunció que no seguiría en la competencia, pero sin formalizarla ante el máximo tribunal del país.
La elección del sucesor de Jorge Abbot al frente del Ministerio Público, podría “poner en riesgo por décadas la integridad, dignidad y la vida misma de las mujeres”, sostiene la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres.
En un comunicado, la instancia expresó su preocupación “por el lobby que las candidaturas han efectuado para ganarse el favor de partidos y movimientos sociales, incluyendo el feminista. También nos preocupa que se instale la idea que sólo por ser mujer, alguna candidata nos permita avanzar en lograr una vida libre de violencia machista”.
Sin embargo, el estado de alerta en que se encuentra la Red Chilena contra la violencia, también apunta a que “hemos visto cómo la Corte Suprema ha puesto en la quina a personas cercanas a Jorge Abott, cuyo mandato ha implicado años de impunidad en investigaciones sobre agresiones sexuales, delitos de violencia intrafamiliar -única herramienta con que las mujeres en Chile pueden denunciar violencia machista en contexto de pareja-, trata de personas, desaparición de mujeres y niñas, femicidios, lesbofemicidios y transfemicidios; así como persecución penal implacable a mujeres que se han defendido de sus agresores o exigido justicia por sus muertas”.
Plantearon, además, que “es inaceptable que el Presidente de la República ceda a presiones para optar por el continuismo. Más aún si nombrara al abogado Ángel Valencia, quien no sólo ha defendido grandes intereses empresariales y políticos, sino hasta a agresores de mujeres, en especial al juez de Rancagua, Luis Barría, denunciado por funcionarias del mismo Poder Judicial por acoso y abuso sexual, siendo el candidato Ángel Valencia parte de la red de protección de Barría en el Poder Judicial, conforme han denunciado varias funcionarias, a quienes Valencia ha perseguido social y judicialmente”.
Por último, desde el colectivo plantearon que “exigimos que, en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público, tanto el Gobierno como el Congreso, consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile”.
La quina presentada por la Corte Suprema al presidente Gabriel Boric se cuenta al fiscal centro norte, José Andrés Morales; el abogado Ángel Valencia; la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera; el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; y el abogado Rodrigo Ríos, aunque anunció que no seguiría en la competencia, pero sin formalizarla ante el máximo tribunal del país.
