Continúan las repercusiones para el diputado republicano, Cristian Araya, quien este lunes cuestionó en el hemiciclo de la Cámara la veracidad de las desapariciones forzadas en dictadura y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social. Ello en lo que fue su intervención contra el presupuesto del Gobierno para el 2023.
A la condena que expresó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se sumó la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos en su conjunto, para interpelar al parlamentario ultraderechista y destacar la deuda que el Estado de Chile tiene con las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Las organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional y las que adhieren al final de esta Declaración, condenamos rotunda, categórica y enérgicamente, las expresiones ofensivas proferidas por el diputado del partido Republicano Cristian Araya, al referirse a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil y militar encabezada por el Dictador Pinochet y víctimas del estallido social durante el gobierno de Sebastián Piñera, utilizando la sede parlamentaria para esconder su cobardía al amparo del fuero parlamentario”, sostuvieron.
Y aseveraron: “que sepa el diputado Araya que no son supuestas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy, son personas reales, las que han sido violentadas en sus derechos fundamentales por agentes del estado, situación reconocida por diversas sentencias judiciales y por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales“.
Por lo demás indicaron que “la búsqueda de detenidos desaparecidos no solo es una obligación ética sino que jurídicamente legítima y justa, porque se trata de delitos de lesa humanidad que de acuerdo al derecho internacional son imprescriptibles e inamnistiables”.
Junto a ello, la Coordinadora replicó la crítica que Araya dirigió a los recursos para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. “$2.079 millones para el Museo de la memoria de algunos”, cuestionó el diputado.
“Señalar que los Sitios de Memoria y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos son herramientas fundamentales para avanzar en las obligaciones del Estado con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición“, señalaron al respecto.
Además, acotaron que “la experiencia nacional e internacional da cuenta de la relevancia de los sitios de memoria para reparar hechos oprobiosos y graves, constitutivos de violaciones a los derechos humanos”, añadieron, reparando en que “sin embargo, en nuestro país solo cinco sitios de memoria reciben financiamiento, existiendo en consecuencia una deuda histórica del Estado en políticas de memoria y protección a los derechos humanos”.
Por tanto, afirmaron que el discurso de Araya “es parte de la política negacionista impulsada por el sector político que justifica las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y que se siguen cometiendo hasta el día de hoy”.
“Sus expresiones lo colocan en el mismo lugar que aquellos ejecutores materiales de hechos tan repudiables para la humanidad“, afirmaron dirigiéndose al parlamentario, a quien le recordaron que “los cobardes delitos por lesa humanidad han significado que 1.133 ex agentes represivos hayan sido condenados por los Tribunales de Justicia, 51 de los cuales tienen más de 100 años de presidio”.
“Ad portas de cumplirse 50 años del genocidio llevado a cabo por las FFAA, la derecha y el empresariado, NO OLVIDAMOS, y seguimos exigiendo que nos digan DONDE ESTAN…!”, cerraron.
Continúan las repercusiones para el diputado republicano, Cristian Araya, quien este lunes cuestionó en el hemiciclo de la Cámara la veracidad de las desapariciones forzadas en dictadura y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social. Ello en lo que fue su intervención contra el presupuesto del Gobierno para el 2023.
A la condena que expresó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se sumó la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos en su conjunto, para interpelar al parlamentario ultraderechista y destacar la deuda que el Estado de Chile tiene con las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Las organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional y las que adhieren al final de esta Declaración, condenamos rotunda, categórica y enérgicamente, las expresiones ofensivas proferidas por el diputado del partido Republicano Cristian Araya, al referirse a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil y militar encabezada por el Dictador Pinochet y víctimas del estallido social durante el gobierno de Sebastián Piñera, utilizando la sede parlamentaria para esconder su cobardía al amparo del fuero parlamentario”, sostuvieron.
Y aseveraron: “que sepa el diputado Araya que no son supuestas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy, son personas reales, las que han sido violentadas en sus derechos fundamentales por agentes del estado, situación reconocida por diversas sentencias judiciales y por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales“.
Por lo demás indicaron que “la búsqueda de detenidos desaparecidos no solo es una obligación ética sino que jurídicamente legítima y justa, porque se trata de delitos de lesa humanidad que de acuerdo al derecho internacional son imprescriptibles e inamnistiables”.
Junto a ello, la Coordinadora replicó la crítica que Araya dirigió a los recursos para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. “$2.079 millones para el Museo de la memoria de algunos”, cuestionó el diputado.
“Señalar que los Sitios de Memoria y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos son herramientas fundamentales para avanzar en las obligaciones del Estado con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición“, señalaron al respecto.
Además, acotaron que “la experiencia nacional e internacional da cuenta de la relevancia de los sitios de memoria para reparar hechos oprobiosos y graves, constitutivos de violaciones a los derechos humanos”, añadieron, reparando en que “sin embargo, en nuestro país solo cinco sitios de memoria reciben financiamiento, existiendo en consecuencia una deuda histórica del Estado en políticas de memoria y protección a los derechos humanos”.
Por tanto, afirmaron que el discurso de Araya “es parte de la política negacionista impulsada por el sector político que justifica las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y que se siguen cometiendo hasta el día de hoy”.
“Sus expresiones lo colocan en el mismo lugar que aquellos ejecutores materiales de hechos tan repudiables para la humanidad“, afirmaron dirigiéndose al parlamentario, a quien le recordaron que “los cobardes delitos por lesa humanidad han significado que 1.133 ex agentes represivos hayan sido condenados por los Tribunales de Justicia, 51 de los cuales tienen más de 100 años de presidio”.
“Ad portas de cumplirse 50 años del genocidio llevado a cabo por las FFAA, la derecha y el empresariado, NO OLVIDAMOS, y seguimos exigiendo que nos digan DONDE ESTAN…!”, cerraron.
Continúan las repercusiones para el diputado republicano, Cristian Araya, quien este lunes cuestionó en el hemiciclo de la Cámara la veracidad de las desapariciones forzadas en dictadura y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social. Ello en lo que fue su intervención contra el presupuesto del Gobierno para el 2023.
A la condena que expresó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se sumó la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos en su conjunto, para interpelar al parlamentario ultraderechista y destacar la deuda que el Estado de Chile tiene con las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Las organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional y las que adhieren al final de esta Declaración, condenamos rotunda, categórica y enérgicamente, las expresiones ofensivas proferidas por el diputado del partido Republicano Cristian Araya, al referirse a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil y militar encabezada por el Dictador Pinochet y víctimas del estallido social durante el gobierno de Sebastián Piñera, utilizando la sede parlamentaria para esconder su cobardía al amparo del fuero parlamentario”, sostuvieron.
Y aseveraron: “que sepa el diputado Araya que no son supuestas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy, son personas reales, las que han sido violentadas en sus derechos fundamentales por agentes del estado, situación reconocida por diversas sentencias judiciales y por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales“.
Por lo demás indicaron que “la búsqueda de detenidos desaparecidos no solo es una obligación ética sino que jurídicamente legítima y justa, porque se trata de delitos de lesa humanidad que de acuerdo al derecho internacional son imprescriptibles e inamnistiables”.
Junto a ello, la Coordinadora replicó la crítica que Araya dirigió a los recursos para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. “$2.079 millones para el Museo de la memoria de algunos”, cuestionó el diputado.
“Señalar que los Sitios de Memoria y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos son herramientas fundamentales para avanzar en las obligaciones del Estado con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición“, señalaron al respecto.
Además, acotaron que “la experiencia nacional e internacional da cuenta de la relevancia de los sitios de memoria para reparar hechos oprobiosos y graves, constitutivos de violaciones a los derechos humanos”, añadieron, reparando en que “sin embargo, en nuestro país solo cinco sitios de memoria reciben financiamiento, existiendo en consecuencia una deuda histórica del Estado en políticas de memoria y protección a los derechos humanos”.
Por tanto, afirmaron que el discurso de Araya “es parte de la política negacionista impulsada por el sector político que justifica las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y que se siguen cometiendo hasta el día de hoy”.
“Sus expresiones lo colocan en el mismo lugar que aquellos ejecutores materiales de hechos tan repudiables para la humanidad“, afirmaron dirigiéndose al parlamentario, a quien le recordaron que “los cobardes delitos por lesa humanidad han significado que 1.133 ex agentes represivos hayan sido condenados por los Tribunales de Justicia, 51 de los cuales tienen más de 100 años de presidio”.
“Ad portas de cumplirse 50 años del genocidio llevado a cabo por las FFAA, la derecha y el empresariado, NO OLVIDAMOS, y seguimos exigiendo que nos digan DONDE ESTAN…!”, cerraron.
