Inviable se hizo el indulto a los presos del estallido social en el Congreso Nacional. Los y las defensoras de los jóvenes que fueron detenidos y apresados en el marco de las protestas, agotaron las instancias en el Parlamento luego que el proyecto de ley , ingresado en diciembre del 2020, no concitara los respaldos requeridos -quórum calificado- en el Senado. Ello pese a que la iniciativa parlamentaria devino en amnistía tras su paso por la comisión de Constitución de la Cámara Alta, bajo el argumento de que podría hacer reconsiderar la posición de los senadores refractarios.

En conversación con Diario y Diario Universidad de Chile, Osvaldo Durán, vocero de  la Asamblea de los Familiares de los Presos Políticos de la Revuelta, señaló que el senador Pedro Araya, en ese entonces presidente de la comisión de Constitución “desarma el proyecto que nosotros habíamos presentado, lo transforma en amnistía, ve a través de catálogos de delitos y empieza a borrar delitos”. Además criticó que el legislador “tuvo la intención de agregar a personas que son agentes del Estado, básicamente Carabineros, militares, PDI que hayan estado involucrados en el tema de la revuelta cometiendo ellos algún tipo de delitos”.

Es por ello que el dirigente afirmó “ese proyecto como tal, ya no nos sirve. Como él (Araya) lo dejó, lo desarmó, lo desintegró, ya no le sirve a nadie, por lo tanto nosotros no estamos impulsando ese proyecto”, indicó y acotó que “con maldad, en algún momento el senador Moreira impulsó que se votara ese proyecto porque no tenía los votos para que fuera rechazado y no pudiéramos presentar en el lapso de un año ningún tipo de proyectos”.

En la misma línea, la senadora Fabiola Campillai aseguró que el proyecto carece de valor. “Es tanto lo que se averió ese proyecto de amnistía que ya no sirve. Al proyecto se quitaron muchos delitos y ya no sacaría a ningún preso, el Senado no está para aprobar, no tenemos los votos tampoco, entonces creo que no sería viable la ley de amnistía ni acá ni en la Cámara de Diputados“, señaló.

Y es que la viabilidad de una iniciativa parlamentaria que en su redacción asienta los hechos imputados en un contexto “que se caracterizó por violaciones graves y masivas a los derechos humanos por parte de fuerzas policiales y militares”, difícilmente puede tener espacio en un Congreso donde han abundado los cuestionamientos, no solo a las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido, sino también, a los cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Algo que de todo punto de vista es complejo, según aquilató el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, “porque pone en el tapete en el debate de la opinión pública el negacionismo de algo que uno percibió al vivir no en comunas acomodadas, entonces me parece que si niegan hechos de la dictadura algunos parlamentarios, es muy complicado que también puedan por lo menos reconocer esto”.

Por lo demás, el jurista destacó que en el proyecto de indulto, “apareció una introducción bastante buena respecto de por qué deberían realizarse estos indultos, de porqué el Parlamento debería llevar a cabo esto. Había incluso una historia fidedigna de que no sería la primera vez de que se procedía de esta manera y que también en el mundo es beneficioso que se produzcan estos aministicios generales”.

Por tanto, el abogado dijo lamentar el debate en el Parlamento. “Tenga en cuenta que por este negacionismo hemos llegado a encuestas donde el 80% de los chilenos no sabe cual es el concepto de derechos humanos y eso es porque también en la sociedad chilena los espacios públicos se han polarizado y se han producido debates falsos”.

Al respecto, la senadora Campillai, apuntó a que “siempre es el mismo sector político el que no quiere reconocer las violaciones a los derechos humanos, no tan solo a nuestros compañeros presos políticos, que vamos a seguir luchando por ellos hasta el último, sino que se ha cuestionado la mesa de reparación, se ha cuestionado el programa PACTO, que antes se llamaba PIRO, se ha cuestionado mucho el tema de la búsqueda”. 

Mientras que para Durán, “el negacionismo está instalado en la derecha desde siempre, para la derecha ninguna han existido los presos políticos de antes, ni los presos políticos de ahora, ni los detenidos desaparecidos. Eso es algo que ya es natural para nosotros escucharlo. Sabemos que no es la realidad”.

Indultos particulares

La liberación de los presos del estallido bajo la vía legislativa es una cuestión que terminó por descartarse con el intento que hizo el Gobierno de presentar un proyecto de indulto alternativo al Congreso Nacional. Una iniciativa que el Ejecutivo trabajó con las agrupaciones de familiares y organizaciones de derechos humanos a principio de este año, luego de cejar en la urgencia que había presentado al proyecto que albergaba el Senado.

“Nosotros tuvimos reunión y una mesa de trabajo, fuimos a varias sesiones donde hubieron varias organizaciones de familiares, de regiones, llevamos abogados, fueron abogados de Codepu, fueron abogados de la Asamblea, fueron abogados de varias organizaciones y ahí se trabajó en un nuevo proyecto, pero no están los votos”, aseguró Durán. 

Por ello, la fórmula que resta a tres años del estallido social es la de indultos particulares. Algo que ha puesto de manifiesto la senadora Fabiola Campillai, apelando a la voluntad del Ejecutivo. “Hemos hecho varias veces un llamado al Gobierno, un llamado al Presidente, a que pueda dar estos indultos particulares porque ya hemos visto que se han caído algunos juicios”. 

“Ya han quedado en libertad Nicolás (Ríos) y Jesús (Zenteno), entonces hemos visto que ya los montajes están cayendo”, indicó la legisladora, acotando que “estamos luchando para poder sacarlos de la cárcel, estamos optando por esta pena mixta mientras podemos lograr por razones humanitarias llegar al Gobierno y que se vean los indultos caso a caso”. 

Sobre ello, Morales indicó que “es la alternativa más seria. Nosotros, de todas las personas que tenemos en prisión efectiva, hemos ingresado libelos de que se hagan indultos caso a caso”.

“La situación está en manos del Presidente, esos indultos caso a caso están bastante fundamentados, nosotros no lo hemos hecho público porque también le hemos puesto querellas a las personas que lo han imputado ilegalmente, pero nos gustaría que se resolviera lo antes posible”, añadió, aunque dijo ver que la “voluntad política, hemos visto que no está”. 

Respecto a cuántos son los que se verían beneficiados con esta salida, el portavoz de la Asamblea de los Familiares de los Presos Políticos de la Revuelta indicó que, “lo que nosotros sabemos es que en las cárceles, entre gente que está condenada y si es que hubiera en este momento alguno con prisión preventiva, son alrededor de 65 a 66 personas, según información del ministerio de Justicia”. 

No obstante advirtió que “nos hemos encontrado este último tiempo con que el número es superior, eso básicamente porque muchas personas, por consejos de sus abogados, por temas familiares o por decisión personal, no quieren verse involucrados con el tema de la revuelta”.

A su vez, Morales indicó que “en prisión preventiva no hay nadie ahora, hay condenados y presos, presos rematados o efectivamente presos y hay personas con situación no resuelta con cautelares de arresto domiciliario parcial” y afirmó que, “el delito que se les imputa en común es el uso de artefacto incendiario explosivo, que es bomba molotov, que puede ser desde elaboración a lanzamiento”.

Así las cosas, la legisladora por la séptima circunscripción advirtió que “entendemos que hay muchos presos que todavía no conocemos. Cuando fuimos a Colina hace poco, conocimos a Álvaro que es un preso también del estallido, es un preso político, el cual no lo está pasando bien, tiene un cáncer, él está muy mal, está muy delgado y está siendo atendido solo con  morfina”.

Por ello, enfatizó que “nosotros estamos luchando por cada uno de ellos, para poder lograr este indulto y ojalá el Presidente nos pueda escuchar“