Los medios de comunicación oficiales, que progresivamente han perdido audiencias fieles pero no así gran poder e impacto mediante su expansión en las redes sociales, aparentan tener mala memoria. Aparentan haber olvidado que en Chile durante el estallido social iniciado en octubre de 2019 la más generalizada y grave violencia que se ejerció fue la violencia de Estado, en su gran mayoría perpetrada por Carabineros de Chile, institución supuestamente no deliberante y dependiente del poder civil. La clase política, salvo contadas excepciones, también parece olvidar. Se escucha a sus representantes, entre cuatro paredes y con los ojos desorbitados por la sed de poder y protagonismo, enarbolar las banderas del absoluto respeto y apoyo incondicional a la labor de Carabineros. Cuando se alzan las voces por el respeto irrestricto de los derechos humanos, ellos claman por seguridad, dando falsamente a entender que son conceptos y prácticas incompatibles entre sí. Algo similar plantean las encuestas, cuando tendenciosamente nos hacen elegir entre seguridad y libertad, pasando por alto los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

No olvidemos: fueron cientos de traumas oculares, miles de agresiones de diverso tipo y una treintena de muertos, de los cuales al menos en seis casos se ha comprobado la responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas y de Orden. Fueron miles los detenidos, y aún hay presos en el contexto de la revuelta, que fueron prisioneros en el marco de investigaciones llevadas a cabo de manera deficiente; con obstrucción a la justicia y abuso de la prisión preventiva.

En cuanto a los pilares de la justicia transicional en Chile, a saber, las medidas que deben adoptarse en materia de verdad, justicia, memoria, reparación integral y garantías de no repetición en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, a más tres años de la revuelta popular de octubre, de los 10.936 casos de denuncias a Fiscalía de agresiones por agentes del Estado, solo hay 16 condenas[1]. Ninguna de estas condenas, por cierto, involucra a altos mandos.

Por su parte, la verdad y la justicia han sido escasas, mientras que nos hallamos muy lejos de la reparación integral, pese a los recientes anuncios es esta materia, que es de esperar que tengan una realización efectiva y continuidad en el tiempo.

En lo que concierne a la reforma estructural de las policías, tampoco ha existido avance alguno. Si vamos a los informes emitidos por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, todas coinciden en la necesidad de una transformación profunda a la institución de Carabineros; imprescindible para garantizar que las masivas violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado no se vuelvan a repetir.

Respecto de las políticas públicas de memoria, todas las iniciativas de memorias han surgido de manera autoconvocada y autogestionada por la sociedad civil; no sólo sin recibir el apoyo del Estado sino, por el contrario, incluso obstaculizando y/o derechamente impidiendo la resignificación de espacios como el llamado Jardín de la resistencia, estableciéndose una disputa por el sentido en los territorios donde cada cierto tiempo el Estado borra con pintura blanca toda huella de la rebelión popular.

En materia de transformaciones que garanticen la paz social, tampoco se han llevado adelante cambios. Transformaciones por las cuales la sociedad civil se movilizó masivamente, y que no son más que la reivindicación de derechos humanos -sociales, culturales, económicos y ambientales- que el actual modelo neoliberal y extractivista no garantiza a los pueblos.

El estallido social de octubre de 2019 sí desató un proceso constituyente que no ha culminado. Mientras siga existiendo este profundo malestar social frente al orden político, socioeconómico, jurídico e institucional vigente, y pese a lo que los medios oficiales y la clase política y empresarial según sus propios intereses quieran comunicar, el proceso de lucha por los derechos humanos y de la naturaleza continuará.

Que nadie se olvide -porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro- que el tiempo de nuestra humanidad urge un cambio radical, revolucionario. En Chile, esto debe materializarse en una nueva Constitución verdaderamente soberana, en el sentido en que es definida desde la perspectiva de derechos humanos, entendida como el derecho de libre determinación de los pueblos, por el cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural[2]. No procesos capturados por unos pocos representantes del poder político, carentes de legitimidad social.

Que los medios no nos hagan olvidar que el Nunca Más no es posible sin medidas de verdad, memoria, justicia y reparación integral. Que no nos hagan olvidar que la impunidad garantiza la repetición de los hechos. Que esos mismos carabineros que reprimieron brutalmente son los que salen hoy a las calles con la aquiescencia del gobierno de turno, y que ningún gobierno jamás ha asumido su responsabilidad política; transformándose la violencia de Estado en un mal endémico que trasciende el color político. ¡Basta ya! Es necesario visibilizar y contribuir a revertir esta aparente mala memoria, que solo conviene a los intereses de las clases privilegiadas que buscan mantener el estado actual de las cosas.

Por Mariana Zegers I.

[1] Datos de Amnistía Internacional Chile

[2] Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales; ambos suscritos y ratificados por el Estado de Chile.