Tras hacerse viral un vídeo en que dos menores de edad portaban armas blancas en el centro de Santiago mientras amenazaban a transeúntes, autoridades de la Región Metropolitana se refirieron a lo sucedido responsabilizando al comercio ambulante y la “migración descontrolada” que presenta la capital. Ante tales declaraciones Radio y Diario Universidad de Chile conversó con una experta en seguridad pública y con un miembro del Consejo Municipal de la comuna aludida.

A este hecho se le suma un ataque en contra Carabineros y funcionarios municipales en Plaza de Armas mientras realizaban un copamiento a los comerciantes ambulantes del sector.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, identificó tres grandes problemas de la ciudad capitalina: “los homicidios, el comercio ambulante y la migración descontrolada“. Asimismo, abordó la negligencia parental evidenciado en el episodio de ayer, puesto que los niños que lo protagonizaron se encontraban trabajando en la calle y de manera informal, cuando el trabajo infantil está radicado en el país y el comercio ambulante es una práctica irregular. De la misma manera, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, sostuvo que en cuanto al tema de la inmigración “tal vez llegó el momento de pensar si en Chile vamos a establecer cuotas de inmigración“.

En conversación con nuestro medio la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, Alejandra Mohor, señaló que las facultades de las municipalidades y el Gobierno Regional están circunscritas a las estrategias de prevención, mientras que la de los policías al control. Además, expuso que entre diez personas que viven del comercio ambulante “probablemente entre medio algunos venden cosas robadas y otras están vinculados a organizaciones de piratería”, mientras que la “inmensa mayoría son personas honestas”.

“Sobre quienes se mueven en el ámbito de lo ilegal hay que actuar con control, pero a estas otras personas que son mayoría no puedes ir a quitarle aquello que es su sustento. ¿Cómo eso va hacer una solución? Se necesitan planes de intervención estructurados y organizados que permitan a quienes hoy se sostienen del comercio informal, formalizar este medio de subsistencia”, destacó.

En la misma línea, la especialista con más de 15 años de experiencia en materia de seguridad ciudadana, detalló que son necesarias las alternativas de capacitación laboral y oportunidades laborales en otro ámbitos. Sin embargo, Mohor reconoció que esta forma de trabajo probablemente es preferible para algunas personas porque se adapta a sus necesidades: les provee de sustento y les permite organizar sus tiempos para cuidar a su familia. “Lo que necesitamos es la organización del espacio público, pero un orden que sea para todas y todos”, agregó.

Desde la alcaldía de Santiago Irací Hassler se mostró disconforme con la seguridad pública de Carabineros y el Ministerio de Interior, mientras que a la interna del Consejo municipal, señalaron que la alcaldesa fue partidaria de entregar más de mil permisos a comerciantes ambulantes.

El concejal Juan Mena señaló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile que esta lamentable situación protagonizada por menores de edad en el centro de Santiago, es parte del resultado de una mala política pública implementada por la alcaldesa, en el marco de la promesa de entregas de permisos de uso de la vía pública para el comercio.

Sobre lo último, Mena manifestó que esto provoca la desarticulación de la Unidad de Mitigación del Control Ambulante, que es la encargada de fiscalizar este ámbito y que la alcaldía queda expuesta al desarme el grupo de funcionarios, conocidos anteriormente como Escuadrón Centauro, que ejercían la labor de controlar el comercio ambulante.

“El comercio ilegal siempre ha existido y siempre va a existir pero hay maneras y maneras de poder abordarlo y controlarlo. Esto se desbandó en varios puntos de la comuna, al día de hoy sin solución”, aseveró.

Migración y falta de oportunidades laborales

Para Alejandra Mohor, lo más importante es reconocer que los problemas de seguridad representan un conflicto para todas las partes involucradas, porque “existe un conflicto respecto de la necesidad de generar ingresos, respecto a la necesidad de insertarse y respecto al uso del espacio público“, por lo que las soluciones deben presentarse de manera integral.

En cuanto a la responsabilidad de la migración sobre el aumento de la inseguridad en el país, pero en particular en el centro de Santiago, el concejal Mena reconoció que hay grupos organizados que se dedican al tráfico, microtráfico y a la venta de artículos robados. No obstante, expuso que detrás de eso que hay personas migrantes en situación de irregularidad a quienes les ha costado mucho encontrar un trabajo formal, por lo que caen en manos de mafias que les pagan $15 mil, $20 mil pesos o menos, para que vendan artículos de procedencia ilegal, convirtiéndose ellos también en quienes cometen los actos delictivos.

“Hay mafias tanto de personas que se encargan de aprovecharse de personas migrantes en situación irregular y según antecedentes que nos han entregado, algunos locales de comida que trabajan hasta altas horas de la noche se vuelven puntos de microtráfico. Entonces es bastante complicado”, afirmó.

En ese sentido, la experta en seguridad pública declaró que ante el incremento de la violencia en el país es importante tener en consideración que el aumento explosivo de la población, y de una población particularmente desaventajada y marginalizada genera efectos. Asimismo, destacó que aquella gente que llega a las urbes en algún momento fue migración campo-ciudad y que el Estado no ha sido capaz de garantizar el derechos de estas personas, que ante los hechos recientes se evidencia que la vulneración de derechos afecta además a niñas, niños y adolescentes.