Amnistía Internacional y defensa a mujeres ambientalistas: “Ellas han recibido amenazas y ataques de distinto tipo”
El director de la entidad en Chile, Rodrigo Bustos, destacó el trabajo en favor de las dirigentas de Petorca donde el uso del agua se ha destinado a plantaciones dejando sin el recurso a la gente. Una historia y los relatos de sus protagonistas.
Daisy Castillo
Martes 29 de noviembre 2022 20:03 hrs.
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En 2021, Amnistía Internacional entregó una alerta sobre los riesgos y ataques a los que están expuestos los defensores y defensoras medioambientales, principalmente en América, considerada la región más peligrosa para quienes están en la primera línea luchando por la protección de la tierra, el territorio y el medioambiente. Chile dentro de ese contexto no es la excepción.
Precisamente, Amnistía Internacional también dio señales de alerta por la integridad de las mujeres que forman parte del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima.
En marzo de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Modatima, presentaron las conclusiones de la actualización del Informe de la Misión de Observación en la Provincia de Petorca. El documento fue fruto del trabajo en terreno y del monitoreo desarrollado durante 2017 y 2018 para actualizar el diagnóstico de la sequía en la zona y asegurarse de que se priorice el consumo humano.
En dicho reporte, el INDH constató que la escasez hídrica no sólo se debía a la falta de precipitaciones y sequía en la zona, sino que también al cambio de uso de suelos que generó la agricultura, en específico, los cultivos de paltos y cítricos, sumado al otorgamiento de permisos de aprovechamiento de aguas en cuencas extinguidas como las de los ríos La Ligua y Petorca. La situación afecta el consumo humano y las necesidades de regadío de los pequeños agricultores de la zona.
Esto último -señaló el INDH- compromete las economías locales y las formas de vida de los habitantes de la zona, afectando con ello su derecho a una alimentación adecuada.
Otro de los resultados de la visita del INDH a la zona de Petorca, arrojó también que el derecho humano de acceso al agua, en condiciones de igualdad y no discriminación se encontraba bajo amenaza, dado que las poblaciones rurales estaban siendo abastecidas por camiones aljibes y, respecto de la calidad del agua para consumo humano, según reportes técnicos complementarios, se detectó la presencia de elementos nocivos, afectándose el derecho a la salud de las personas.
Desde el informe del INDH y sus resultados, lo cierto es que la situación en Petorca sigue siendo compleja, al igual que el panorama que enfrentan las denunciantes de la comunidad que públicamente han evidenciado la gravedad del daño medioambiental que les afecta.
Modatima: mujeres bajo amenaza
Verónica Vilches es campesina y fue presidenta del sistema de abastecimiento de agua potable rural (APR) de San José de Cabildo, que permite abastecer de este vital recurso a más de mil personas de su comunidad.
Vilches ha relatado a Amnistía Internacional que ha sido víctima de vigilancia y acoso. Por ejemplo, que “en 2017, seis funcionarios de la PDI llegaron a la planta de abastecimiento de agua sin ningún documento. Me insistieron mucho que hiciera funcionar el pozo y en cada momento tocaban sus armas, parecía que me querían confundir y atemorizar. Más tarde me dijeron que yo, desde ese momento, pasaba a ser imputada por sustraer agua para la comunidad de San José y me hicieron firmar unos papeles”.
Verónica Vilches ha debido enfrentar amenazas e incluso el intento de un atropello. “Son vehículos con vidrios polarizados y sin patente”, relata.
Sin embargo, según las averiguaciones que hizo Amnistía Internacional en la Fiscalía Nacional, no existe registro de que se haya abierto nunca una causa en contra de Verónica Vilches.
Para esta mujer, se ha transformado en hecho usual que furgonetas y jeep se estacionen frente a su casa o en la sede de la APR a gritarle improperios. “Son vehículos con vidrios polarizados y sin patente. Incluso en 2019, cuando me dirigía a la planta de APR con otra operadora por la ruta 35, un jeep plateado casi nos atropelló” asegura Verónica Vilches.
Agregó que “han sido tiempos duros, difíciles, complejos. Para el Estado, nosotros somos un problema por denunciar las violaciones al derecho al agua. Para el Estado, somos un problema, porque al pueblo no le entregan lo que nosotros necesitamos, porque nosotros teníamos agua y todo se ha convertido en un poder capitalista donde no hay conciencia de que las personas tengan acceso al agua, de exponernos a la pobreza, a sufrir depresión ante todo lo que ocurre. Nosotros, luchamos por tener agua, por visibilizar el tema y somos castigados”.
Lorena Donaire,es madre, profesora y defensora de la tierra desde el 2010. Actualmente, vive en La Ligua y es vocera nacional de Mujeres Modatima.
La docente relató a Amnistía Internacional que, en varias oportunidades, ha sido perseguida por furgonetas o jeeps con vidrios polarizados y sin patente. También contó que ha tenido una furgoneta con esas mismas características apostada frente a su casa y que, en ocasiones, ha detectado drones sobre su patio.
Donaire señaló que “lo que vivimos en Petorca es una situación que se da a nivel latinoamericano que se ha acrecentado en este último período. Post estallido social y durante la pandemia, vimos muchos casos que están totalmente invisibilizados en Chile. Es importante el apoyo que brindan organizaciones como Amnistía Internacional, porque en Chile no existen mecanismos de reparación, tampoco mecanismos de protección. No hay un trato especial a los defensores de derechos humanos ambientales”.
La profesora Lorena Donaire explica que los amedrentamientos se dan a nivel latinoamericano contra defensores del medioambiente.
Agregó que en Chile se enfrenta un camino bastante largo, porque “si bien, se ratificó (el Tratado de) Escazú, debiéramos tener un camino trazado para poder proteger a quienes defienden los derechos humanos ambientales, como el agua, el derecho a la vida, en realidad, que son derechos tan fundamentales que atraviesan todos los otros derechos humanos. Creemos que, en definitiva, no teniendo en este minuto estos mecanismos de protección, nos vemos completamente aislados y aisladas, y solos y solas, en nuestros territorios, indefensos e indefensas, porque, lamentablemente, el trato que existe desde que tú haces la denuncia frente a una institución como Carabineros o Investigaciones de Chile, ya comienza a cerrarse la primera puerta”.
Lorena Donaire explica que una vez que los antecedentes de las denuncias llegan a manos del Ministerio Público, “nosotros, prácticamente, tenemos que dar todos los antecedentes y no hay investigaciones que se condigan con la situación de vulneración que viven los defensores. Se toman como casos comunes, como casos habituales, por lo tanto, normalmente, se terminan cerrando”.
La denunciante plantea que, a pesar de este complejo panorama, tuvieron una reunión que califica de “exitosa”, con la fiscal regional de Valparaíso, en torno a la campaña que levanta Amnistía Internacional.
“Tuvimos la reunión el 24 de noviembre. Antes no habíamos tenido respuesta por parte de la fiscalía local de la Provincia de Petorca, ni de la fiscalía regional. Hoy día, nos encontramos en un escenario totalmente distinto, se dispuso un mecanismo para que nosotros podamos hacer las denuncias rápidamente y también entregamos las firmas que se lograron reunir, a nivel internacional y nacional, para defender la vida de las defensoras del agua”.
Lorena Donaire plantea que con esa red que se formó, comenzaron a trabajar -contando en esta causa con el apoyo de Amnistía Internacional- y “se levanta una ley para proteger, mucho antes de la ratificación de Escazú, a los defensores ambientales, pero luego comenzaron a llegar muchas otras instituciones de defensa de los derechos humanos que también nos decían que necesitan ser defendidos. En definitiva, es una ley que protege a los defensores de derechos humanos”.
Esa ley, se presentó en noviembre de 2021 -junto al senador, Juan Ignacio Latorre- y el documento queda a discusión de la Comisión de Derechos Humanos, pero sin carácter de urgencia. “Hoy el gobierno de Gabriel Boric se compromete a que esta ley se le dé suma urgencia, pero, además, hacerle indicaciones que sean acorde a la situación que estamos viviendo y que sea acorde a la instalación del Tratado de Escazú”, comenta Donaire.
El rol de Amnistía Internacional Chile
Rodrigo Bustos, director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, afirmó que “la escasez hídrica en la zona de Petorca tiene consecuencias en la salud y calidad de vida de las comunidades que habitan esta zona. Hay que considerar que el derecho al agua es un derecho humano, reconocido en el derecho internacional y respecto del cual el Estado de Chile tiene diversas obligaciones”.
Bustos indicó, además, que “en el contexto de la escasez hídrica que existe en la zona de Petorca, la labor de las defensoras del territorio, del medioambiente y la defensa del derecho al agua, es fundamental para esas comunidades”.
Añadió que “desde Amnistía Internacional, hemos trabajado, respecto de la protección que requieren las mujeres que defienden el derecho al agua y al medioambiente en el país y, entre ellas, las que se encuentran en la zona de Petorca. Ellas han recibo amenazas y ataques de distinto tipo y en ese sentido, hemos realizado una campaña para recolectar firmas y también hemos sostenido reuniones con distintas autoridades para que este tipo de hechos sean investigados y ellas sean protegidas”.
Para el director del organismo y las dirigentas, resulta fundamental terminar con el extractivismo que coloca en serio riesgo el uso del agua para el consumo de la población, además de poner en alerta a las instituciones estatales para detener las amenazas contra estas mujeres que han enfrentado a grandes poderes que se benefician de las regalías que hasta hoy mantiene la ley a favor de la explotación de los recursos naturales.
Hay que señalar que, en el marco del Día Internacional de las defensoras de derechos humanos y dado que sigue habiendo casos de hostigamiento hacia defensoras medioambientales en la Provincia de Petorca, Amnistía Internacional se reunió con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. En el encuentro, al que asistieron también algunas defensoras, la organización reiteró la gravedad de los hechos, evidenció las recurrentes barreras a las que se enfrentan estas mujeres para denunciar los delitos de los que son víctimas y advirtió que incluso cuando ingresan las denuncias muchas veces las investigaciones no se llevan a cabo.
“Los compromisos adquiridos por la fiscal Claudia Perivancich son muy necesarios para la seguridad y protección de las defensoras y esperamos que se cumplan a cabalidad. Salvaguardar la vida de quienes defienden el medio ambiente debe ser una prioridad, así lo venimos solicitando desde hace años como organización y lo reiteramos nuevamente más aún ahora que Chile ha firmado el Acuerdo de Escazú, una de las herramientas ambientales más importantes de la región para evitar amenazas y asesinatos de defensores/as de derechos ambientales”, expresó Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
En 2021, Amnistía Internacional entregó una alerta sobre los riesgos y ataques a los que están expuestos los defensores y defensoras medioambientales, principalmente en América, considerada la región más peligrosa para quienes están en la primera línea luchando por la protección de la tierra, el territorio y el medioambiente. Chile dentro de ese contexto no es la excepción.
Precisamente, Amnistía Internacional también dio señales de alerta por la integridad de las mujeres que forman parte del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima.
En marzo de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Modatima, presentaron las conclusiones de la actualización del Informe de la Misión de Observación en la Provincia de Petorca. El documento fue fruto del trabajo en terreno y del monitoreo desarrollado durante 2017 y 2018 para actualizar el diagnóstico de la sequía en la zona y asegurarse de que se priorice el consumo humano.
En dicho reporte, el INDH constató que la escasez hídrica no sólo se debía a la falta de precipitaciones y sequía en la zona, sino que también al cambio de uso de suelos que generó la agricultura, en específico, los cultivos de paltos y cítricos, sumado al otorgamiento de permisos de aprovechamiento de aguas en cuencas extinguidas como las de los ríos La Ligua y Petorca. La situación afecta el consumo humano y las necesidades de regadío de los pequeños agricultores de la zona.
Esto último -señaló el INDH- compromete las economías locales y las formas de vida de los habitantes de la zona, afectando con ello su derecho a una alimentación adecuada.
Otro de los resultados de la visita del INDH a la zona de Petorca, arrojó también que el derecho humano de acceso al agua, en condiciones de igualdad y no discriminación se encontraba bajo amenaza, dado que las poblaciones rurales estaban siendo abastecidas por camiones aljibes y, respecto de la calidad del agua para consumo humano, según reportes técnicos complementarios, se detectó la presencia de elementos nocivos, afectándose el derecho a la salud de las personas.
Desde el informe del INDH y sus resultados, lo cierto es que la situación en Petorca sigue siendo compleja, al igual que el panorama que enfrentan las denunciantes de la comunidad que públicamente han evidenciado la gravedad del daño medioambiental que les afecta.
Modatima: mujeres bajo amenaza
Verónica Vilches es campesina y fue presidenta del sistema de abastecimiento de agua potable rural (APR) de San José de Cabildo, que permite abastecer de este vital recurso a más de mil personas de su comunidad.
Vilches ha relatado a Amnistía Internacional que ha sido víctima de vigilancia y acoso. Por ejemplo, que “en 2017, seis funcionarios de la PDI llegaron a la planta de abastecimiento de agua sin ningún documento. Me insistieron mucho que hiciera funcionar el pozo y en cada momento tocaban sus armas, parecía que me querían confundir y atemorizar. Más tarde me dijeron que yo, desde ese momento, pasaba a ser imputada por sustraer agua para la comunidad de San José y me hicieron firmar unos papeles”.
Verónica Vilches ha debido enfrentar amenazas e incluso el intento de un atropello. “Son vehículos con vidrios polarizados y sin patente”, relata.
Sin embargo, según las averiguaciones que hizo Amnistía Internacional en la Fiscalía Nacional, no existe registro de que se haya abierto nunca una causa en contra de Verónica Vilches.
Para esta mujer, se ha transformado en hecho usual que furgonetas y jeep se estacionen frente a su casa o en la sede de la APR a gritarle improperios. “Son vehículos con vidrios polarizados y sin patente. Incluso en 2019, cuando me dirigía a la planta de APR con otra operadora por la ruta 35, un jeep plateado casi nos atropelló” asegura Verónica Vilches.
Agregó que “han sido tiempos duros, difíciles, complejos. Para el Estado, nosotros somos un problema por denunciar las violaciones al derecho al agua. Para el Estado, somos un problema, porque al pueblo no le entregan lo que nosotros necesitamos, porque nosotros teníamos agua y todo se ha convertido en un poder capitalista donde no hay conciencia de que las personas tengan acceso al agua, de exponernos a la pobreza, a sufrir depresión ante todo lo que ocurre. Nosotros, luchamos por tener agua, por visibilizar el tema y somos castigados”.
Lorena Donaire,es madre, profesora y defensora de la tierra desde el 2010. Actualmente, vive en La Ligua y es vocera nacional de Mujeres Modatima.
La docente relató a Amnistía Internacional que, en varias oportunidades, ha sido perseguida por furgonetas o jeeps con vidrios polarizados y sin patente. También contó que ha tenido una furgoneta con esas mismas características apostada frente a su casa y que, en ocasiones, ha detectado drones sobre su patio.
Donaire señaló que “lo que vivimos en Petorca es una situación que se da a nivel latinoamericano que se ha acrecentado en este último período. Post estallido social y durante la pandemia, vimos muchos casos que están totalmente invisibilizados en Chile. Es importante el apoyo que brindan organizaciones como Amnistía Internacional, porque en Chile no existen mecanismos de reparación, tampoco mecanismos de protección. No hay un trato especial a los defensores de derechos humanos ambientales”.
La profesora Lorena Donaire explica que los amedrentamientos se dan a nivel latinoamericano contra defensores del medioambiente.
Agregó que en Chile se enfrenta un camino bastante largo, porque “si bien, se ratificó (el Tratado de) Escazú, debiéramos tener un camino trazado para poder proteger a quienes defienden los derechos humanos ambientales, como el agua, el derecho a la vida, en realidad, que son derechos tan fundamentales que atraviesan todos los otros derechos humanos. Creemos que, en definitiva, no teniendo en este minuto estos mecanismos de protección, nos vemos completamente aislados y aisladas, y solos y solas, en nuestros territorios, indefensos e indefensas, porque, lamentablemente, el trato que existe desde que tú haces la denuncia frente a una institución como Carabineros o Investigaciones de Chile, ya comienza a cerrarse la primera puerta”.
Lorena Donaire explica que una vez que los antecedentes de las denuncias llegan a manos del Ministerio Público, “nosotros, prácticamente, tenemos que dar todos los antecedentes y no hay investigaciones que se condigan con la situación de vulneración que viven los defensores. Se toman como casos comunes, como casos habituales, por lo tanto, normalmente, se terminan cerrando”.
La denunciante plantea que, a pesar de este complejo panorama, tuvieron una reunión que califica de “exitosa”, con la fiscal regional de Valparaíso, en torno a la campaña que levanta Amnistía Internacional.
“Tuvimos la reunión el 24 de noviembre. Antes no habíamos tenido respuesta por parte de la fiscalía local de la Provincia de Petorca, ni de la fiscalía regional. Hoy día, nos encontramos en un escenario totalmente distinto, se dispuso un mecanismo para que nosotros podamos hacer las denuncias rápidamente y también entregamos las firmas que se lograron reunir, a nivel internacional y nacional, para defender la vida de las defensoras del agua”.
Lorena Donaire plantea que con esa red que se formó, comenzaron a trabajar -contando en esta causa con el apoyo de Amnistía Internacional- y “se levanta una ley para proteger, mucho antes de la ratificación de Escazú, a los defensores ambientales, pero luego comenzaron a llegar muchas otras instituciones de defensa de los derechos humanos que también nos decían que necesitan ser defendidos. En definitiva, es una ley que protege a los defensores de derechos humanos”.
Esa ley, se presentó en noviembre de 2021 -junto al senador, Juan Ignacio Latorre- y el documento queda a discusión de la Comisión de Derechos Humanos, pero sin carácter de urgencia. “Hoy el gobierno de Gabriel Boric se compromete a que esta ley se le dé suma urgencia, pero, además, hacerle indicaciones que sean acorde a la situación que estamos viviendo y que sea acorde a la instalación del Tratado de Escazú”, comenta Donaire.
El rol de Amnistía Internacional Chile
Rodrigo Bustos, director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, afirmó que “la escasez hídrica en la zona de Petorca tiene consecuencias en la salud y calidad de vida de las comunidades que habitan esta zona. Hay que considerar que el derecho al agua es un derecho humano, reconocido en el derecho internacional y respecto del cual el Estado de Chile tiene diversas obligaciones”.
Bustos indicó, además, que “en el contexto de la escasez hídrica que existe en la zona de Petorca, la labor de las defensoras del territorio, del medioambiente y la defensa del derecho al agua, es fundamental para esas comunidades”.
Añadió que “desde Amnistía Internacional, hemos trabajado, respecto de la protección que requieren las mujeres que defienden el derecho al agua y al medioambiente en el país y, entre ellas, las que se encuentran en la zona de Petorca. Ellas han recibo amenazas y ataques de distinto tipo y en ese sentido, hemos realizado una campaña para recolectar firmas y también hemos sostenido reuniones con distintas autoridades para que este tipo de hechos sean investigados y ellas sean protegidas”.
Para el director del organismo y las dirigentas, resulta fundamental terminar con el extractivismo que coloca en serio riesgo el uso del agua para el consumo de la población, además de poner en alerta a las instituciones estatales para detener las amenazas contra estas mujeres que han enfrentado a grandes poderes que se benefician de las regalías que hasta hoy mantiene la ley a favor de la explotación de los recursos naturales.
Hay que señalar que, en el marco del Día Internacional de las defensoras de derechos humanos y dado que sigue habiendo casos de hostigamiento hacia defensoras medioambientales en la Provincia de Petorca, Amnistía Internacional se reunió con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. En el encuentro, al que asistieron también algunas defensoras, la organización reiteró la gravedad de los hechos, evidenció las recurrentes barreras a las que se enfrentan estas mujeres para denunciar los delitos de los que son víctimas y advirtió que incluso cuando ingresan las denuncias muchas veces las investigaciones no se llevan a cabo.
“Los compromisos adquiridos por la fiscal Claudia Perivancich son muy necesarios para la seguridad y protección de las defensoras y esperamos que se cumplan a cabalidad. Salvaguardar la vida de quienes defienden el medio ambiente debe ser una prioridad, así lo venimos solicitando desde hace años como organización y lo reiteramos nuevamente más aún ahora que Chile ha firmado el Acuerdo de Escazú, una de las herramientas ambientales más importantes de la región para evitar amenazas y asesinatos de defensores/as de derechos ambientales”, expresó Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
En 2021, Amnistía Internacional entregó una alerta sobre los riesgos y ataques a los que están expuestos los defensores y defensoras medioambientales, principalmente en América, considerada la región más peligrosa para quienes están en la primera línea luchando por la protección de la tierra, el territorio y el medioambiente. Chile dentro de ese contexto no es la excepción.
Precisamente, Amnistía Internacional también dio señales de alerta por la integridad de las mujeres que forman parte del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima.
En marzo de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Modatima, presentaron las conclusiones de la actualización del Informe de la Misión de Observación en la Provincia de Petorca. El documento fue fruto del trabajo en terreno y del monitoreo desarrollado durante 2017 y 2018 para actualizar el diagnóstico de la sequía en la zona y asegurarse de que se priorice el consumo humano.
En dicho reporte, el INDH constató que la escasez hídrica no sólo se debía a la falta de precipitaciones y sequía en la zona, sino que también al cambio de uso de suelos que generó la agricultura, en específico, los cultivos de paltos y cítricos, sumado al otorgamiento de permisos de aprovechamiento de aguas en cuencas extinguidas como las de los ríos La Ligua y Petorca. La situación afecta el consumo humano y las necesidades de regadío de los pequeños agricultores de la zona.
Esto último -señaló el INDH- compromete las economías locales y las formas de vida de los habitantes de la zona, afectando con ello su derecho a una alimentación adecuada.
Otro de los resultados de la visita del INDH a la zona de Petorca, arrojó también que el derecho humano de acceso al agua, en condiciones de igualdad y no discriminación se encontraba bajo amenaza, dado que las poblaciones rurales estaban siendo abastecidas por camiones aljibes y, respecto de la calidad del agua para consumo humano, según reportes técnicos complementarios, se detectó la presencia de elementos nocivos, afectándose el derecho a la salud de las personas.
Desde el informe del INDH y sus resultados, lo cierto es que la situación en Petorca sigue siendo compleja, al igual que el panorama que enfrentan las denunciantes de la comunidad que públicamente han evidenciado la gravedad del daño medioambiental que les afecta.
Modatima: mujeres bajo amenaza
Verónica Vilches es campesina y fue presidenta del sistema de abastecimiento de agua potable rural (APR) de San José de Cabildo, que permite abastecer de este vital recurso a más de mil personas de su comunidad.
Vilches ha relatado a Amnistía Internacional que ha sido víctima de vigilancia y acoso. Por ejemplo, que “en 2017, seis funcionarios de la PDI llegaron a la planta de abastecimiento de agua sin ningún documento. Me insistieron mucho que hiciera funcionar el pozo y en cada momento tocaban sus armas, parecía que me querían confundir y atemorizar. Más tarde me dijeron que yo, desde ese momento, pasaba a ser imputada por sustraer agua para la comunidad de San José y me hicieron firmar unos papeles”.
Verónica Vilches ha debido enfrentar amenazas e incluso el intento de un atropello. “Son vehículos con vidrios polarizados y sin patente”, relata.
Sin embargo, según las averiguaciones que hizo Amnistía Internacional en la Fiscalía Nacional, no existe registro de que se haya abierto nunca una causa en contra de Verónica Vilches.
Para esta mujer, se ha transformado en hecho usual que furgonetas y jeep se estacionen frente a su casa o en la sede de la APR a gritarle improperios. “Son vehículos con vidrios polarizados y sin patente. Incluso en 2019, cuando me dirigía a la planta de APR con otra operadora por la ruta 35, un jeep plateado casi nos atropelló” asegura Verónica Vilches.
Agregó que “han sido tiempos duros, difíciles, complejos. Para el Estado, nosotros somos un problema por denunciar las violaciones al derecho al agua. Para el Estado, somos un problema, porque al pueblo no le entregan lo que nosotros necesitamos, porque nosotros teníamos agua y todo se ha convertido en un poder capitalista donde no hay conciencia de que las personas tengan acceso al agua, de exponernos a la pobreza, a sufrir depresión ante todo lo que ocurre. Nosotros, luchamos por tener agua, por visibilizar el tema y somos castigados”.
Lorena Donaire,es madre, profesora y defensora de la tierra desde el 2010. Actualmente, vive en La Ligua y es vocera nacional de Mujeres Modatima.
La docente relató a Amnistía Internacional que, en varias oportunidades, ha sido perseguida por furgonetas o jeeps con vidrios polarizados y sin patente. También contó que ha tenido una furgoneta con esas mismas características apostada frente a su casa y que, en ocasiones, ha detectado drones sobre su patio.
Donaire señaló que “lo que vivimos en Petorca es una situación que se da a nivel latinoamericano que se ha acrecentado en este último período. Post estallido social y durante la pandemia, vimos muchos casos que están totalmente invisibilizados en Chile. Es importante el apoyo que brindan organizaciones como Amnistía Internacional, porque en Chile no existen mecanismos de reparación, tampoco mecanismos de protección. No hay un trato especial a los defensores de derechos humanos ambientales”.
La profesora Lorena Donaire explica que los amedrentamientos se dan a nivel latinoamericano contra defensores del medioambiente.
Agregó que en Chile se enfrenta un camino bastante largo, porque “si bien, se ratificó (el Tratado de) Escazú, debiéramos tener un camino trazado para poder proteger a quienes defienden los derechos humanos ambientales, como el agua, el derecho a la vida, en realidad, que son derechos tan fundamentales que atraviesan todos los otros derechos humanos. Creemos que, en definitiva, no teniendo en este minuto estos mecanismos de protección, nos vemos completamente aislados y aisladas, y solos y solas, en nuestros territorios, indefensos e indefensas, porque, lamentablemente, el trato que existe desde que tú haces la denuncia frente a una institución como Carabineros o Investigaciones de Chile, ya comienza a cerrarse la primera puerta”.
Lorena Donaire explica que una vez que los antecedentes de las denuncias llegan a manos del Ministerio Público, “nosotros, prácticamente, tenemos que dar todos los antecedentes y no hay investigaciones que se condigan con la situación de vulneración que viven los defensores. Se toman como casos comunes, como casos habituales, por lo tanto, normalmente, se terminan cerrando”.
La denunciante plantea que, a pesar de este complejo panorama, tuvieron una reunión que califica de “exitosa”, con la fiscal regional de Valparaíso, en torno a la campaña que levanta Amnistía Internacional.
“Tuvimos la reunión el 24 de noviembre. Antes no habíamos tenido respuesta por parte de la fiscalía local de la Provincia de Petorca, ni de la fiscalía regional. Hoy día, nos encontramos en un escenario totalmente distinto, se dispuso un mecanismo para que nosotros podamos hacer las denuncias rápidamente y también entregamos las firmas que se lograron reunir, a nivel internacional y nacional, para defender la vida de las defensoras del agua”.
Lorena Donaire plantea que con esa red que se formó, comenzaron a trabajar -contando en esta causa con el apoyo de Amnistía Internacional- y “se levanta una ley para proteger, mucho antes de la ratificación de Escazú, a los defensores ambientales, pero luego comenzaron a llegar muchas otras instituciones de defensa de los derechos humanos que también nos decían que necesitan ser defendidos. En definitiva, es una ley que protege a los defensores de derechos humanos”.
Esa ley, se presentó en noviembre de 2021 -junto al senador, Juan Ignacio Latorre- y el documento queda a discusión de la Comisión de Derechos Humanos, pero sin carácter de urgencia. “Hoy el gobierno de Gabriel Boric se compromete a que esta ley se le dé suma urgencia, pero, además, hacerle indicaciones que sean acorde a la situación que estamos viviendo y que sea acorde a la instalación del Tratado de Escazú”, comenta Donaire.
El rol de Amnistía Internacional Chile
Rodrigo Bustos, director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, afirmó que “la escasez hídrica en la zona de Petorca tiene consecuencias en la salud y calidad de vida de las comunidades que habitan esta zona. Hay que considerar que el derecho al agua es un derecho humano, reconocido en el derecho internacional y respecto del cual el Estado de Chile tiene diversas obligaciones”.
Bustos indicó, además, que “en el contexto de la escasez hídrica que existe en la zona de Petorca, la labor de las defensoras del territorio, del medioambiente y la defensa del derecho al agua, es fundamental para esas comunidades”.
Añadió que “desde Amnistía Internacional, hemos trabajado, respecto de la protección que requieren las mujeres que defienden el derecho al agua y al medioambiente en el país y, entre ellas, las que se encuentran en la zona de Petorca. Ellas han recibo amenazas y ataques de distinto tipo y en ese sentido, hemos realizado una campaña para recolectar firmas y también hemos sostenido reuniones con distintas autoridades para que este tipo de hechos sean investigados y ellas sean protegidas”.
Para el director del organismo y las dirigentas, resulta fundamental terminar con el extractivismo que coloca en serio riesgo el uso del agua para el consumo de la población, además de poner en alerta a las instituciones estatales para detener las amenazas contra estas mujeres que han enfrentado a grandes poderes que se benefician de las regalías que hasta hoy mantiene la ley a favor de la explotación de los recursos naturales.
Hay que señalar que, en el marco del Día Internacional de las defensoras de derechos humanos y dado que sigue habiendo casos de hostigamiento hacia defensoras medioambientales en la Provincia de Petorca, Amnistía Internacional se reunió con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. En el encuentro, al que asistieron también algunas defensoras, la organización reiteró la gravedad de los hechos, evidenció las recurrentes barreras a las que se enfrentan estas mujeres para denunciar los delitos de los que son víctimas y advirtió que incluso cuando ingresan las denuncias muchas veces las investigaciones no se llevan a cabo.
“Los compromisos adquiridos por la fiscal Claudia Perivancich son muy necesarios para la seguridad y protección de las defensoras y esperamos que se cumplan a cabalidad. Salvaguardar la vida de quienes defienden el medio ambiente debe ser una prioridad, así lo venimos solicitando desde hace años como organización y lo reiteramos nuevamente más aún ahora que Chile ha firmado el Acuerdo de Escazú, una de las herramientas ambientales más importantes de la región para evitar amenazas y asesinatos de defensores/as de derechos ambientales”, expresó Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
