Este martes se dio a conocer el Primer Informe Anual de Política Criminal y Seguridad Pública en Chile, donde se observa una serie de nudos críticos institucionales y extra institucionales como la dificultad para medir el delito y recabar más información por parte del Estado. Todo esto en el marco de la celebración de los 20 años del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
En el informe, además de los nudos, se plantea la necesidad de una mayor articulación entre agencias del sistema penal; más y mejor medición de las políticas criminales; presión por populismo penal (o irracionalidad al momento de legislar); falta de fundamentación criminológica; infravaloración de los crímenes económicos y falta de una reforma a las policías, entre otros.
Claudio González, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, destaca que uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado ante el nuevo escenario criminal es contar con información consolidada, así como la medición y evaluación, tanto del delito como de las políticas públicas.
“Necesitamos caracterizar muy bien el tema de los homicidios. Sabemos que hay más uso de armas, que estas se distribuyen de forma desigual con concentración en zonas urbanas y en la zona norte, sabemos que ha aumentado el crimen organizado, pero no tenemos suficiente información sobre estos temas. El gran desafío es lograr medir los delitos y lograr medir el impacto de las políticas criminales en el abordaje de estos delitos”, explicó.
Agregó que en el caso del homicidio “hay problemas registrales. Sé que están trabajando en algunas instituciones, pero necesitamos velocidades, no podemos celebrar políticas públicas adecuadas si no sabemos ni siquiera medir el homicidio”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió a la necesidad de debatir sobre la seguridad con más medición y evaluar frente al actual contexto país.
“Tenemos que seguir trabajando en los datos, pero efectivamente en la sociedad, en el debate público, en el Congreso y medios de comunicación el diagnóstico es que la criminalidad ha aumentado, la violencia ha aumentando y las formas de criminalidad están mutando. El desafío es cómo conversamos con ese debate y cómo logramos ponerle más ciencia, más datos y más racionalidad sobre el debate de seguridad”, indicó.
La autoridad puntualizó que la sociedad entiende que “la cantidad de delitos y el uso de armas está en aumento, que las denuncias por violencia contra las mujeres están en aumento, con bajo nivel de resolución”.
Agregó que al interior de los recintos penitenciarios se está trabajando para “para incorporar el acuerdo por seguridad y el paquete de medidas que el gobierno está presentando en materia de seguridad de manera armónica con las políticas penitenciarias, porque eso también entendemos de manera muy fundamental que sin políticas penitenciarias y sin políticas adecuadas y reinserción no vamos a poder avanzar a disminuir los niveles de delitos y mejorar la seguridad”.
En esa línea, la ministra afirmó que en los recintos penales hay una baja significativa en las agresiones con resultado de muerte, pero hay un aumento de las denuncias por extorsión entre las personas privadas de libertad, como desde el interior hacia la sociedad.
En tanto, el Fiscal Nacional (s) Juan Agustín Meléndez expuso sobre el cambio en el contexto criminal en Chile y las dificultades en la persecución de ciertos delitos. “Se habla de que existirían mayores incidencias de participación de extranjeros en homicidios. De acuerdo a los registros que tenemos, el 90% y más de los homicidios son por nacionales. El problema que sí tenemos es la identificación de los extranjeros que ingresan a Chile. Nos cuesta mucho saber quiénes son. La dificultad a nivel internacional es altísima”, explicó.
Finalmente, Carlos Mora Jano, Defensor Nacional, planteó que existe un desafío respecto de la articulación institucional. “Tenemos que ser capaces de mejorar la comunicación entre los actores como el Ministerio Público, la Defensa, las policías”, expresó.
Este martes se dio a conocer el Primer Informe Anual de Política Criminal y Seguridad Pública en Chile, donde se observa una serie de nudos críticos institucionales y extra institucionales como la dificultad para medir el delito y recabar más información por parte del Estado. Todo esto en el marco de la celebración de los 20 años del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
En el informe, además de los nudos, se plantea la necesidad de una mayor articulación entre agencias del sistema penal; más y mejor medición de las políticas criminales; presión por populismo penal (o irracionalidad al momento de legislar); falta de fundamentación criminológica; infravaloración de los crímenes económicos y falta de una reforma a las policías, entre otros.
Claudio González, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, destaca que uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado ante el nuevo escenario criminal es contar con información consolidada, así como la medición y evaluación, tanto del delito como de las políticas públicas.
“Necesitamos caracterizar muy bien el tema de los homicidios. Sabemos que hay más uso de armas, que estas se distribuyen de forma desigual con concentración en zonas urbanas y en la zona norte, sabemos que ha aumentado el crimen organizado, pero no tenemos suficiente información sobre estos temas. El gran desafío es lograr medir los delitos y lograr medir el impacto de las políticas criminales en el abordaje de estos delitos”, explicó.
Agregó que en el caso del homicidio “hay problemas registrales. Sé que están trabajando en algunas instituciones, pero necesitamos velocidades, no podemos celebrar políticas públicas adecuadas si no sabemos ni siquiera medir el homicidio”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió a la necesidad de debatir sobre la seguridad con más medición y evaluar frente al actual contexto país.
“Tenemos que seguir trabajando en los datos, pero efectivamente en la sociedad, en el debate público, en el Congreso y medios de comunicación el diagnóstico es que la criminalidad ha aumentado, la violencia ha aumentando y las formas de criminalidad están mutando. El desafío es cómo conversamos con ese debate y cómo logramos ponerle más ciencia, más datos y más racionalidad sobre el debate de seguridad”, indicó.
La autoridad puntualizó que la sociedad entiende que “la cantidad de delitos y el uso de armas está en aumento, que las denuncias por violencia contra las mujeres están en aumento, con bajo nivel de resolución”.
Agregó que al interior de los recintos penitenciarios se está trabajando para “para incorporar el acuerdo por seguridad y el paquete de medidas que el gobierno está presentando en materia de seguridad de manera armónica con las políticas penitenciarias, porque eso también entendemos de manera muy fundamental que sin políticas penitenciarias y sin políticas adecuadas y reinserción no vamos a poder avanzar a disminuir los niveles de delitos y mejorar la seguridad”.
En esa línea, la ministra afirmó que en los recintos penales hay una baja significativa en las agresiones con resultado de muerte, pero hay un aumento de las denuncias por extorsión entre las personas privadas de libertad, como desde el interior hacia la sociedad.
En tanto, el Fiscal Nacional (s) Juan Agustín Meléndez expuso sobre el cambio en el contexto criminal en Chile y las dificultades en la persecución de ciertos delitos. “Se habla de que existirían mayores incidencias de participación de extranjeros en homicidios. De acuerdo a los registros que tenemos, el 90% y más de los homicidios son por nacionales. El problema que sí tenemos es la identificación de los extranjeros que ingresan a Chile. Nos cuesta mucho saber quiénes son. La dificultad a nivel internacional es altísima”, explicó.
Finalmente, Carlos Mora Jano, Defensor Nacional, planteó que existe un desafío respecto de la articulación institucional. “Tenemos que ser capaces de mejorar la comunicación entre los actores como el Ministerio Público, la Defensa, las policías”, expresó.
Este martes se dio a conocer el Primer Informe Anual de Política Criminal y Seguridad Pública en Chile, donde se observa una serie de nudos críticos institucionales y extra institucionales como la dificultad para medir el delito y recabar más información por parte del Estado. Todo esto en el marco de la celebración de los 20 años del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
En el informe, además de los nudos, se plantea la necesidad de una mayor articulación entre agencias del sistema penal; más y mejor medición de las políticas criminales; presión por populismo penal (o irracionalidad al momento de legislar); falta de fundamentación criminológica; infravaloración de los crímenes económicos y falta de una reforma a las policías, entre otros.
Claudio González, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, destaca que uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado ante el nuevo escenario criminal es contar con información consolidada, así como la medición y evaluación, tanto del delito como de las políticas públicas.
“Necesitamos caracterizar muy bien el tema de los homicidios. Sabemos que hay más uso de armas, que estas se distribuyen de forma desigual con concentración en zonas urbanas y en la zona norte, sabemos que ha aumentado el crimen organizado, pero no tenemos suficiente información sobre estos temas. El gran desafío es lograr medir los delitos y lograr medir el impacto de las políticas criminales en el abordaje de estos delitos”, explicó.
Agregó que en el caso del homicidio “hay problemas registrales. Sé que están trabajando en algunas instituciones, pero necesitamos velocidades, no podemos celebrar políticas públicas adecuadas si no sabemos ni siquiera medir el homicidio”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió a la necesidad de debatir sobre la seguridad con más medición y evaluar frente al actual contexto país.
“Tenemos que seguir trabajando en los datos, pero efectivamente en la sociedad, en el debate público, en el Congreso y medios de comunicación el diagnóstico es que la criminalidad ha aumentado, la violencia ha aumentando y las formas de criminalidad están mutando. El desafío es cómo conversamos con ese debate y cómo logramos ponerle más ciencia, más datos y más racionalidad sobre el debate de seguridad”, indicó.
La autoridad puntualizó que la sociedad entiende que “la cantidad de delitos y el uso de armas está en aumento, que las denuncias por violencia contra las mujeres están en aumento, con bajo nivel de resolución”.
Agregó que al interior de los recintos penitenciarios se está trabajando para “para incorporar el acuerdo por seguridad y el paquete de medidas que el gobierno está presentando en materia de seguridad de manera armónica con las políticas penitenciarias, porque eso también entendemos de manera muy fundamental que sin políticas penitenciarias y sin políticas adecuadas y reinserción no vamos a poder avanzar a disminuir los niveles de delitos y mejorar la seguridad”.
En esa línea, la ministra afirmó que en los recintos penales hay una baja significativa en las agresiones con resultado de muerte, pero hay un aumento de las denuncias por extorsión entre las personas privadas de libertad, como desde el interior hacia la sociedad.
En tanto, el Fiscal Nacional (s) Juan Agustín Meléndez expuso sobre el cambio en el contexto criminal en Chile y las dificultades en la persecución de ciertos delitos. “Se habla de que existirían mayores incidencias de participación de extranjeros en homicidios. De acuerdo a los registros que tenemos, el 90% y más de los homicidios son por nacionales. El problema que sí tenemos es la identificación de los extranjeros que ingresan a Chile. Nos cuesta mucho saber quiénes son. La dificultad a nivel internacional es altísima”, explicó.
Finalmente, Carlos Mora Jano, Defensor Nacional, planteó que existe un desafío respecto de la articulación institucional. “Tenemos que ser capaces de mejorar la comunicación entre los actores como el Ministerio Público, la Defensa, las policías”, expresó.
