Con un tira y afloja que se extendió más de tres meses, finalmente la noche del lunes los partidos políticos suscribieron el denominado “Acuerdo por Chile” para habilitar un segundo proceso constituyente, el cual contará con un Consejo Constitucional de 50 personas electas democráticamente y una Comisión Experta de 24 miembros designados por el Congreso Nacional para elaborar una nueva constitución.

Dicho acuerdo se logró luego de una semana de tratativas infructuosas que llevaron a pensar, incluso, en el quiebre de la mesa negociadora al no poder fijar una postura común sobre el mecanismo con que se redactaría el texto constitucional, pero que, contra todo pronóstico, las fuerzas dejaron atrás en una extensa jornada de más de 13 horas.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la doctora en Ciencia Política y profesora de la Facultad de Gobierno de la casa de estudios, Claudia Heiss, abordó los alcances del acuerdo y señaló que el hecho de que la derecha se haya allanado a cumplir esa palabra empeñada por una nueva constitución, pese a las dudas iniciales de distintos sectores. “Es positivo y avanza de manera modesta en la democratización de un sistema político que está al debe con las garantías democráticas de que la participación electoral de la gente se pueda traducir en decisiones políticas y en políticas públicas”, estimó.

En ese sentido, la académica sostuvo que “hemos vivido todos estos años desde el retorno de la democracia en un sistema tremendamente amarrado, tremendamente restrictivo de lo que se puede hacer con las reglas heredadas de una constitución escrita por una comisión designada a dedo por un dictador y yo creo que este acuerdo contribuye a superar esa situación”.

Asimismo, comentó que, pese a que la incidencia de los expertos designados pudiese terminar inclinada más favorablemente hacia la oposición, “su trabajo es mucho más restringido”, debido a que, de todas maneras, su propuesta de anteproyecto deberá ser evaluada por el Consejo Constitucional. “Esta Comisión Experta va a tener más facilidad para ponerse de acuerdo por su carácter, seguramente, y creo que es medianamente factible que en seis meses el órgano electo pueda tramitar la propuesta de la comisión”, agregó.

Sin embargo, reparó en que “nada de esto considera ninguna instancia de participación ciudadana”, lo que supone para Heiss “un problema de legitimidad democrática no solo por las restricciones o por el rol de los expertos, sino también porque la propuesta no contempla ninguna instancia de participación. Creo que sería importante tener algún funcionamiento paralelo de espacios de participación que, si bien no serían vinculantes, por lo menos puedan actuar como un reflejo de la opinión ciudadana respecto a lo que se está discutiendo en el órgano electo para ver si coincide con lo que están resolviendo”.

Santiago, 12 de diciembre de 2022. Firma y acuerdo de nuevo proceso constituyente por parte del senado que consigna 54 delegados elegidos democráticamente y 24 expertos. Juan Eduardo López/Aton Chile

Este último punto también fue compartido por la abogada y académica de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, quien planteó que “aquí no se parte de cero, hay mucha participación ciudadana que se hizo el 2016 y para la Convención y, en el fondo, la ciudanía está esperando a ver qué pasa con eso. Creo que hay que rescatarla, devolverla, mostrar qué es lo que pasó con esa participación y se considere en estas etapas nuevas que se abren, que no quede en nada lo que se ha hecho en el pasado”.

No obstante, consideró que “lo que no nos puede volver a pasar es que nos sobrepase la participación ciudadana o que camine en forma paralela a las instancias de toma de decisiones y para eso tiene que haber mucha consciencia por parte de quienes lideran los mecanismos de diseñar cómo se va a hacer la participación ahora”.

Con todo, Escudero valoró el consenso alcanzado por los partidos y destacó el “equilibrio” de fuerzas que contempla el mecanismo de elaboración del texto constitucional. “Hay que ir viendo cómo va a ir decantando el acuerdo en términos de los detalles, pero en su sentido general creo que despeja un elemento que estaba siendo muy complejo para poder abrir el camino a una nueva constitución”, afirmó.

Por su parte, el sociólogo Octavio Avendaño matizó este planteamiento y expresó que dado el plazo acotado con que funcionará el Consejo Constitucional, probablemente se abran algunas instancias consultivas para la sociedad civil; sin embargo, planteó que “hay que tomar en cuenta que, a diferencia de 2016, que en el proceso constituyente que se inició el 2021 hubo una fase de participación que no logró ser procesada, incluso, todas las iniciativas populares de norma tendieron a contrariar lo que finalmente aparecía en los contenidos de la nueva constitución, por ejemplo, mantener el carácter bicameral del Congreso o argumentos relacionados con los fondos previsionales. Entonces, esa participación finalmente no fue vinculante”.

Para Avendaño “el problema no es cuáles son las demandas que son acogidas, es a partir de la representación que va a tener el nuevo órgano electo, cuál de esas demandas o cuál de los intereses se van a ver reflejados en los contenidos de la nueva constitución, eso es lo que está en juego más que cómo se procesa la información o los datos o cuán participativo es el proceso finalmente”.

“Ya hay insumos suficientes como para poder decir estos son los temas que le convienen a la población o estos son los temas que determinados sectores van a estar dispuestos a defender y para que aparezcan en la nueva constitución”, señaló.