Organizaciones de derechos humanos de nuestro país y de colectivos de migrantes de Perú entregaron este lunes una carta en la embajada de ese país, en la que llaman al Estado peruano “a levantar este estado de emergencia y ordenar a las Fuerzas de Seguridad poner el alto a la represión”.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el Comité Oscar Romero, SICSAL–Chile, la Comunidad Ecuménica Martin Luther King, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile, la Corporación 3 y 4 Álamos y Un Parque por la Paz y la Memoria, llegaron hasta la sede diplomática donde entregaron la misiva, condenando la violenta represión que se desató desde que el Congreso destituyó al presidente, Pedro Castillo.
Hasta el momento son al menos 27 personas asesinadas en el marco de las protestas callejeras contra el régimen que encabeza la presidenta designada, Dina Boluarte, que exigen la convocatoria de elecciones generales y una nueva Constitución.
La grave situación política y social ha generado mucha preocupación en la numerosa población migrante en nuestro país y en las organizaciones de DDHH. Por ello, en la carta señalan que el estado de emergencia a nivel nacional, por un plazo de 30 días, “implica la suspensión de derechos constitucionales; entre otros, se ha suspendido el derecho a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, y la libertad de reunión”.
Agrega que con esto “el Estado peruano limita el derecho a la protesta social, cuya protección es un derecho humano esencial estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la libertad de expresión es una herramienta histórica para el reclamo de derechos y demandas sociales”.
“Llamamos al Estado peruano a levantar este estado de emergencia y ordenar a las Fuerzas de Seguridad a poner el alto a la represión” expresan en la misiva.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, afirmó que es preocupante la situación que se vive en ese país, por lo que es necesaria “la pronta restauración de la normalidad política, el respeto a los derechos individuales y a la vida, y para ello, exigimos el fin del estado de emergencia en el territorio peruano, que pone en riesgo la vida de las y los peruanos”.
La dirigenta afirmó que tal como dice la carta “nos preocupa cómo se está enfrentando una situación que ha movilizado a miles de ciudadanos en todo el país. Por ello, llamamos al Estado peruano a buscar caminos de diálogo y atender las demandas de su población”.
Amnistía Internacional
En tanto, la organización humanitaria Amnistía Internacional lamentó la muerte de al menos 27 personas en Perú y demandó el cese inmediato de la violencia estatal y se establezcan las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos.
En una declaración pública, AI indicó que en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín y La Libertad ha sido el escenario de protestas sociales, y advirtió que “la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis”.
“Desde la declaratoria del estado emergencia a nivel nacional, el 15 de diciembre, Amnistía Internacional ha continuado recibiendo numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura”, señaló la organización.
“Ante la evidencia del impacto negativo de la respuesta militarizada a la actual crisis en el Perú, demandamos el retiro de las fuerzas militares del control de protestas, mientras no se pueda asegurar que quedarán sometidas al mando civil y que actuarán dentro de un marco de derechos humanos sin hacer uso ilegítimo de la fuerza y de armas letales. Exigimos el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza por parte de todas las fuerzas estatales, y la búsqueda de una salida urgente, a través del diálogo, que detenga la escalada de violencia y prevenga la muerte de más personas”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización recordó que “bajo el derecho internacional, las fuerzas militares que son destinadas a desarrollar actividades de mantenimiento del orden público y aplicación de la ley se encuentran obligadas por los mismos estándares que las fuerzas policiales. Esto incluye, por ejemplo, respetar las normas y regulaciones sobre uso de la fuerza”.
“Las autoridades le están dando la espalda a la ciudadanía y están enviando a las fuerzas del orden a resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo. La seguridad de la población no se puede garantizar vulnerando derechos humanos”, dijo por su parte Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que junto a otras embajadas, están organizando un vuelo chárter de Cusco a Lima, para evacuar a chilenos que permanecen en la ciudad y cuyas aerolíneas no pudieron reprogramar sus vuelos durante el pasado fin de semana.