Familiares de presos de la Coordinadora Arauco Malleco llegaron a la Corte Suprema a exigir el cambio de las medidas de prisión preventiva que enfrentan en diferentes penales en el sur del país mientras protagonizan una huelga de hambre que ya cumple 25 días.

El abogado Alberto Espinoza explicó que se reunieron con la fiscal del máximo tribunal a quien expusieron las dificultades que enfrentan los comuneros investigados por diferentes hechos.

El jurista precisó que “pedimos que los comuneros que pertenecen a la CAM y que son presos políticos actualmente y que están desarrollando una huelga de hambre, sean trasladados y que sean sujetos a un régimen carcelario que sea congruente con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente del Convenio 169 de la OIT”.

Espinoza agregó que hoy los detenidos están “en cárceles concesionadas y bajo esa excusa ellos se permiten actuar con absoluta arbitrariedad”.

El abogado precisó que la fiscal cuenta con las facultades para solicitar se le informe sobre las condiciones penitenciarias en las que están los comuneros “y los abusos que se cometen adentro de las cárceles, tanto también como los abusos que se puedan cometer el Ministerio Público en el desarrollo de las investigaciones”.

Las críticas de Espinoza al trabajo de la fiscalía son por dilatar las investigaciones y así extender la prisión preventiva de los comuneros mapuche investigados.

Por su parte, la madre de Esteban Delgado, Agustina Reinao, acusó que desde Gendarmería les han impedido el ingreso de alimentos y bebidas típicas, lo que constituye una transgresión del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios.

La mujer sostuvo que “les quitaron la visita, porque les habían ampliado la visita en una hora más y ahora se las quitaron. Queremos pedirle al Gobierno que vaya a visitar a los presos para que sepa cómo lo están pasando”.

En tanto, Pamela Pezoa, madre de Pelantaro Llaitul y pareja del vocero de la CAM, Héctor Llaitul, acusó que el tribunal de garantía de Lautaro ordenó el traslado de su hijo y otros comuneros a la cárcel de Valdivia, generando una clara dificultad para visitarlos en el recinto penal distante a dos horas y media en vehículo.

“El tribunal de garantía de Lautaro se basó en un informe tergiversado que realizó Gendarmería respecto de que no había posibilidades de ingreso al centro penitenciario de Temuco puesto que en el módulo de comuneros mapuche no había espacio”, indicó.

Según Pezoa, esto “contradice el informe que en ese momento presentó la defensa del INDH que señalaba que sí existían las condiciones para ser trasladados a Temuco. Sin embargo arbitrariamente fueron trasladados a Valdivia”.

Pezoa aprovechó de criticar la extensión del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, precisando que no se entiende que durante el gobierno de Sebastián Piñera fuera rechazado por quienes hoy son las autoridades del Ejecutivo.

“A nuestros familiares cuando fueron detenidos dentro de un predio que estaba en recuperación por diferentes comunidades mapuche, se realizó una operación donde no estaban solamente carabineros, sino que también militares e inclusive la Fuerza Aérea. La militarización en el sur del país no está permitiendo que las comunidades desarrollen su vida como corresponde”, puntualizó.

Los familiares junto al abogado Espinoza entregaron un escrito dirigido al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para que ordene una investigación de lo que a juicio de los cercanos a los presos mapuche son tratos inhumanos y degradantes, lo que constituyen delitos que deben ser indagados por la justicia.