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Año XVI, 19 de junio de 2024


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Abogada Karinna Fernández renuncia al proceso de postulación para Fiscal Nacional con fuertes críticas al sistema político

La renuncia añadió otro ingrediente al proceso marcado por denuncias de contubernios políticos y acusaciones contra el nombre preferido por los senadores. En tanto, el movimiento feminista pidió al Gobierno que descarte a Ángel Valencia.

Osciel Moya Plaza

  Jueves 22 de diciembre 2022 16:59 hrs. 
Santiago, 1 de agosto, 2018
El director de Cooperacion Internacional de la Fiscalia Nacional, Antonio Segovia, da punto de prensa sobre envio de requerimientos al Vaticano. 
Christian Iglesias./Aton ChileSantiago, 1 de agosto, 2018 El director de Cooperacion Internacional de la Fiscalia Nacional, Antonio Segovia, da punto de prensa sobre envio de requerimientos al Vaticano. Christian Iglesias./Aton Chile

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Pasan los días y la nominación de un o una fiscal para encabezar el Ministerio Público se hace más compleja a la luz de los antecedentes ventilados por la fiscal Marta Herrera que salpicó no solo a políticos de la oposición, sino al posible “mejor nombre” para suceder a Jorge Abbott. A esta situación se suma la renuncia de una de las postulantes al cargo, la abogada Karinna Fernández, presentada este jueves en la Corte Suprema.

La relación de Ángel Valencia con políticos de la UDI, Renovación Nacional, incluso con el Partido Socialista, lo dejan en una posición tambaleante, considerando que es el nombre que tiene más apoyo de la oposición. A esto se suma una larga lista de casos que, como abogado fue un activo partícipe.

De acuerdo a los antecedentes conocidos durante la jornada, Valencia está relacionado en la defensa de varias causas vinculadas con delitos sexuales contra mujeres, como lo denunció la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres que emitió un pronunciamiento sobre Ángel Valencia.

En un comunicado, el organismo afirmó que Valencia “ha defendido a un juez formalizado por abuso sexual; psicólogo condenado por violación reiterada contra niña; un acusado de secuestro y violación; imputados por violencia intrafamiliar, amenazas de muerte, violencia física y otra vez violación”.

Agregó que “es muy distinto abogar por las garantías procesales que establecen el derecho de cualquier persona a ser defendida, a especializarse en defender agresores, abusadores sexuales, violadores y secuestradores de mujeres y niñas basando su argumentación en el descrédito de las denunciantes”.

 Frente a esto, la Red reafirmó la “exigencia de que en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público, tanto el Gobierno como el Congreso, consideren que una vida libre de violencia machista es también un factor clave para que exista algo de justicia en Chile”.

 Esta declaración fue apoyada por la Coordinadora Feminista 8M que, como expresó su vocera, Karina Nohales, lo mínimo que se puede esperar de un gobierno que se  autodenomina como feminista, es descartar su nominación.

Hay elementos que fundadamente nos conducen a pensar que bajo su cargo la política de impunidad sostenida por Jorge Abbott respecto de estos delitos continuará, lo que constituye una afrenta a las demandas que han movilizado a millones de personas en nuestro país exigiendo una vida libre de violencia de género. Lo mínimo que puede esperarse de un gobierno que se autodefine como feminista, es descartar su nominación”, dijo Nohales.

Renuncia de postulante

En ese contexto, esta tarde la abogada Karinna Fernández presentó su renuncia al proceso de postulación ante la Corte Suprema para completar la tercera quina.

Vengo a presentar mi renuncia formal a continuar en el mentado proceso como una crítica abierta al desarrollo del actual proceso, caracterizado por la participación de actores estatales que han demostrado desconocer el rol y la dimensión del ministerio público, alejándose del análisis al mérito y capacidad de las candidaturas que exigen los estándares internacionales para las designaciones en procesos de esta naturaleza”, señala el documento ingresado en el Máximo Tribunal.

Agrega que “fundamento también mi renuncia en las constantes afirmaciones de diversos actores estatales totalmente alejadas de la naturaleza del concurso, sin salvaguardar las etapas de un proceso en el que debe primar  la protección de a la independencia de quién vaya a interactuar como próximo o próxima fiscal nacional, lo que me parece de todo Preocupante para el valor público de la justicia y las instituciones que la conforman”.

Fiscal de transición

Sobre el escenario incierto que se ha originado, el senador DC Francisco Huenchumilla, propuso un acuerdo para un fiscal de transición dado el proceso constitucional que se va a iniciar y donde la nueva Constitución puede establecer algo distinto.

“Hay que tener en consideración que paralelamente estamos teniendo un proceso constitucional, y por lo tanto se supone que en octubre próximo, noviembre próximo, si todo sale bien y se ratifica, tendremos una nueva Constitución”, indicó Huenchumilla.

Agregó que “políticamente es posible buscar un acuerdo, que se nombre un fiscal de transición sometido a su desempeño, y que sea juzgado políticamente ese desempeño, puesto que existe la posibilidad que la nueva Carta Fundamental se le pueda acortar su periodo, y simplemente tener un sistema distinto. Porque se trata de una autoridad burocrática no electa”.

Huenchumilla indicó que más allá de lo que determine la Corte Suprema, llamar a un nuevo concurso o elegir una nueva quina, lo cierto es que finalmente se entrará en el mismo proceso, donde el Senado finalmente tendrá la última palabra y de ahí la importancia de tener un fiscal de transición, donde se puede evaluar su desempeño en el marco del nuevo proceso constituyente.

La discusión de los últimos días ha estado marcada por las denuncias que hizo la fiscal Herrera contra senadores de oposición y el fiscal Valencia. Recordemos además, que en debate en el Senado, hubo mención a casos de corrupción, en concreto a investigaciones sobre platas políticas relacionados  con Penta, Soquimich, Corpesca, el caso de los Panama Papers con Dominga y la familia de Piñera, incluso el que involucra a la ex ministra Javiera Blanco, pareja del senador Pedro Araya, como indicó el senador Juan Ignacio Latorre.

Durante el debate, Latorre dijo: “pareciera ser que le tienen sangre en el ojo algunos senadores o senadoras a la señora Marta Herrera por los casos de corrupción de políticos: Caso Orpis, Isasi, la familia de Piñera con el caso Dominga, probablemente el caso Caval y la investigación con Javiera Blanco y los gastos reservados”.

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