La ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, evitó referirse a la decisión de entregar beneficios penitenciarios al ex senador de la UDI Jaime Orpis, quien permanece en el anexo Capitán Yáber de la ex Penitenciaría de Santiago cumpliendo condena por el caso de corrupción conocido como Corpesca.
La secretaria de Estado fue consultada sobre el tema frente a lo que señaló que “son determinaciones que toma Gendarmería, no el Gobierno, por lo tanto, no el Ministerio de Justicia”.
Vallejo agregó que estos “son procedimientos que están reglados por ley según protocolo. O sea, hay protocolos que operan según la legislación vigente y sobre las cuales se evalúa y toma decisiones Gendarmería”.
A lo anterior sumó que estas determinaciones se toman de manera descentralizada. “No es una decisión nacional, depende de los territorios o de los casos”, puntualizó.
Orpis hizo uso del beneficio por primera vez este domingo 25 de diciembre, saliendo del anexo penitenciario a las 6:00 AM y regresando al recinto a las 22:00 horas.
El ex legislador UDI está condenado a cinco años y un día de cárcel por haber recibido fondos y orientaciones de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca -conocida como Ley Longueira- que terminó siendo aprobada en el Parlamento y que ahora se busca que sea anulada por considerar que su origen es irregular.
El ex parlamentario por Tarapacá permanece recluido desde enero de este año en el recinto penal de Avenida Pedro Montt en la comuna de Santiago, a un costado de la ex Penitenciaría y la Cárcel de Alta Seguridad.
Abogado Matías Ramírez: “Demuestra la fragilidad del sistema”
Quien criticó la decisión de acceder a los beneficios carcelarios para Orpis fue el diputado y ex querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, quien indicó que “el marco legal en torno a la condena de estos hechos, sin duda que todavía deja mucho que desear”.
El parlamentario indicó que la determinación “demuestra la fragilidad del sistema chileno en torno al castigo de los casos de corrupción. No solamente vemos que se da dentro del marco de salida alternativa o de otros beneficios que en condiciones normales, al ciudadano común no se les dan”.
El penalista indicó que el mecanismo judicial ha demostrado que “una vez que son condenados nos damos cuenta que son condenas que se cumplen con una serie de beneficios. Es decir, de los cinco años y un día que debiese cumplir Jaime Orpis, gran parte del porcentaje de esa pena ya se dio por cumplido por el arresto domiciliario que tuvo durante el periodo de la investigación”.
Ramírez agregó que “en el marco de los delitos contra la probidad administrativa, sea fraude al fisco o cohecho, la penalidad vigente en Chile debe ser aumentada por una parte y segundo, mejorar los mecanismos de investigación de los mismos”.
Esto porque insistió que “no puede ser que los casos de corrupción en muchos casos tengan largas investigaciones que lo único que hacen es beneficiar muchas veces a los imputados respecto de las futuras condenas que puedan tener. Y eso es también una situación que se debe atacar rápidamente considerando que el Ministerio Público no cuenta con oficinas especializadas para la persecución de delitos de corrupción a nivel regional”.
La ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, evitó referirse a la decisión de entregar beneficios penitenciarios al ex senador de la UDI Jaime Orpis, quien permanece en el anexo Capitán Yáber de la ex Penitenciaría de Santiago cumpliendo condena por el caso de corrupción conocido como Corpesca.
La secretaria de Estado fue consultada sobre el tema frente a lo que señaló que “son determinaciones que toma Gendarmería, no el Gobierno, por lo tanto, no el Ministerio de Justicia”.
Vallejo agregó que estos “son procedimientos que están reglados por ley según protocolo. O sea, hay protocolos que operan según la legislación vigente y sobre las cuales se evalúa y toma decisiones Gendarmería”.
A lo anterior sumó que estas determinaciones se toman de manera descentralizada. “No es una decisión nacional, depende de los territorios o de los casos”, puntualizó.
Orpis hizo uso del beneficio por primera vez este domingo 25 de diciembre, saliendo del anexo penitenciario a las 6:00 AM y regresando al recinto a las 22:00 horas.
El ex legislador UDI está condenado a cinco años y un día de cárcel por haber recibido fondos y orientaciones de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca -conocida como Ley Longueira- que terminó siendo aprobada en el Parlamento y que ahora se busca que sea anulada por considerar que su origen es irregular.
El ex parlamentario por Tarapacá permanece recluido desde enero de este año en el recinto penal de Avenida Pedro Montt en la comuna de Santiago, a un costado de la ex Penitenciaría y la Cárcel de Alta Seguridad.
Abogado Matías Ramírez: “Demuestra la fragilidad del sistema”
Quien criticó la decisión de acceder a los beneficios carcelarios para Orpis fue el diputado y ex querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, quien indicó que “el marco legal en torno a la condena de estos hechos, sin duda que todavía deja mucho que desear”.
El parlamentario indicó que la determinación “demuestra la fragilidad del sistema chileno en torno al castigo de los casos de corrupción. No solamente vemos que se da dentro del marco de salida alternativa o de otros beneficios que en condiciones normales, al ciudadano común no se les dan”.
El penalista indicó que el mecanismo judicial ha demostrado que “una vez que son condenados nos damos cuenta que son condenas que se cumplen con una serie de beneficios. Es decir, de los cinco años y un día que debiese cumplir Jaime Orpis, gran parte del porcentaje de esa pena ya se dio por cumplido por el arresto domiciliario que tuvo durante el periodo de la investigación”.
Ramírez agregó que “en el marco de los delitos contra la probidad administrativa, sea fraude al fisco o cohecho, la penalidad vigente en Chile debe ser aumentada por una parte y segundo, mejorar los mecanismos de investigación de los mismos”.
Esto porque insistió que “no puede ser que los casos de corrupción en muchos casos tengan largas investigaciones que lo único que hacen es beneficiar muchas veces a los imputados respecto de las futuras condenas que puedan tener. Y eso es también una situación que se debe atacar rápidamente considerando que el Ministerio Público no cuenta con oficinas especializadas para la persecución de delitos de corrupción a nivel regional”.
La ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, evitó referirse a la decisión de entregar beneficios penitenciarios al ex senador de la UDI Jaime Orpis, quien permanece en el anexo Capitán Yáber de la ex Penitenciaría de Santiago cumpliendo condena por el caso de corrupción conocido como Corpesca.
La secretaria de Estado fue consultada sobre el tema frente a lo que señaló que “son determinaciones que toma Gendarmería, no el Gobierno, por lo tanto, no el Ministerio de Justicia”.
Vallejo agregó que estos “son procedimientos que están reglados por ley según protocolo. O sea, hay protocolos que operan según la legislación vigente y sobre las cuales se evalúa y toma decisiones Gendarmería”.
A lo anterior sumó que estas determinaciones se toman de manera descentralizada. “No es una decisión nacional, depende de los territorios o de los casos”, puntualizó.
Orpis hizo uso del beneficio por primera vez este domingo 25 de diciembre, saliendo del anexo penitenciario a las 6:00 AM y regresando al recinto a las 22:00 horas.
El ex legislador UDI está condenado a cinco años y un día de cárcel por haber recibido fondos y orientaciones de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca -conocida como Ley Longueira- que terminó siendo aprobada en el Parlamento y que ahora se busca que sea anulada por considerar que su origen es irregular.
El ex parlamentario por Tarapacá permanece recluido desde enero de este año en el recinto penal de Avenida Pedro Montt en la comuna de Santiago, a un costado de la ex Penitenciaría y la Cárcel de Alta Seguridad.
Abogado Matías Ramírez: “Demuestra la fragilidad del sistema”
Quien criticó la decisión de acceder a los beneficios carcelarios para Orpis fue el diputado y ex querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, quien indicó que “el marco legal en torno a la condena de estos hechos, sin duda que todavía deja mucho que desear”.
El parlamentario indicó que la determinación “demuestra la fragilidad del sistema chileno en torno al castigo de los casos de corrupción. No solamente vemos que se da dentro del marco de salida alternativa o de otros beneficios que en condiciones normales, al ciudadano común no se les dan”.
El penalista indicó que el mecanismo judicial ha demostrado que “una vez que son condenados nos damos cuenta que son condenas que se cumplen con una serie de beneficios. Es decir, de los cinco años y un día que debiese cumplir Jaime Orpis, gran parte del porcentaje de esa pena ya se dio por cumplido por el arresto domiciliario que tuvo durante el periodo de la investigación”.
Ramírez agregó que “en el marco de los delitos contra la probidad administrativa, sea fraude al fisco o cohecho, la penalidad vigente en Chile debe ser aumentada por una parte y segundo, mejorar los mecanismos de investigación de los mismos”.
Esto porque insistió que “no puede ser que los casos de corrupción en muchos casos tengan largas investigaciones que lo único que hacen es beneficiar muchas veces a los imputados respecto de las futuras condenas que puedan tener. Y eso es también una situación que se debe atacar rápidamente considerando que el Ministerio Público no cuenta con oficinas especializadas para la persecución de delitos de corrupción a nivel regional”.
