El área equivalente a 70 veces el Parque O’Higgins es el que corresponde a la superficie que cada año es talada en el sur del país, especialmente en la Provincia de Arauco y la Región de la Araucanía, por grupos irregulares que integran alrededor de 650 personas.
Esas son algunas de las conclusiones que dio a conocer el documento de la Comisión Investigadora por el Robo de Madera de la Cámara de Diputadas y Diputados y que fue entregado este lunes a la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El presidente de la instancia parlamentaria, el diputado Erick Aedo (DC), destacó el trabajo de la comisión que arrojó algunos datos que permitirán al Gobierno avanzar en la persecución de este delito.
“El Ejecutivo se compromete a dictar el reglamento que tipificó el delito de robo de madera y que aprobamos a raíz justamente de esta comisión. Ese reglamento tiene que estar dictado el 27 de enero”, precisó el legislador.
Aedo agregó que “hicimos hincapié en este punto ante la ministra del Interior y tomó conciencia de que queda poco tiempo para entregar ese reglamento que en definitiva va a permitir una mayor coordinación entre Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía y Carabineros, porque obviamente le va a dar forma a toda la madera que se tranza en el mercado”.
En la normativa aprobada por el Congreso se establece que cada carga de madera que sea transportada en el país deberá contar con guías y facturas que permitan hacer una trazabilidad desde su origen hasta su destino.
El parlamentario agregó que respecto de las conclusiones de la comisión, se pudo determinar que “estamos frente a un ilícito de características industriales en que no hay nada de reivindicaciones de pueblos originarios. Lisa y llanamente es una actividad ilegal”.
Respecto de la magnitud de los recursos que se movilizan producto de esta actividad, Aedo puntualizó que son alrededor de 100 millones de dólares anuales, “que tala más de 5 mil hectáreas al año”.
“Hemos dado estas conclusiones, la necesidad de hacer una modificación en la Ley Orgánica Constitucional de la Fiscalía porque necesitamos ampliar la presencia de fiscales en esa zona, necesitamos una dotación también de fiscales una vez que concluyen sus causas, obviamente para que no sean amenazados; necesitamos modernizar a nuestros carabineros a nuestra Policía de Investigaciones y una mayor coordinación de ellos con el estado de excepción con servicios tan importantes y vitales para seguir la ruta del dinero como el SII y Aduanas”, indicó.
El legislador demócrata cristiano destacó además que esta actividad “genera mucha violencia, pero que está asociada simple y llanamente a una actividad ilegal”.
El área equivalente a 70 veces el Parque O’Higgins es el que corresponde a la superficie que cada año es talada en el sur del país, especialmente en la Provincia de Arauco y la Región de la Araucanía, por grupos irregulares que integran alrededor de 650 personas.
Esas son algunas de las conclusiones que dio a conocer el documento de la Comisión Investigadora por el Robo de Madera de la Cámara de Diputadas y Diputados y que fue entregado este lunes a la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El presidente de la instancia parlamentaria, el diputado Erick Aedo (DC), destacó el trabajo de la comisión que arrojó algunos datos que permitirán al Gobierno avanzar en la persecución de este delito.
“El Ejecutivo se compromete a dictar el reglamento que tipificó el delito de robo de madera y que aprobamos a raíz justamente de esta comisión. Ese reglamento tiene que estar dictado el 27 de enero”, precisó el legislador.
Aedo agregó que “hicimos hincapié en este punto ante la ministra del Interior y tomó conciencia de que queda poco tiempo para entregar ese reglamento que en definitiva va a permitir una mayor coordinación entre Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía y Carabineros, porque obviamente le va a dar forma a toda la madera que se tranza en el mercado”.
En la normativa aprobada por el Congreso se establece que cada carga de madera que sea transportada en el país deberá contar con guías y facturas que permitan hacer una trazabilidad desde su origen hasta su destino.
El parlamentario agregó que respecto de las conclusiones de la comisión, se pudo determinar que “estamos frente a un ilícito de características industriales en que no hay nada de reivindicaciones de pueblos originarios. Lisa y llanamente es una actividad ilegal”.
Respecto de la magnitud de los recursos que se movilizan producto de esta actividad, Aedo puntualizó que son alrededor de 100 millones de dólares anuales, “que tala más de 5 mil hectáreas al año”.
“Hemos dado estas conclusiones, la necesidad de hacer una modificación en la Ley Orgánica Constitucional de la Fiscalía porque necesitamos ampliar la presencia de fiscales en esa zona, necesitamos una dotación también de fiscales una vez que concluyen sus causas, obviamente para que no sean amenazados; necesitamos modernizar a nuestros carabineros a nuestra Policía de Investigaciones y una mayor coordinación de ellos con el estado de excepción con servicios tan importantes y vitales para seguir la ruta del dinero como el SII y Aduanas”, indicó.
El legislador demócrata cristiano destacó además que esta actividad “genera mucha violencia, pero que está asociada simple y llanamente a una actividad ilegal”.
El área equivalente a 70 veces el Parque O’Higgins es el que corresponde a la superficie que cada año es talada en el sur del país, especialmente en la Provincia de Arauco y la Región de la Araucanía, por grupos irregulares que integran alrededor de 650 personas.
Esas son algunas de las conclusiones que dio a conocer el documento de la Comisión Investigadora por el Robo de Madera de la Cámara de Diputadas y Diputados y que fue entregado este lunes a la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El presidente de la instancia parlamentaria, el diputado Erick Aedo (DC), destacó el trabajo de la comisión que arrojó algunos datos que permitirán al Gobierno avanzar en la persecución de este delito.
“El Ejecutivo se compromete a dictar el reglamento que tipificó el delito de robo de madera y que aprobamos a raíz justamente de esta comisión. Ese reglamento tiene que estar dictado el 27 de enero”, precisó el legislador.
Aedo agregó que “hicimos hincapié en este punto ante la ministra del Interior y tomó conciencia de que queda poco tiempo para entregar ese reglamento que en definitiva va a permitir una mayor coordinación entre Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía y Carabineros, porque obviamente le va a dar forma a toda la madera que se tranza en el mercado”.
En la normativa aprobada por el Congreso se establece que cada carga de madera que sea transportada en el país deberá contar con guías y facturas que permitan hacer una trazabilidad desde su origen hasta su destino.
El parlamentario agregó que respecto de las conclusiones de la comisión, se pudo determinar que “estamos frente a un ilícito de características industriales en que no hay nada de reivindicaciones de pueblos originarios. Lisa y llanamente es una actividad ilegal”.
Respecto de la magnitud de los recursos que se movilizan producto de esta actividad, Aedo puntualizó que son alrededor de 100 millones de dólares anuales, “que tala más de 5 mil hectáreas al año”.
“Hemos dado estas conclusiones, la necesidad de hacer una modificación en la Ley Orgánica Constitucional de la Fiscalía porque necesitamos ampliar la presencia de fiscales en esa zona, necesitamos una dotación también de fiscales una vez que concluyen sus causas, obviamente para que no sean amenazados; necesitamos modernizar a nuestros carabineros a nuestra Policía de Investigaciones y una mayor coordinación de ellos con el estado de excepción con servicios tan importantes y vitales para seguir la ruta del dinero como el SII y Aduanas”, indicó.
El legislador demócrata cristiano destacó además que esta actividad “genera mucha violencia, pero que está asociada simple y llanamente a una actividad ilegal”.
Santiago, 26 de Diciembre de 2022
El presidente de la Comisión Investigadora del Robo de Madera, diputado DC Eric Aedo, entrega a la Ministra del Interior, el informe elaborado por dicha instancia, el cual detectó fallas en la fiscalización y operatividad de diversos organismos públicos y de seguridad.
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile 
