En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado independiente, Andrés Giordano, abordó las indagaciones por el incendio en Bodegas Kayser, en el que murieron cinco personas en el marco del denominado estallido social y por el cual se constituyó una Comisión Especial Investigadora para estudiar los hechos.
El también presidente de la instancia parlamentaria comentó que entre las labores que esperan realizar “es develar por qué la justicia ha tardado tanto en un caso que es tan sensible. Recordemos que esto pasa el 20 de octubre de 2019, durante la revuelta social y ocurre un hecho dentro de las bodegas privadas de la empresa Kayser en Renca, distrito que yo represento, que se incendia por razones que aún no se determinan, se cobra un seguro multimillonario y aparecen cinco personas fallecidas en condiciones totalmente extrañas, algunas de ellas con orificios de bala”.
Sobre este punto, el parlamentario también dirigió sus críticas a las diligencias por parte del Servicio Médico Legal en el caso, enfatizando en que “tuvo contradicciones entre las distintas versiones e informes que emitió, no se aplicó el protocolo de Minnesota, que debiese aplicarse cuando además existen potenciales violaciones a los derechos humanos”.
Por otra parte, apuntó un trato discriminatorio del Poder Judicial. “Da la sensación de que, si estas personas no fuesen de Renca, tuviesen un apellido rimbombante (…) Lamentablemente, uno ve o se queda con la sensación de que existe una justicia para ricos y otra para pobres, que ha prejuzgado el caso sin tener ni siquiera evidencias concluyentes sobre lo qué es lo que sucedió”, expresó.
En esa línea, Giordano insistió en los cuestionamientos que tuvo en su momento hacia el fiscal y ex candidato a fiscal nacional, José Morales, responsable de la investigación y a quien familiares acusan de indiferencia, añadiendo que “el caso también potencialmente salpica al actuar de la Fiscalía porque tenemos el caso de Xavier Armendáriz, que fue un bombero del incendio en la fábrica y luego fiscal del caso. Ya de por sí eso uno diría, bueno, esto no es un procedimiento normal”.
Además, junto con destacar un reportaje de la periodista Alejandra Matus sobre estos hechos, recalcó que “el Equipo Chileno de Antropología Forense fue el que puso en duda la labor del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, donde estaba la misma persona (Armendáriz) que fue luego fiscal. Entonces, se acusan inconsistencias por parte de una persona que, siendo bombero y fiscal, no toma las medidas para que efectivamente se resguarde la zona donde ocurre este incidente”.
Por lo mismo, dada las interrogantes que deja este caso y otros hechos en los que queda de manifiesto la violación a los derechos humanos, el legislador afirmó que “tenemos una legítima desconfianza en todas las instituciones que participaron de este proceso y lo que más creo yo hoy día urge es analizar cuál es el rol y la responsabilidad del Estado en sus diversas figuras e instituciones”.
Asimismo, planteó que “si bien nuestra Comisión Especial Investigadora se enfoca en el caso Kayser, hay otros a nivel nacional en el marco del estallido que también tienen patrones similares y que aparecen fallecidos como, por ejemplo, el caso de Construmart en La Pintana, hay otro caso connotado de un Hites en la V Región, un Líder en Arica. Son diversas empresas que fueron saqueadas y que misteriosamente se incendian, pero aparecen fallecidos adentro. Entonces, hay cuestiones donde uno puede tener legítimas dudas hacia los organismos del Estado, hacia los actores privados respecto de sus intereses económicos en el marco de esta situación y ¿Quién responde?”.
El parlamentario dijo que espera que en el marco de esta instancia legislativa “haya una voluntad distinta por parte de las autoridades del Estado que tuvieron participación en el marco de la revuelta y que esto, además, nos permita ayudar a las familias que todavía tienen un caso abierto con diligencias que Fiscalía aún no ha querido ordenar y, por lo tanto, sentimos que esta comisión de alguna u otra manera puede ser un soporte para que las investigaciones y las diligencias que hoy día están pendientes y sobre todo la búsqueda de verdad, justicia y reparación para estas familias, sea una realidad lo antes posible”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado independiente, Andrés Giordano, abordó las indagaciones por el incendio en Bodegas Kayser, en el que murieron cinco personas en el marco del denominado estallido social y por el cual se constituyó una Comisión Especial Investigadora para estudiar los hechos.
El también presidente de la instancia parlamentaria comentó que entre las labores que esperan realizar “es develar por qué la justicia ha tardado tanto en un caso que es tan sensible. Recordemos que esto pasa el 20 de octubre de 2019, durante la revuelta social y ocurre un hecho dentro de las bodegas privadas de la empresa Kayser en Renca, distrito que yo represento, que se incendia por razones que aún no se determinan, se cobra un seguro multimillonario y aparecen cinco personas fallecidas en condiciones totalmente extrañas, algunas de ellas con orificios de bala”.
Sobre este punto, el parlamentario también dirigió sus críticas a las diligencias por parte del Servicio Médico Legal en el caso, enfatizando en que “tuvo contradicciones entre las distintas versiones e informes que emitió, no se aplicó el protocolo de Minnesota, que debiese aplicarse cuando además existen potenciales violaciones a los derechos humanos”.
Por otra parte, apuntó un trato discriminatorio del Poder Judicial. “Da la sensación de que, si estas personas no fuesen de Renca, tuviesen un apellido rimbombante (…) Lamentablemente, uno ve o se queda con la sensación de que existe una justicia para ricos y otra para pobres, que ha prejuzgado el caso sin tener ni siquiera evidencias concluyentes sobre lo qué es lo que sucedió”, expresó.
En esa línea, Giordano insistió en los cuestionamientos que tuvo en su momento hacia el fiscal y ex candidato a fiscal nacional, José Morales, responsable de la investigación y a quien familiares acusan de indiferencia, añadiendo que “el caso también potencialmente salpica al actuar de la Fiscalía porque tenemos el caso de Xavier Armendáriz, que fue un bombero del incendio en la fábrica y luego fiscal del caso. Ya de por sí eso uno diría, bueno, esto no es un procedimiento normal”.
Además, junto con destacar un reportaje de la periodista Alejandra Matus sobre estos hechos, recalcó que “el Equipo Chileno de Antropología Forense fue el que puso en duda la labor del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, donde estaba la misma persona (Armendáriz) que fue luego fiscal. Entonces, se acusan inconsistencias por parte de una persona que, siendo bombero y fiscal, no toma las medidas para que efectivamente se resguarde la zona donde ocurre este incidente”.
Por lo mismo, dada las interrogantes que deja este caso y otros hechos en los que queda de manifiesto la violación a los derechos humanos, el legislador afirmó que “tenemos una legítima desconfianza en todas las instituciones que participaron de este proceso y lo que más creo yo hoy día urge es analizar cuál es el rol y la responsabilidad del Estado en sus diversas figuras e instituciones”.
Asimismo, planteó que “si bien nuestra Comisión Especial Investigadora se enfoca en el caso Kayser, hay otros a nivel nacional en el marco del estallido que también tienen patrones similares y que aparecen fallecidos como, por ejemplo, el caso de Construmart en La Pintana, hay otro caso connotado de un Hites en la V Región, un Líder en Arica. Son diversas empresas que fueron saqueadas y que misteriosamente se incendian, pero aparecen fallecidos adentro. Entonces, hay cuestiones donde uno puede tener legítimas dudas hacia los organismos del Estado, hacia los actores privados respecto de sus intereses económicos en el marco de esta situación y ¿Quién responde?”.
El parlamentario dijo que espera que en el marco de esta instancia legislativa “haya una voluntad distinta por parte de las autoridades del Estado que tuvieron participación en el marco de la revuelta y que esto, además, nos permita ayudar a las familias que todavía tienen un caso abierto con diligencias que Fiscalía aún no ha querido ordenar y, por lo tanto, sentimos que esta comisión de alguna u otra manera puede ser un soporte para que las investigaciones y las diligencias que hoy día están pendientes y sobre todo la búsqueda de verdad, justicia y reparación para estas familias, sea una realidad lo antes posible”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado independiente, Andrés Giordano, abordó las indagaciones por el incendio en Bodegas Kayser, en el que murieron cinco personas en el marco del denominado estallido social y por el cual se constituyó una Comisión Especial Investigadora para estudiar los hechos.
El también presidente de la instancia parlamentaria comentó que entre las labores que esperan realizar “es develar por qué la justicia ha tardado tanto en un caso que es tan sensible. Recordemos que esto pasa el 20 de octubre de 2019, durante la revuelta social y ocurre un hecho dentro de las bodegas privadas de la empresa Kayser en Renca, distrito que yo represento, que se incendia por razones que aún no se determinan, se cobra un seguro multimillonario y aparecen cinco personas fallecidas en condiciones totalmente extrañas, algunas de ellas con orificios de bala”.
Sobre este punto, el parlamentario también dirigió sus críticas a las diligencias por parte del Servicio Médico Legal en el caso, enfatizando en que “tuvo contradicciones entre las distintas versiones e informes que emitió, no se aplicó el protocolo de Minnesota, que debiese aplicarse cuando además existen potenciales violaciones a los derechos humanos”.
Por otra parte, apuntó un trato discriminatorio del Poder Judicial. “Da la sensación de que, si estas personas no fuesen de Renca, tuviesen un apellido rimbombante (…) Lamentablemente, uno ve o se queda con la sensación de que existe una justicia para ricos y otra para pobres, que ha prejuzgado el caso sin tener ni siquiera evidencias concluyentes sobre lo qué es lo que sucedió”, expresó.
En esa línea, Giordano insistió en los cuestionamientos que tuvo en su momento hacia el fiscal y ex candidato a fiscal nacional, José Morales, responsable de la investigación y a quien familiares acusan de indiferencia, añadiendo que “el caso también potencialmente salpica al actuar de la Fiscalía porque tenemos el caso de Xavier Armendáriz, que fue un bombero del incendio en la fábrica y luego fiscal del caso. Ya de por sí eso uno diría, bueno, esto no es un procedimiento normal”.
Además, junto con destacar un reportaje de la periodista Alejandra Matus sobre estos hechos, recalcó que “el Equipo Chileno de Antropología Forense fue el que puso en duda la labor del Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, donde estaba la misma persona (Armendáriz) que fue luego fiscal. Entonces, se acusan inconsistencias por parte de una persona que, siendo bombero y fiscal, no toma las medidas para que efectivamente se resguarde la zona donde ocurre este incidente”.
Por lo mismo, dada las interrogantes que deja este caso y otros hechos en los que queda de manifiesto la violación a los derechos humanos, el legislador afirmó que “tenemos una legítima desconfianza en todas las instituciones que participaron de este proceso y lo que más creo yo hoy día urge es analizar cuál es el rol y la responsabilidad del Estado en sus diversas figuras e instituciones”.
Asimismo, planteó que “si bien nuestra Comisión Especial Investigadora se enfoca en el caso Kayser, hay otros a nivel nacional en el marco del estallido que también tienen patrones similares y que aparecen fallecidos como, por ejemplo, el caso de Construmart en La Pintana, hay otro caso connotado de un Hites en la V Región, un Líder en Arica. Son diversas empresas que fueron saqueadas y que misteriosamente se incendian, pero aparecen fallecidos adentro. Entonces, hay cuestiones donde uno puede tener legítimas dudas hacia los organismos del Estado, hacia los actores privados respecto de sus intereses económicos en el marco de esta situación y ¿Quién responde?”.
El parlamentario dijo que espera que en el marco de esta instancia legislativa “haya una voluntad distinta por parte de las autoridades del Estado que tuvieron participación en el marco de la revuelta y que esto, además, nos permita ayudar a las familias que todavía tienen un caso abierto con diligencias que Fiscalía aún no ha querido ordenar y, por lo tanto, sentimos que esta comisión de alguna u otra manera puede ser un soporte para que las investigaciones y las diligencias que hoy día están pendientes y sobre todo la búsqueda de verdad, justicia y reparación para estas familias, sea una realidad lo antes posible”.
