La firma del proyecto eje Alameda-Providencia, que encabezó a principios de esta semana el Presidente Gabriel Boric, generó la protesta de las agrupaciones defensoras de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. En compañía de la senadora Fabiola Campillai, organizaciones e individualidades abogaron por la preservación de “Plaza Dignidad” y el “Jardín de la Resistencia”, las que serían removidas según el plan de remodelación del que dio cuenta el mandatario.
Respecto al bautizado “Jardín de la Resistencia”, las agrupaciones señalan que el lugar “ha servido como sitio de reparación simbólica que las víctimas se han dado, en completa desafección por parte del Estado en su deber en materia de reparación a violaciones a los DDHH y garantías de no repetición”.
Por lo demás, la molestia por el destino del espacio público va de la mano a la deuda que mantiene el Gobierno con la liberación de los denominados “presos del estallido social”. Esta semana, junto con manifestar su disconformidad por el proyecto de remodelación, Campillai reiteró la demanda por los indultos particulares a la ministra del Interior, Carolina Tohá, requiriendo una reunión con el Presidente Boric para dar celeridad a la medida.
Así las cosas, como ha trascendido, el Ejecutivo viene preparando el anuncio con el que daría cuenta de la firma de indultos presidenciales, donde al menos ocho personas condenadas por hechos relacionados a las protestas serían puestas en libertad. No obstante, el Gobierno estaría buscando el momento más adecuado para dar a conocer la medida.
Para abordar esta materia, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, quien se manifestó de acuerdo con las exigencias que ha encabezado Campillai en lo relativo al convenio eje Alameda-Providencia.
“Concuerdo con la senadora y con cada una de sus conceptualizaciones. Yo no quiero decir palabras fuertes contra el Gobierno, pero me parece una cuestión sorpresiva (…) me gustaría decir cosas con más fuerza, pero hasta el minuto represento a muchas personas que han sido afectadas por todo ese proceso”, señaló.
Y relevó que “los espacios de memoria son necesarios. En el Estadio Nacional después de 40 años y después de un montón de videos y todo lo demás se hizo un espacio de memoria, mínimo, entonces no vamos a esperar 40 años a que se haga un espacio mínimo ahí en la Plaza Italia después que sea una carretera. Me parece improcedente sobre todo de un presidente que se creyó parte de la revuelta”.
En cuanto a la liberación de quienes se encuentran privados de libertad por hechos enmarcados en las protestas, Morales consideró adecuado que la senadora Campillai emplazara políticamente al Presidente para que cumpla con el compromiso de indultar a los presos del estallido social. “Me parece bien debido a que él lo había ofrecido en la campaña en lo que sale en su programa de Gobierno, que nadie los cumple, pero por lo menos sale en su campaña“, destacó.
Y explicó que “nosotros ingresamos debidamente por mis tres representados de acuerdo a la ley 18.050 y al artículo 23 número 14 de la Constitución, los debidos ingresos que se hacen mecanografiadamente y que ingresan materialmente en la oficina de partes del Ministerio de Justicia. Nosotros sabemos que esos tres indultos desde el 11 de noviembre están listos, se han tramitado completamente, cada una de las solemnidades que se tienen que llevar a través de la ley están listas, las carpetas están listas para firmar y es una decisión política del Presidente, acompañada por la firma de la ministra de Justicia que es una decisión política. Ellos sabrán cuándo”, sostuvo.
En cuanto al resto de aristas en las que habría que trabajar para avanzar en materia de justicia, Morales advirtió que hasta ahora “el Gobierno no ha avanzado en nada”. “Este emplazamiento que le hace la senadora con respecto a los presos es un principio, lo demás se ha frustrado. Lo demás tiene que ser trabajable a través de cómo ellos lo establezcan, pero como carecen de un programa político de acción, me parece que vamos a estar alejados por bastante tiempo con respecto a eso”, afirmó.
Consultado por el catastro de Gendarmería que publicó Ex Ante y que daría cuenta de que ya no quedan personas privadas de libertad bajo el concepto de prisión preventiva, el jurista indicó que “en prisión preventiva, que es un concepto antes de llevar a juicio, no hay ninguno”. “Hay personas condenadas y cumpliendo condenas altas algunos y que incluso se van a revisar, se están empezando a revisar, se está empezando a conocer algo, entonces, yo creo que nos vamos a demorar, contra viento y marea”.
La firma del proyecto eje Alameda-Providencia, que encabezó a principios de esta semana el Presidente Gabriel Boric, generó la protesta de las agrupaciones defensoras de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. En compañía de la senadora Fabiola Campillai, organizaciones e individualidades abogaron por la preservación de “Plaza Dignidad” y el “Jardín de la Resistencia”, las que serían removidas según el plan de remodelación del que dio cuenta el mandatario.
Respecto al bautizado “Jardín de la Resistencia”, las agrupaciones señalan que el lugar “ha servido como sitio de reparación simbólica que las víctimas se han dado, en completa desafección por parte del Estado en su deber en materia de reparación a violaciones a los DDHH y garantías de no repetición”.
Por lo demás, la molestia por el destino del espacio público va de la mano a la deuda que mantiene el Gobierno con la liberación de los denominados “presos del estallido social”. Esta semana, junto con manifestar su disconformidad por el proyecto de remodelación, Campillai reiteró la demanda por los indultos particulares a la ministra del Interior, Carolina Tohá, requiriendo una reunión con el Presidente Boric para dar celeridad a la medida.
Así las cosas, como ha trascendido, el Ejecutivo viene preparando el anuncio con el que daría cuenta de la firma de indultos presidenciales, donde al menos ocho personas condenadas por hechos relacionados a las protestas serían puestas en libertad. No obstante, el Gobierno estaría buscando el momento más adecuado para dar a conocer la medida.
Para abordar esta materia, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, quien se manifestó de acuerdo con las exigencias que ha encabezado Campillai en lo relativo al convenio eje Alameda-Providencia.
“Concuerdo con la senadora y con cada una de sus conceptualizaciones. Yo no quiero decir palabras fuertes contra el Gobierno, pero me parece una cuestión sorpresiva (…) me gustaría decir cosas con más fuerza, pero hasta el minuto represento a muchas personas que han sido afectadas por todo ese proceso”, señaló.
Y relevó que “los espacios de memoria son necesarios. En el Estadio Nacional después de 40 años y después de un montón de videos y todo lo demás se hizo un espacio de memoria, mínimo, entonces no vamos a esperar 40 años a que se haga un espacio mínimo ahí en la Plaza Italia después que sea una carretera. Me parece improcedente sobre todo de un presidente que se creyó parte de la revuelta”.
En cuanto a la liberación de quienes se encuentran privados de libertad por hechos enmarcados en las protestas, Morales consideró adecuado que la senadora Campillai emplazara políticamente al Presidente para que cumpla con el compromiso de indultar a los presos del estallido social. “Me parece bien debido a que él lo había ofrecido en la campaña en lo que sale en su programa de Gobierno, que nadie los cumple, pero por lo menos sale en su campaña“, destacó.
Y explicó que “nosotros ingresamos debidamente por mis tres representados de acuerdo a la ley 18.050 y al artículo 23 número 14 de la Constitución, los debidos ingresos que se hacen mecanografiadamente y que ingresan materialmente en la oficina de partes del Ministerio de Justicia. Nosotros sabemos que esos tres indultos desde el 11 de noviembre están listos, se han tramitado completamente, cada una de las solemnidades que se tienen que llevar a través de la ley están listas, las carpetas están listas para firmar y es una decisión política del Presidente, acompañada por la firma de la ministra de Justicia que es una decisión política. Ellos sabrán cuándo”, sostuvo.
En cuanto al resto de aristas en las que habría que trabajar para avanzar en materia de justicia, Morales advirtió que hasta ahora “el Gobierno no ha avanzado en nada”. “Este emplazamiento que le hace la senadora con respecto a los presos es un principio, lo demás se ha frustrado. Lo demás tiene que ser trabajable a través de cómo ellos lo establezcan, pero como carecen de un programa político de acción, me parece que vamos a estar alejados por bastante tiempo con respecto a eso”, afirmó.
Consultado por el catastro de Gendarmería que publicó Ex Ante y que daría cuenta de que ya no quedan personas privadas de libertad bajo el concepto de prisión preventiva, el jurista indicó que “en prisión preventiva, que es un concepto antes de llevar a juicio, no hay ninguno”. “Hay personas condenadas y cumpliendo condenas altas algunos y que incluso se van a revisar, se están empezando a revisar, se está empezando a conocer algo, entonces, yo creo que nos vamos a demorar, contra viento y marea”.
La firma del proyecto eje Alameda-Providencia, que encabezó a principios de esta semana el Presidente Gabriel Boric, generó la protesta de las agrupaciones defensoras de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. En compañía de la senadora Fabiola Campillai, organizaciones e individualidades abogaron por la preservación de “Plaza Dignidad” y el “Jardín de la Resistencia”, las que serían removidas según el plan de remodelación del que dio cuenta el mandatario.
Respecto al bautizado “Jardín de la Resistencia”, las agrupaciones señalan que el lugar “ha servido como sitio de reparación simbólica que las víctimas se han dado, en completa desafección por parte del Estado en su deber en materia de reparación a violaciones a los DDHH y garantías de no repetición”.
Por lo demás, la molestia por el destino del espacio público va de la mano a la deuda que mantiene el Gobierno con la liberación de los denominados “presos del estallido social”. Esta semana, junto con manifestar su disconformidad por el proyecto de remodelación, Campillai reiteró la demanda por los indultos particulares a la ministra del Interior, Carolina Tohá, requiriendo una reunión con el Presidente Boric para dar celeridad a la medida.
Así las cosas, como ha trascendido, el Ejecutivo viene preparando el anuncio con el que daría cuenta de la firma de indultos presidenciales, donde al menos ocho personas condenadas por hechos relacionados a las protestas serían puestas en libertad. No obstante, el Gobierno estaría buscando el momento más adecuado para dar a conocer la medida.
Para abordar esta materia, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, quien se manifestó de acuerdo con las exigencias que ha encabezado Campillai en lo relativo al convenio eje Alameda-Providencia.
“Concuerdo con la senadora y con cada una de sus conceptualizaciones. Yo no quiero decir palabras fuertes contra el Gobierno, pero me parece una cuestión sorpresiva (…) me gustaría decir cosas con más fuerza, pero hasta el minuto represento a muchas personas que han sido afectadas por todo ese proceso”, señaló.
Y relevó que “los espacios de memoria son necesarios. En el Estadio Nacional después de 40 años y después de un montón de videos y todo lo demás se hizo un espacio de memoria, mínimo, entonces no vamos a esperar 40 años a que se haga un espacio mínimo ahí en la Plaza Italia después que sea una carretera. Me parece improcedente sobre todo de un presidente que se creyó parte de la revuelta”.
En cuanto a la liberación de quienes se encuentran privados de libertad por hechos enmarcados en las protestas, Morales consideró adecuado que la senadora Campillai emplazara políticamente al Presidente para que cumpla con el compromiso de indultar a los presos del estallido social. “Me parece bien debido a que él lo había ofrecido en la campaña en lo que sale en su programa de Gobierno, que nadie los cumple, pero por lo menos sale en su campaña“, destacó.
Y explicó que “nosotros ingresamos debidamente por mis tres representados de acuerdo a la ley 18.050 y al artículo 23 número 14 de la Constitución, los debidos ingresos que se hacen mecanografiadamente y que ingresan materialmente en la oficina de partes del Ministerio de Justicia. Nosotros sabemos que esos tres indultos desde el 11 de noviembre están listos, se han tramitado completamente, cada una de las solemnidades que se tienen que llevar a través de la ley están listas, las carpetas están listas para firmar y es una decisión política del Presidente, acompañada por la firma de la ministra de Justicia que es una decisión política. Ellos sabrán cuándo”, sostuvo.
En cuanto al resto de aristas en las que habría que trabajar para avanzar en materia de justicia, Morales advirtió que hasta ahora “el Gobierno no ha avanzado en nada”. “Este emplazamiento que le hace la senadora con respecto a los presos es un principio, lo demás se ha frustrado. Lo demás tiene que ser trabajable a través de cómo ellos lo establezcan, pero como carecen de un programa político de acción, me parece que vamos a estar alejados por bastante tiempo con respecto a eso”, afirmó.
Consultado por el catastro de Gendarmería que publicó Ex Ante y que daría cuenta de que ya no quedan personas privadas de libertad bajo el concepto de prisión preventiva, el jurista indicó que “en prisión preventiva, que es un concepto antes de llevar a juicio, no hay ninguno”. “Hay personas condenadas y cumpliendo condenas altas algunos y que incluso se van a revisar, se están empezando a revisar, se está empezando a conocer algo, entonces, yo creo que nos vamos a demorar, contra viento y marea”.
