Es en medio de una tramitación a contrarreloj que la semana pasada la comisión de Constitución del Senado despachó a la Sala de la Corporación la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente.

Luego de extensas sesiones en la sede del Congreso en Santiago, la instancia se pronunció sobre más de 180 indicaciones y aprobó, entre otras materias, el cambio en el calendario electoral que permitirá adelantar la votación de los consejeros constitucionales del 14 al 7 de mayo y realizar el plebiscito de salida al 17 de diciembre de 2023.

Todo esto, en el entendido de que la reforma sea despachada del Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial antes del 27 de enero, fecha en que el Servel deberá cerrar el registro electoral para garantizar la confiabilidad de la elección de los miembros del Consejo.

Sin embargo, pese a la celeridad con que se tramita la iniciativa en el Senado, siguen las dudas sobre lo que pasará en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde sectores de Apruebo Dignidad han manifestado sus reparos y se espera también el ingreso de enmiendas.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, evaluó los alcances de la reforma y señaló que “dado el espacio donde se está construyendo este acuerdo, que es el Congreso Nacional, donde la derecha además de portar una interpretación que hacen a su favor del resultado del 4 de septiembre y que desde las fuerzas vinculadas a los partidos de Gobierno tenemos plena consciencia de que fue una derrota contundente, ellos saben que el espacio también les es favorable”.

En ese sentido, sostuvo que, debido a que los partidos del oficialismo no son mayoría en ambas cámaras del Congreso, “con esos antecedentes rayaron lo que fuera el acuerdo que se está abriendo paso, pero con una cantidad de consideraciones que es evidente que son muy cercanas a lo que para ellos es un proceso constituyente y más distante de lo que para nosotros como fuerzas de izquierda, como PC es el proceso constituyente”.

Pese a lo anterior, dijo tener “la sana expectativa de que seamos capaces de trasladar a la ciudadanía organizada qué es lo que está en juego y transformemos esto en una oportunidad de reponer el proceso constituyente que al fin nos lleve a terminar con la Constitución del año ’80. Ese es el gran desafío político”.

Asimismo, expresó que otro gran desafío es “instalar una propuesta constitucional que sea la que mejore y garantice una profundidad democrática en todo espacio de sociedad, que integre a todas las comunidades, pero eso será parte de otro debate”.

En esa línea, dijo tener mayores expectativas respecto de lo que será la discusión de la reforma en la Cámara Baja para “profundizar y enriquecer” lo acordado. “Cuánto de eso va a ser aprobado, está vinculado a cuál es el quórum de cambios constitucionales, que está establecido en los 4/7, y también espero que en la suma y en la resta se apruebe y se revise este proceso constituyente”, señaló.

Sobre el cumplimiento del itinerario, Carmona sostuvo que “creo que si hay voluntad política sobre la base de cualquiera sea la observación o juicio crítico acerca de que tiene un alcance limitado lo que hemos acordado, pero a pesar de aquello está la idea de que el proceso se reinstale, pienso que es posible que se apruebe en el curso de enero (…) y si los plazos se tienen que mover será en beneficio de un mejor debate, aun cuando veo que en una celeridad que no pase de largo cosas de fondo, se pueden hacer los plazos que se habían previsto”.

En cuanto a la idea del eventual ingreso de nuevas indicaciones en la Cámara, planteó que “creo que es un tiempo en donde todas las partes pueden manifestar observaciones respecto a otros y, por consiguiente, prefiero que ellos se hagan cargo de cuáles son las razones de fondo de esa observación, pero todos entendimos que esto iba a un proceso para hacer una reforma constitucional y todos asumimos que las cámaras no están simulando una participación que no tengan”.

“De nuestra parte en rigor lo que haremos será solo aquello que está planteado, que permita profundizar, enriquecer el proyecto y no va a cuestionar los contenidos de acuerdo, más allá de que tengamos observaciones críticas sobre ello. Todo lo que sea en la perspectiva de crear reales garantías que va a haber participación ciudadana, así sea promovida y supervigilada por las universidades en cada una de las regiones y, a su vez, vinculante con quienes están elaborando el texto a presentar, es digno de respetar, considerar y de trabajar ojalá con el respaldo de todas las partes para que sea parte del proceso”, enfatizó.

En ese sentido, apuntó que “nadie quiere reírse de la ciudadanía por la vía de simular una participación ni imaginar que esto es un saludo a la bandera, donde la gente va a aparecer como participando, pero en verdad no lo va a hacer. Entonces, llamaría más al rigor, que un parlamentario tiene tareas legislativas, de fiscalización, pero también de representación de la ciudadanía”.