Con Carlos Noriega, corresponsal de RFI en Lima
La Fiscalía abrió investigación por genocidio y homicidio calificado a la presidenta Dina Boluarte, al jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola y los titulares del Interior y Defensa, por las muertes de 39 manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales que se iniciaron en diciembre. Esto un día después que diecisiete manifestantes murieron en la andina ciudad de Juliaca
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez”, indicó la fiscalía en Twitter.
La indagación es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
A pesar de estas muertes, el gabinete ministerial obtuvo este martes el voto confianza del Congreso. En una accidentada sesión, 73 parlamentarios le dieron la confianza, 43 votaron en contra y seis se abstuvieron.
Congresistas de la izquierda recibieron a los ministros con gritos y carteles de “Gabinete de la muerte” y “Asesinos fuera”. En el piso del hemiciclo colocaron fotos de las víctimas.
En su presentación, Otárola justificó la cruenta represión, defendió a las fuerzas de seguridad y acusó de terroristas a los manifestantes. Otárola anunció además en el Congreso que el día miércoles “será de duelo nacional laborable”.
La izquierda responsabilizó al gobierno por las muertes durante las protestas, exigió el juzgamiento de los responsables, la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones para este año.
La derecha defendió al gobierno, aplaudió la represión, minimizó las muertes de los manifestantes y coincidió con el gobierno en criminalizar las protestas.
En este contexto, Perú recibirá el miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indagará sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso.
Imagen de portada: RFI/AP – Fredy Salcedo
Con Carlos Noriega, corresponsal de RFI en Lima
La Fiscalía abrió investigación por genocidio y homicidio calificado a la presidenta Dina Boluarte, al jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola y los titulares del Interior y Defensa, por las muertes de 39 manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales que se iniciaron en diciembre. Esto un día después que diecisiete manifestantes murieron en la andina ciudad de Juliaca
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez”, indicó la fiscalía en Twitter.
La indagación es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
A pesar de estas muertes, el gabinete ministerial obtuvo este martes el voto confianza del Congreso. En una accidentada sesión, 73 parlamentarios le dieron la confianza, 43 votaron en contra y seis se abstuvieron.
Congresistas de la izquierda recibieron a los ministros con gritos y carteles de “Gabinete de la muerte” y “Asesinos fuera”. En el piso del hemiciclo colocaron fotos de las víctimas.
En su presentación, Otárola justificó la cruenta represión, defendió a las fuerzas de seguridad y acusó de terroristas a los manifestantes. Otárola anunció además en el Congreso que el día miércoles “será de duelo nacional laborable”.
La izquierda responsabilizó al gobierno por las muertes durante las protestas, exigió el juzgamiento de los responsables, la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones para este año.
La derecha defendió al gobierno, aplaudió la represión, minimizó las muertes de los manifestantes y coincidió con el gobierno en criminalizar las protestas.
En este contexto, Perú recibirá el miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indagará sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso.
Imagen de portada: RFI/AP – Fredy Salcedo
Con Carlos Noriega, corresponsal de RFI en Lima
La Fiscalía abrió investigación por genocidio y homicidio calificado a la presidenta Dina Boluarte, al jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola y los titulares del Interior y Defensa, por las muertes de 39 manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales que se iniciaron en diciembre. Esto un día después que diecisiete manifestantes murieron en la andina ciudad de Juliaca
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez”, indicó la fiscalía en Twitter.
La indagación es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
A pesar de estas muertes, el gabinete ministerial obtuvo este martes el voto confianza del Congreso. En una accidentada sesión, 73 parlamentarios le dieron la confianza, 43 votaron en contra y seis se abstuvieron.
Congresistas de la izquierda recibieron a los ministros con gritos y carteles de “Gabinete de la muerte” y “Asesinos fuera”. En el piso del hemiciclo colocaron fotos de las víctimas.
En su presentación, Otárola justificó la cruenta represión, defendió a las fuerzas de seguridad y acusó de terroristas a los manifestantes. Otárola anunció además en el Congreso que el día miércoles “será de duelo nacional laborable”.
La izquierda responsabilizó al gobierno por las muertes durante las protestas, exigió el juzgamiento de los responsables, la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones para este año.
La derecha defendió al gobierno, aplaudió la represión, minimizó las muertes de los manifestantes y coincidió con el gobierno en criminalizar las protestas.
En este contexto, Perú recibirá el miércoles a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indagará sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso.
Imagen de portada: RFI/AP – Fredy Salcedo
