La lectura realizada del resultado del 4 de septiembre fue tan dura, que en un primer momento sólo sentimos su contundencia. Han pasado más de 4 meses del plebiscito de salida y el tiempo y los hechos nos permiten hacer nuevas reflexiones en el ámbito de la salud.

Seguimos en pandemia con cifras estabilizadas de contagios y con efectos en las personas y comunidades, expresadas no solo en el aumento de las esperas en atención, cirugía y procedimientos, el efecto en la salud mental, en enfermedades oncológicas y  las secuelas que el propio COVID 19 ha dejado.

Es en este escenario, que se suma el desplome del sistema de seguros privados de salud, creados durante la dictadura, el año 80 con lógica de mercado y no de seguridad social, que discrimina por riesgo e ingreso. La pandemia, aceleró este desenlace para los seguros privados, dado que las personas se enfermaron y muchas de ellas fallecieron, aumentando la utilización del sistema sanitario en consultas, exámenes, hospitalización y licencias médicas. Junto al aumento de la utilizacion, las ISAPRES mantuvieron altos gastos de administración del orden del 12%.

Todos los sistemas sanitarios del mundo hicieron su examen con la pandemia. En el caso de Chile, el sistema de prestadores conformado por centros de salud primaria, hospitales, clínicas, centros médicos y sus trabajadoras y trabajadores mostraron todas sus capacidades técnicas y resiliencia, estuvieron acorde a lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, nombra como capacidad de adaptarse, ser flexible y efectivo en la respuesta a la pandemia, sin embargo, las ISAPRES no pasaron el examen.

La encuesta CADEM del 11 de diciembre muestra que en salud la gran mayoría de las personas encuestadas creen que es necesario realizar cambios. El sondeo mostró que el 95% de los chilenos quiere mejoras en salud, que el 71% de las personas que pertenecen a FONASA y el 70% de las personas que están en ISAPRES piensan que el Estado no debe rescatar a las ISAPRES en esta crisis. Cuando les preguntan qué sistema quieren en el futuro, en un 76% señalan un sistema mixto de prestadores y refieren que los problemas de salud más relevantes son los temas de salud mental y oncológicos.

Si bien el 62% de las personas rechazaron el 4 de septiembre el texto constitucional propuesto, eso no quiere decir que no desean cambios en salud. Es más, las personas señalan que la segunda preocupación más relevante después de seguridad es la referida a la salud con un 32% (encuesta CEP noviembre-diciembre 2022).

Escuchemos con la debida atención a las personas, ello abre un camino para resolver esta crisis de manera sintónica con la opinión ciudadana: Una APS fuerte, resolutiva y universal, un sistema de prestadores mixto con reglas públicas y un sistema de financiamiento de la salud con reglas de seguridad social y no de mercado. Y por cierto, un mercado complementario de seguros de segundo piso con reglas claras, que no siendo parte de la seguridad social lo complementen.

Escuchemos a las personas. Allí está el camino, él más seguro y responsable.