En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ex ministra de Salud y académica de la Universidad de Los Lagos, María Soledad Barría, profundizó sobre las salidas a la crisis de las isapres.
Consultada sobre rol del aparato estatal ante la crisis, si bien destacó la capacidad de supervisión a la industria, “es importante entender que no hemos llegado a esta situación por solamente lo de la Corte Suprema, sino por la acción de las mismas isapres. Creo que es muy importante entender que la situación financiera antes del fallo ya venía siendo delicada por parte de estas empresas, que habían tenido enormes utilidades en los 10, 15 años previos a costa de los afiliados”.
En ese sentido, detalló que “tenían gastos de administración muy elevados, muy superiores a Fonasa y jamás pusieron ni un peso en poder contener los costos. Un seguro tiene que tratar en salud de contener el costo y no solamente traspasarlos a los usuarios” y aclaró que “las isapres no son todo el sistema privado. El sistema privado está compuesto por los prestadores, las clínicas privadas, los médicos, los distintos actores privados y esto que son los seguros”.
Barría explicó que “los seguros tienen como misión responderle al afiliado cuando tiene enfermedades o cuando tiene problemas de salud, pero lo único que hacían las isapres era subir los precios cuando había, por ejemplo, una clínica que le subía el precio, ellos trasmitían esto hacia la persona sin buscar contener esos costos, lo que hace muy difícil, poco viable, porque hay poca gente en el mundo y en el país que sea capaz de darse un seguro de este tipo”.
“Las isapres no hicieron esta contención de costo, más bien se aliaron con los prestadores privados y hoy día eso es lo que uno habla cuando se dice que no debiera haber esta alianza entre el seguro y los prestadores; sin embargo, en Chile sí existe a través de un resquicio legal, porque efectivamente eso está prohibido”, afirmó.
Con todo, la académica puntualizó que “Chile tiene una legislación que considera la posibilidad de que alguna isapre quiebre y eso considera justamente el resguardo de las personas que están afiliadas a esa isapre. Entonces, hoy día no hay que hacer una nueva legislación para ver qué pasa si una quiebra, sino creo que hay que entender que estamos en un momento en que las isapres y algunos de sus aliados privados están buscando posicionarse de mejor manera para tener una legislación pueda disminuir el riesgo para ellas desde el punto de vista financiero que tuvo que ver con este dictamen de la Corte Suprema”.
En esa línea, recalcó que “lo que la Corte Suprema dictaminó es que todas las isapres tienen regirse con lo que dijo la Superintendencia de Salud el 2019. Esto no es una cosa nueva y eso es lo que están reclamando, que produce incertidumbre a las isapres y están tratando de llevarlo a la incertidumbre del sistema, a provocar un cierto miedo de que las cosas terminen en una tremenda crisis”.
“Hay que hacer un llamado a la tranquilidad. El sistema privado, los prestadores, las clínicas no van a quebrar. Una parte importante del sistema privado se basa en que es Fonasa, el sistema público, el que le compra y eso no va a cambiar y tampoco va a cambiar si una isapre quiebra alguien se va a hacer cargo de esa cartera. Hoy día hay una legislación que establece cómo se hace, entonces, no van a quedar en el aire y van a seguir financiando sus prestaciones en el sistema privado como lo han venido haciendo”, expresó Barría.
Por otra parte, planteó que “las isapres como las conocemos no son viables en el largo plazo. Estamos viendo cómo tienen problemas y esto va a ser cada vez peor. Entonces, ha llegado quizá el momento de discutir que todos tenemos que tener un mismo sistema, que sea solidario y eso es lo que estaba planteado por el programa de gobierno del presidente Boric. Así que eso es el final del túnel, por así decir, tiene que ser un sistema universal en el cual todos estemos”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ex ministra de Salud y académica de la Universidad de Los Lagos, María Soledad Barría, profundizó sobre las salidas a la crisis de las isapres.
Consultada sobre rol del aparato estatal ante la crisis, si bien destacó la capacidad de supervisión a la industria, “es importante entender que no hemos llegado a esta situación por solamente lo de la Corte Suprema, sino por la acción de las mismas isapres. Creo que es muy importante entender que la situación financiera antes del fallo ya venía siendo delicada por parte de estas empresas, que habían tenido enormes utilidades en los 10, 15 años previos a costa de los afiliados”.
En ese sentido, detalló que “tenían gastos de administración muy elevados, muy superiores a Fonasa y jamás pusieron ni un peso en poder contener los costos. Un seguro tiene que tratar en salud de contener el costo y no solamente traspasarlos a los usuarios” y aclaró que “las isapres no son todo el sistema privado. El sistema privado está compuesto por los prestadores, las clínicas privadas, los médicos, los distintos actores privados y esto que son los seguros”.
Barría explicó que “los seguros tienen como misión responderle al afiliado cuando tiene enfermedades o cuando tiene problemas de salud, pero lo único que hacían las isapres era subir los precios cuando había, por ejemplo, una clínica que le subía el precio, ellos trasmitían esto hacia la persona sin buscar contener esos costos, lo que hace muy difícil, poco viable, porque hay poca gente en el mundo y en el país que sea capaz de darse un seguro de este tipo”.
“Las isapres no hicieron esta contención de costo, más bien se aliaron con los prestadores privados y hoy día eso es lo que uno habla cuando se dice que no debiera haber esta alianza entre el seguro y los prestadores; sin embargo, en Chile sí existe a través de un resquicio legal, porque efectivamente eso está prohibido”, afirmó.
Con todo, la académica puntualizó que “Chile tiene una legislación que considera la posibilidad de que alguna isapre quiebre y eso considera justamente el resguardo de las personas que están afiliadas a esa isapre. Entonces, hoy día no hay que hacer una nueva legislación para ver qué pasa si una quiebra, sino creo que hay que entender que estamos en un momento en que las isapres y algunos de sus aliados privados están buscando posicionarse de mejor manera para tener una legislación pueda disminuir el riesgo para ellas desde el punto de vista financiero que tuvo que ver con este dictamen de la Corte Suprema”.
En esa línea, recalcó que “lo que la Corte Suprema dictaminó es que todas las isapres tienen regirse con lo que dijo la Superintendencia de Salud el 2019. Esto no es una cosa nueva y eso es lo que están reclamando, que produce incertidumbre a las isapres y están tratando de llevarlo a la incertidumbre del sistema, a provocar un cierto miedo de que las cosas terminen en una tremenda crisis”.
“Hay que hacer un llamado a la tranquilidad. El sistema privado, los prestadores, las clínicas no van a quebrar. Una parte importante del sistema privado se basa en que es Fonasa, el sistema público, el que le compra y eso no va a cambiar y tampoco va a cambiar si una isapre quiebra alguien se va a hacer cargo de esa cartera. Hoy día hay una legislación que establece cómo se hace, entonces, no van a quedar en el aire y van a seguir financiando sus prestaciones en el sistema privado como lo han venido haciendo”, expresó Barría.
Por otra parte, planteó que “las isapres como las conocemos no son viables en el largo plazo. Estamos viendo cómo tienen problemas y esto va a ser cada vez peor. Entonces, ha llegado quizá el momento de discutir que todos tenemos que tener un mismo sistema, que sea solidario y eso es lo que estaba planteado por el programa de gobierno del presidente Boric. Así que eso es el final del túnel, por así decir, tiene que ser un sistema universal en el cual todos estemos”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ex ministra de Salud y académica de la Universidad de Los Lagos, María Soledad Barría, profundizó sobre las salidas a la crisis de las isapres.
Consultada sobre rol del aparato estatal ante la crisis, si bien destacó la capacidad de supervisión a la industria, “es importante entender que no hemos llegado a esta situación por solamente lo de la Corte Suprema, sino por la acción de las mismas isapres. Creo que es muy importante entender que la situación financiera antes del fallo ya venía siendo delicada por parte de estas empresas, que habían tenido enormes utilidades en los 10, 15 años previos a costa de los afiliados”.
En ese sentido, detalló que “tenían gastos de administración muy elevados, muy superiores a Fonasa y jamás pusieron ni un peso en poder contener los costos. Un seguro tiene que tratar en salud de contener el costo y no solamente traspasarlos a los usuarios” y aclaró que “las isapres no son todo el sistema privado. El sistema privado está compuesto por los prestadores, las clínicas privadas, los médicos, los distintos actores privados y esto que son los seguros”.
Barría explicó que “los seguros tienen como misión responderle al afiliado cuando tiene enfermedades o cuando tiene problemas de salud, pero lo único que hacían las isapres era subir los precios cuando había, por ejemplo, una clínica que le subía el precio, ellos trasmitían esto hacia la persona sin buscar contener esos costos, lo que hace muy difícil, poco viable, porque hay poca gente en el mundo y en el país que sea capaz de darse un seguro de este tipo”.
“Las isapres no hicieron esta contención de costo, más bien se aliaron con los prestadores privados y hoy día eso es lo que uno habla cuando se dice que no debiera haber esta alianza entre el seguro y los prestadores; sin embargo, en Chile sí existe a través de un resquicio legal, porque efectivamente eso está prohibido”, afirmó.
Con todo, la académica puntualizó que “Chile tiene una legislación que considera la posibilidad de que alguna isapre quiebre y eso considera justamente el resguardo de las personas que están afiliadas a esa isapre. Entonces, hoy día no hay que hacer una nueva legislación para ver qué pasa si una quiebra, sino creo que hay que entender que estamos en un momento en que las isapres y algunos de sus aliados privados están buscando posicionarse de mejor manera para tener una legislación pueda disminuir el riesgo para ellas desde el punto de vista financiero que tuvo que ver con este dictamen de la Corte Suprema”.
En esa línea, recalcó que “lo que la Corte Suprema dictaminó es que todas las isapres tienen regirse con lo que dijo la Superintendencia de Salud el 2019. Esto no es una cosa nueva y eso es lo que están reclamando, que produce incertidumbre a las isapres y están tratando de llevarlo a la incertidumbre del sistema, a provocar un cierto miedo de que las cosas terminen en una tremenda crisis”.
“Hay que hacer un llamado a la tranquilidad. El sistema privado, los prestadores, las clínicas no van a quebrar. Una parte importante del sistema privado se basa en que es Fonasa, el sistema público, el que le compra y eso no va a cambiar y tampoco va a cambiar si una isapre quiebra alguien se va a hacer cargo de esa cartera. Hoy día hay una legislación que establece cómo se hace, entonces, no van a quedar en el aire y van a seguir financiando sus prestaciones en el sistema privado como lo han venido haciendo”, expresó Barría.
Por otra parte, planteó que “las isapres como las conocemos no son viables en el largo plazo. Estamos viendo cómo tienen problemas y esto va a ser cada vez peor. Entonces, ha llegado quizá el momento de discutir que todos tenemos que tener un mismo sistema, que sea solidario y eso es lo que estaba planteado por el programa de gobierno del presidente Boric. Así que eso es el final del túnel, por así decir, tiene que ser un sistema universal en el cual todos estemos”.
