La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte apeló a la buena fe de los diputados de oposición frente a la decisión que deberán adoptar este jueves respecto de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

Tras el rechazo de la acción emprendida por el Partido Republicano en la comisión revisora, en el Ejecutivo se mostraron cautos a la hora de emitir una declaración sobre un eventual rechazo de la acusación, aunque ven como positivo que algunos legisladores de la UDI se hayan desmarcado.

Conocida la resolución de la instancia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que lo que se ha visto es una evaluación en que los argumentos que se han dado respecto de “los pocos fundamentos que tiene esta acusación han sido escuchados por distintos actores y que la manera en que se ha argumentado también ha encontrado acogida”.

Asimismo, planteó que en definitiva esto se va a votar este jueves en la Sala donde se verá “el pronunciamiento de distintos sectores”, pero que “ojalá podamos retomar la agenda de prioridad de la ciudadanía y no seguir atrapados en esta agenda de las acusaciones”.

Por su parte, la ministra Uriarte afirmó que “seguimos apelando, llamando a la buena fe, al análisis en conciencia respecto de este instrumento, que tenemos que reconocer que todo el arco político incluido las fuerzas que corresponden a mi alianza, a ambas coaliciones, en momentos hemos hecho un uso impropio de ella (AC)”.

Por ello afirmó que “pedimos, solicitamos que en un análisis reflexivo, riguroso, de buena fe, entendiendo el sentido que tienen las acusaciones constitucionales, no se deje a un ministro de Estado fuera de su tarea y con una pena tan grave como es cinco años de prohibición para ejercer cualquier cargo público“.

Agregó que los “hechos que pretenden imputarse al ministro Jackson como una infracción jurídica, no constituyen una infracción jurídica y es por ello que pensamos, insisto, que un análisis riguroso de buena fe, podrán concluir los honorables diputados y diputadas que la acusación constitucional no es procedente”.

Desmarques opositores 

Distintos parlamentarios de la oposición han expresado durante las últimas  horas sus reparos a la acusación contra el ministro Jackson.

A esto se suma la decisión del diputado que integraba la comisión revisora, Joaquín Lavín, quien al abstenerse, abrió cierta esperanza en el oficialismo respecto del futuro de la acusación.

Otro de los diputados UDI, Cristhian Moreira, aseguró que se abstendrá, ya que “no porque a una persona le caiga mal a un ministro lo vamos a ejecutar“.

De acuerdo a las cuentas que sacan los sectores políticos, Chile Vamos no votaría alineado ya que los votos de Lavín y Moreira se sumarían a los cerca de seis diputados de RN que también han manifestado dudas sobre la acusación.

En la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo reconoció que dada la posición que han evidenciado distintos sectores “es probable que la acusación se caiga”. Al respecto puntualizó que “va a ser un resultado estrecho, pero hay que poner la responsabilidad política. Creo que no estamos en condiciones de conducir al país a una crisis política que eso pueda significar la caída del ministro Jackson. Como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, sería un golpe a la línea de flotación de este gobierno”.

En Evópoli, por su parte, no hay una decisión asumida, como lo reconoció el diputado Hotuiti Teao. “No se está emitiendo un juicio contra el ministro Jackson por su personalidad o vida privada, estamos revisando toda la información con respecto a las atribuciones que tiene como ministro y si se cumplen o no. Como parte del Comité de Evópoli, todavía lo estamos evaluando”, indicó.

Otros sectores de derecha, ya adoptaron la decisión de apoyar la acusación emprendida por la ultraderecha, como es el caso del Partido de la Gente (PDG).

El parlamentario Rubén Oyarzo, en representación de cuatro legisladores, señaló que “nosotros creemos que una acusación constitucional es una herramienta de los parlamentarios jurídica y política. Por eso es que creemos que acá hay mérito jurídico respecto de las presiones que recibió la exseremi Patricia Hidalgo y también que por los temas de la niñez hay mérito jurídico y que se debe investigar a lo menos”.

 “Nosotros como PDG vamos a votar a favor de la acusación constitucional”, dijo Oyarzo.

Añadió que como bancada “solicitamos al Gobierno que acepte la renuncia del amigo del Presidente para que no pasen un bochorno el día de mañana, porque creemos acá que hay mérito jurídico y además hay mérito político de sobra”.