Por 74 votos a favor, 72 en contra y dos abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la denominada “cuestión previa” por lo que en estos momentos los parlamentarios procedieron a revisar el fondo de la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por un supuesto “abuso de autoridad y de poder”.
En particular, destacaron las abstenciones de los diputados independientes Mónica Arce y Francisco Pulgar y el rechazo por parte del diputado UDI, Christian Moreira, quien pese a haber anunciado su abstención, cambió de opinión a solo horas de iniciarse la votación.
En su cuenta de Twitter el gremialista afirmó que “con más argumentos y antecedentes me han hecho ver y recapacitar una decisión muy apresurada y equivocada que había tomado. Además, en estos días desgraciadamente el ministro Giorgio Jackson no ha demostrado arrepentimiento alguno o hacer un mea culpa. Sorry (sic) ministro votare a favor”.
A esto se suma la decisión de la comisión política de Renovación Nacional, que llamó a sus diputados a votar favorablemente la acusación contra el secretario de Estado. A través de un comunicado la colectividad señaló que “en los dos ministerios que ha encabezado el señor Jackson no solo ha demostrado que no tiene las competencias necesarias para dichos cargos, sino que, además, ha infringido gravemente la ley, en diversas oportunidades, al punto haberse declarado por parte de la Contraloría General de la República, que el señor Jackson efectuó intervencionismo electoral para el plebiscito del 4 de septiembre”.
Sin embargo, más positiva fue la postura de la Democracia Cristiana, que previo a la votación, anunció su rechazo al libelo. Según expresó en un punto de prensa el diputado Alberto Undurraga “las acusaciones constitucionales no son un concurso de simpatía, aquí no se trata de si nos cae bien o nos cae mal. Tampoco son un instrumento para hacer una evaluación de la gestión si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal el ministro Jackson, sino que las acusaciones constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico se tratan de una evaluación si ha pasado o no a llevar la Constitución de la República”.
Durante su exposición, la defensa del ministro, Claudia Sarmiento, afirmó que la acusación “ignora el carácter de última ratio de esta institución y, por el contrario, se ejerce como un mecanismo de control de mérito y de conveniencia política”.
También esgrimió que la medida “carece de un estándar mínimo de fundamentación” y que “falla al no identificar hechos personales concretos y directos realizados por el ministro”, puesto que “da cuenta de hechos generales y de hechos realizados dentro de la esfera de atribuciones de otros órganos de la administración del Estado, que no se relacionan con el despliegue de alguna actividad particular y personal del ministro Giorgio Jackson Drago y que, incluso, muchos de ellos son previos a que él asumiera como ministro”.
Así, por ejemplo, respecto del capítulo segundo, que refiere a la desvinculación de la ex seremi de Desarrollo Social RM, Patricia Hidalgo, la abogada sostuvo que “las y los acusadores del Partido Republicano replican la denuncia que apareció en los medios de prensa de la ex seremi, quien detentaba un cargo de exclusiva confianza, donde indica que se le solicitó por otras autoridades, no el ministro Giorgio Jackson, que cumpliera con su deber de asistir, de integrar las instancias de participación asociadas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y señala que fue presionada para emitir su voto conforme con las valoraciones legales de su jefatura”.
“Tanto en los actos formales de denuncia como en su comparecencia en la comisión la ex seremi señaló de forma clara, prístina, que el ministro no la llamó, que no le solicitó conducta alguna en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y que ella le informó de lo que estimaba eran presiones recién el 30 de noviembre, cuando él le solicita su renuncia”, añadió Sarmiento.
Con este resultado se intensifica el escenario de incertidumbre para el titular de Desarrollo Social, toda vez que el libelo requiere de 78 votos para prosperar y, por tanto, pasar al Senado, donde podría sellarse su eventual destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.
Por 74 votos a favor, 72 en contra y dos abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la denominada “cuestión previa” por lo que en estos momentos los parlamentarios procedieron a revisar el fondo de la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por un supuesto “abuso de autoridad y de poder”.
En particular, destacaron las abstenciones de los diputados independientes Mónica Arce y Francisco Pulgar y el rechazo por parte del diputado UDI, Christian Moreira, quien pese a haber anunciado su abstención, cambió de opinión a solo horas de iniciarse la votación.
En su cuenta de Twitter el gremialista afirmó que “con más argumentos y antecedentes me han hecho ver y recapacitar una decisión muy apresurada y equivocada que había tomado. Además, en estos días desgraciadamente el ministro Giorgio Jackson no ha demostrado arrepentimiento alguno o hacer un mea culpa. Sorry (sic) ministro votare a favor”.
A esto se suma la decisión de la comisión política de Renovación Nacional, que llamó a sus diputados a votar favorablemente la acusación contra el secretario de Estado. A través de un comunicado la colectividad señaló que “en los dos ministerios que ha encabezado el señor Jackson no solo ha demostrado que no tiene las competencias necesarias para dichos cargos, sino que, además, ha infringido gravemente la ley, en diversas oportunidades, al punto haberse declarado por parte de la Contraloría General de la República, que el señor Jackson efectuó intervencionismo electoral para el plebiscito del 4 de septiembre”.
Sin embargo, más positiva fue la postura de la Democracia Cristiana, que previo a la votación, anunció su rechazo al libelo. Según expresó en un punto de prensa el diputado Alberto Undurraga “las acusaciones constitucionales no son un concurso de simpatía, aquí no se trata de si nos cae bien o nos cae mal. Tampoco son un instrumento para hacer una evaluación de la gestión si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal el ministro Jackson, sino que las acusaciones constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico se tratan de una evaluación si ha pasado o no a llevar la Constitución de la República”.
Durante su exposición, la defensa del ministro, Claudia Sarmiento, afirmó que la acusación “ignora el carácter de última ratio de esta institución y, por el contrario, se ejerce como un mecanismo de control de mérito y de conveniencia política”.
También esgrimió que la medida “carece de un estándar mínimo de fundamentación” y que “falla al no identificar hechos personales concretos y directos realizados por el ministro”, puesto que “da cuenta de hechos generales y de hechos realizados dentro de la esfera de atribuciones de otros órganos de la administración del Estado, que no se relacionan con el despliegue de alguna actividad particular y personal del ministro Giorgio Jackson Drago y que, incluso, muchos de ellos son previos a que él asumiera como ministro”.
Así, por ejemplo, respecto del capítulo segundo, que refiere a la desvinculación de la ex seremi de Desarrollo Social RM, Patricia Hidalgo, la abogada sostuvo que “las y los acusadores del Partido Republicano replican la denuncia que apareció en los medios de prensa de la ex seremi, quien detentaba un cargo de exclusiva confianza, donde indica que se le solicitó por otras autoridades, no el ministro Giorgio Jackson, que cumpliera con su deber de asistir, de integrar las instancias de participación asociadas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y señala que fue presionada para emitir su voto conforme con las valoraciones legales de su jefatura”.
“Tanto en los actos formales de denuncia como en su comparecencia en la comisión la ex seremi señaló de forma clara, prístina, que el ministro no la llamó, que no le solicitó conducta alguna en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y que ella le informó de lo que estimaba eran presiones recién el 30 de noviembre, cuando él le solicita su renuncia”, añadió Sarmiento.
Con este resultado se intensifica el escenario de incertidumbre para el titular de Desarrollo Social, toda vez que el libelo requiere de 78 votos para prosperar y, por tanto, pasar al Senado, donde podría sellarse su eventual destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.
Por 74 votos a favor, 72 en contra y dos abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la denominada “cuestión previa” por lo que en estos momentos los parlamentarios procedieron a revisar el fondo de la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por un supuesto “abuso de autoridad y de poder”.
En particular, destacaron las abstenciones de los diputados independientes Mónica Arce y Francisco Pulgar y el rechazo por parte del diputado UDI, Christian Moreira, quien pese a haber anunciado su abstención, cambió de opinión a solo horas de iniciarse la votación.
En su cuenta de Twitter el gremialista afirmó que “con más argumentos y antecedentes me han hecho ver y recapacitar una decisión muy apresurada y equivocada que había tomado. Además, en estos días desgraciadamente el ministro Giorgio Jackson no ha demostrado arrepentimiento alguno o hacer un mea culpa. Sorry (sic) ministro votare a favor”.
A esto se suma la decisión de la comisión política de Renovación Nacional, que llamó a sus diputados a votar favorablemente la acusación contra el secretario de Estado. A través de un comunicado la colectividad señaló que “en los dos ministerios que ha encabezado el señor Jackson no solo ha demostrado que no tiene las competencias necesarias para dichos cargos, sino que, además, ha infringido gravemente la ley, en diversas oportunidades, al punto haberse declarado por parte de la Contraloría General de la República, que el señor Jackson efectuó intervencionismo electoral para el plebiscito del 4 de septiembre”.
Sin embargo, más positiva fue la postura de la Democracia Cristiana, que previo a la votación, anunció su rechazo al libelo. Según expresó en un punto de prensa el diputado Alberto Undurraga “las acusaciones constitucionales no son un concurso de simpatía, aquí no se trata de si nos cae bien o nos cae mal. Tampoco son un instrumento para hacer una evaluación de la gestión si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal el ministro Jackson, sino que las acusaciones constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico se tratan de una evaluación si ha pasado o no a llevar la Constitución de la República”.
Durante su exposición, la defensa del ministro, Claudia Sarmiento, afirmó que la acusación “ignora el carácter de última ratio de esta institución y, por el contrario, se ejerce como un mecanismo de control de mérito y de conveniencia política”.
También esgrimió que la medida “carece de un estándar mínimo de fundamentación” y que “falla al no identificar hechos personales concretos y directos realizados por el ministro”, puesto que “da cuenta de hechos generales y de hechos realizados dentro de la esfera de atribuciones de otros órganos de la administración del Estado, que no se relacionan con el despliegue de alguna actividad particular y personal del ministro Giorgio Jackson Drago y que, incluso, muchos de ellos son previos a que él asumiera como ministro”.
Así, por ejemplo, respecto del capítulo segundo, que refiere a la desvinculación de la ex seremi de Desarrollo Social RM, Patricia Hidalgo, la abogada sostuvo que “las y los acusadores del Partido Republicano replican la denuncia que apareció en los medios de prensa de la ex seremi, quien detentaba un cargo de exclusiva confianza, donde indica que se le solicitó por otras autoridades, no el ministro Giorgio Jackson, que cumpliera con su deber de asistir, de integrar las instancias de participación asociadas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y señala que fue presionada para emitir su voto conforme con las valoraciones legales de su jefatura”.
“Tanto en los actos formales de denuncia como en su comparecencia en la comisión la ex seremi señaló de forma clara, prístina, que el ministro no la llamó, que no le solicitó conducta alguna en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y que ella le informó de lo que estimaba eran presiones recién el 30 de noviembre, cuando él le solicita su renuncia”, añadió Sarmiento.
Con este resultado se intensifica el escenario de incertidumbre para el titular de Desarrollo Social, toda vez que el libelo requiere de 78 votos para prosperar y, por tanto, pasar al Senado, donde podría sellarse su eventual destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.
