El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, emplazó a la oposición a reanudar los diálogos por un Acuerdo de Seguridad, instancia que lleva adelante el Gobierno y que sufrió bajas tras los indultos presidenciales.
Orrego hizo las declaraciones en el marco de la primera Cumbre Regional de Seguridad Pública realizada en la mañana de este sábado, donde se conversó sobre objetivos e iniciativas de política pública para mejorar el área.
Junto al gobernador estuvo el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, sumado a la Subsecretaría Prevención del Delito, Carabineros, directores de seguridad pública de municipios y representantes de juntas de vecinos.
En la instancia, Orrego afirmó que el gobierno debe entender “que no les sobran las manos, les faltan las manos y los gobiernos regionales estamos aquí para ayudar no solo con recursos que en el caso de Santiago estamos invirtiendo más de 50 mil millones de pesos en distintas instancias de seguridad, luminarias, cámaras de televigilancia, vehículos policial, cuarteles de la PDI, trabajo comunitario, sino que también estamos articulando a la sociedad civil”.
La autoridad afirmó que los vecinos dicen “por favor sentido de urgencia, estamos cansados de vivir encerrados. ¿Qué sacamos con hacer plazas si las plazas están vacías o tomadas por los delincuentes? Lo que queremos hacer es poner la billetera donde ponemos la boca, es decir aumentar los recursos en seguridad. Lo vamos a hacer en un 8 por ciento, pero además vamos a reforzar el trabajo en prevención”.
En ese sentido, Orrego afirmó que “la seguridad debiera convocarnos a todos sin ninguna excepción y sin ninguna excusa“, por lo que hizo “un llamado a los que se fueron de la mesa a que vuelvan”.
“Uno puede ser crítico de distintas acciones del gobierno, yo también lo he sido como gobernador, pero eso no es una excusa válida para restarse de la mesa de seguridad, que es lo que nos están exigiendo todos los chilenos“, agregó.
La autoridad sostuvo que se necesita de “generosidad y sentido de urgencia”, además de dejar de lado “algunas diferencias” para discutir “cómo combatir el crimen organizado, cómo combatir el uso de armas y los homicidios, y cómo combatir al narcotráfico, porque eso es lo que la gente nos está pidiendo”.
Por su parte, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos reclamó que la mesa de seguridad y el acuerdo nacional que se está sacando “pueda tener la voz de los municipios, que es la voz de la ciudadanía”.
Agregó que ante la falta de carabineros que resguarden a la población “por favor preparen civiles para que hagan las labores administrativas en las comisarías y así poder desplegar a los carabineros en los territorios, porque es lo que pide la ciudadanía. Además, que se acabe la concursabilidad de las fuentes de financiamiento que tienen los comités de seguridad para sacar adelante los proyectos”.
En el marco del encuentro de los 16 gobiernos regionales de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras (AGORECHI) se selló con el Ejecutivo un acuerdo que profundiza el proceso de descentralización y traspasa importantes atribuciones a los gobiernos regionales.
Esto incluye la función en prevención del delito a través de una ley orgánica constitucional; la facultad de desarrollar políticas regionales en el tema, además de planes y programas en sus regiones; la creación de la División de seguridad regional, el aumento de atribuciones en otras materias y el envío de ley que elimina la figura de los delegados presidenciales en mayo de 2023.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, emplazó a la oposición a reanudar los diálogos por un Acuerdo de Seguridad, instancia que lleva adelante el Gobierno y que sufrió bajas tras los indultos presidenciales.
Orrego hizo las declaraciones en el marco de la primera Cumbre Regional de Seguridad Pública realizada en la mañana de este sábado, donde se conversó sobre objetivos e iniciativas de política pública para mejorar el área.
Junto al gobernador estuvo el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, sumado a la Subsecretaría Prevención del Delito, Carabineros, directores de seguridad pública de municipios y representantes de juntas de vecinos.
En la instancia, Orrego afirmó que el gobierno debe entender “que no les sobran las manos, les faltan las manos y los gobiernos regionales estamos aquí para ayudar no solo con recursos que en el caso de Santiago estamos invirtiendo más de 50 mil millones de pesos en distintas instancias de seguridad, luminarias, cámaras de televigilancia, vehículos policial, cuarteles de la PDI, trabajo comunitario, sino que también estamos articulando a la sociedad civil”.
La autoridad afirmó que los vecinos dicen “por favor sentido de urgencia, estamos cansados de vivir encerrados. ¿Qué sacamos con hacer plazas si las plazas están vacías o tomadas por los delincuentes? Lo que queremos hacer es poner la billetera donde ponemos la boca, es decir aumentar los recursos en seguridad. Lo vamos a hacer en un 8 por ciento, pero además vamos a reforzar el trabajo en prevención”.
En ese sentido, Orrego afirmó que “la seguridad debiera convocarnos a todos sin ninguna excepción y sin ninguna excusa“, por lo que hizo “un llamado a los que se fueron de la mesa a que vuelvan”.
“Uno puede ser crítico de distintas acciones del gobierno, yo también lo he sido como gobernador, pero eso no es una excusa válida para restarse de la mesa de seguridad, que es lo que nos están exigiendo todos los chilenos“, agregó.
La autoridad sostuvo que se necesita de “generosidad y sentido de urgencia”, además de dejar de lado “algunas diferencias” para discutir “cómo combatir el crimen organizado, cómo combatir el uso de armas y los homicidios, y cómo combatir al narcotráfico, porque eso es lo que la gente nos está pidiendo”.
Por su parte, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos reclamó que la mesa de seguridad y el acuerdo nacional que se está sacando “pueda tener la voz de los municipios, que es la voz de la ciudadanía”.
Agregó que ante la falta de carabineros que resguarden a la población “por favor preparen civiles para que hagan las labores administrativas en las comisarías y así poder desplegar a los carabineros en los territorios, porque es lo que pide la ciudadanía. Además, que se acabe la concursabilidad de las fuentes de financiamiento que tienen los comités de seguridad para sacar adelante los proyectos”.
En el marco del encuentro de los 16 gobiernos regionales de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras (AGORECHI) se selló con el Ejecutivo un acuerdo que profundiza el proceso de descentralización y traspasa importantes atribuciones a los gobiernos regionales.
Esto incluye la función en prevención del delito a través de una ley orgánica constitucional; la facultad de desarrollar políticas regionales en el tema, además de planes y programas en sus regiones; la creación de la División de seguridad regional, el aumento de atribuciones en otras materias y el envío de ley que elimina la figura de los delegados presidenciales en mayo de 2023.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, emplazó a la oposición a reanudar los diálogos por un Acuerdo de Seguridad, instancia que lleva adelante el Gobierno y que sufrió bajas tras los indultos presidenciales.
Orrego hizo las declaraciones en el marco de la primera Cumbre Regional de Seguridad Pública realizada en la mañana de este sábado, donde se conversó sobre objetivos e iniciativas de política pública para mejorar el área.
Junto al gobernador estuvo el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, sumado a la Subsecretaría Prevención del Delito, Carabineros, directores de seguridad pública de municipios y representantes de juntas de vecinos.
En la instancia, Orrego afirmó que el gobierno debe entender “que no les sobran las manos, les faltan las manos y los gobiernos regionales estamos aquí para ayudar no solo con recursos que en el caso de Santiago estamos invirtiendo más de 50 mil millones de pesos en distintas instancias de seguridad, luminarias, cámaras de televigilancia, vehículos policial, cuarteles de la PDI, trabajo comunitario, sino que también estamos articulando a la sociedad civil”.
La autoridad afirmó que los vecinos dicen “por favor sentido de urgencia, estamos cansados de vivir encerrados. ¿Qué sacamos con hacer plazas si las plazas están vacías o tomadas por los delincuentes? Lo que queremos hacer es poner la billetera donde ponemos la boca, es decir aumentar los recursos en seguridad. Lo vamos a hacer en un 8 por ciento, pero además vamos a reforzar el trabajo en prevención”.
En ese sentido, Orrego afirmó que “la seguridad debiera convocarnos a todos sin ninguna excepción y sin ninguna excusa“, por lo que hizo “un llamado a los que se fueron de la mesa a que vuelvan”.
“Uno puede ser crítico de distintas acciones del gobierno, yo también lo he sido como gobernador, pero eso no es una excusa válida para restarse de la mesa de seguridad, que es lo que nos están exigiendo todos los chilenos“, agregó.
La autoridad sostuvo que se necesita de “generosidad y sentido de urgencia”, además de dejar de lado “algunas diferencias” para discutir “cómo combatir el crimen organizado, cómo combatir el uso de armas y los homicidios, y cómo combatir al narcotráfico, porque eso es lo que la gente nos está pidiendo”.
Por su parte, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos reclamó que la mesa de seguridad y el acuerdo nacional que se está sacando “pueda tener la voz de los municipios, que es la voz de la ciudadanía”.
Agregó que ante la falta de carabineros que resguarden a la población “por favor preparen civiles para que hagan las labores administrativas en las comisarías y así poder desplegar a los carabineros en los territorios, porque es lo que pide la ciudadanía. Además, que se acabe la concursabilidad de las fuentes de financiamiento que tienen los comités de seguridad para sacar adelante los proyectos”.
En el marco del encuentro de los 16 gobiernos regionales de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras (AGORECHI) se selló con el Ejecutivo un acuerdo que profundiza el proceso de descentralización y traspasa importantes atribuciones a los gobiernos regionales.
Esto incluye la función en prevención del delito a través de una ley orgánica constitucional; la facultad de desarrollar políticas regionales en el tema, además de planes y programas en sus regiones; la creación de la División de seguridad regional, el aumento de atribuciones en otras materias y el envío de ley que elimina la figura de los delegados presidenciales en mayo de 2023.
