Comienza una semana clave para el futuro político de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, toda vez que el Congreso deberá pronunciarse sobre la acusación constitucional ingresada por legisladores de Chile Vamos en su contra que, de aprobarse, la inhabilitaría para ejercer cargos públicos por cinco años.

En particular, la Comisión Revisora –de mayoría opositora- deberá votar mañana martes el libelo de dos capítulos, que apuntan a una presunta responsabilidad de la ex titular en la concesión de 13 indultos presidenciales, entre ellos al ex frentista Jorge Mateluna y en el otorgamiento de beneficios penitenciarios a reos de la denominada Macrozona Sur.

Posteriormente, el miércoles hará lo propio la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, lugar en el que, además, expondrá la defensa de la exautoridad, el abogado José Antonio Viera-Gallo, quien ya el pasado viernes sostuvo ante la Comisión Revisora que las acciones de Ríos no constituyen una ilegalidad y que, por tanto, la acusación sería improcedente.

El diputado independiente de la bancada UDI y presidente de esta última instancia, Álvaro Carter, si bien evitó confirmar su posición, planteó la posibilidad de que la totalidad de Chile Vamos se cuadre en favor de avanzar en la iniciativa y agregó que de prosperar en la Cámara de Diputadas y Diputados “se abren aristas que creo que no habían sido pensadas por el Gobierno como, por ejemplo, una cosa que dijo el señor Viera-Gallo, que las responsabilidades acá son compartidas entre la ministra y el Presidente. Por lo tanto, ahí vamos a subir un escalón y tal vez va a ser el Presidente quien va a ser citado o entregar alguna explicación por medio de algún oficio respecto a cómo tomó la decisión para entregar estos indultos”.

Asimismo, el legislador descartó una incompatibilidad entre la presentación de la acusación y los requerimientos que ha hecho la oposición ante el Tribunal Constitucional y la Contraloría para invalidar los indultos. “Nosotros somos un poder político, acá lo que se está viendo en cuestión es la decisión política tanto del Presidente, pero especialmente de la ministra. Suceda o lo que no suceda en el TC o en la Contraloría para este caso puntual no tiene nada que ver con el Congreso”, señaló.

Una postura similar expresó el también gremialista, Henry Leal, quien aseveró que ambas acciones “son muy distintas. Por un lado, está la responsabilidad judicial, cuando hay un delito, la responsabilidad civil que es de los tribunales. Distinta es la responsabilidad administrativa que la establece la Contraloría y la otra es la política. La acusación es un juicio político, no jurídico, hay que separar los temas. Yo creo que no hay ninguna contradicción, es una facultad que tiene la Cámara y nosotros nos vamos a regir por esa ley”.

Además, dijo que no le extrañaría un amplio despliegue por parte del Gobierno para interceder en favor de la ministra en el Congreso, en una actitud similar a la ocurrida en el marco de la acusación contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. “En definitiva la ciudadanía de Chile ya se hizo una opinión, los indultos fueron uno de los peores errores que cometió el Presidente de la República y la ministra fue quien asesoró al Presidente. Es su cartera la que le correspondía decir ‘ese indulto no procede’ y le dio curso, lo firmó y, por lo tanto, hoy día no puede soslayar su responsabilidad que tiene al haber incumplido la ley”, expresó.

En el oficialismo, la diputada del Partido Comunista, Carolina Tello, manifestó que “creo que hemos podido recibir muchas opiniones y antecedentes respecto de lo que la acusación señala y así también la defensa de la exministra y yo tengo ya una idea en relación a lo que aquí se ha ido exponiendo y que tiene que ver con que esta acusación constitucional no tendría el mérito suficiente para dar a lugar a la misma y que eventualmente pudiera avanzar al Senado”, defendiendo que no habría vicios en torno a la fundamentación de los indultos concedidos por el mandatario.

También consideró que la responsabilidad política de la extitular  de Justicia se hizo efectiva una vez habiendo renunciado a la cartera y, por ende, aseguró que “si hacemos desde la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados un análisis y una evaluación seria desde el punto de vista político-jurídico, que es lo que hemos conversado durante esta semana, debiera primar que no avance la acusación porque creo que queda claramente establecido que no habría infracción a la ley”.

“Nosotros como Gobierno no la vamos a dejar sola”

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que la exposición de la defensa de la exministra Marcela Ríos frente a la acusación constitucional pueda servir como argumento para un eventual libelo contra el Presidente Gabriel Boric.

Esto, a propósito de los dichos del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, quien habría abordado dicha posibilidad al acusar posibles actos inconstitucionales del mandatario en relación a los indultos.

“La ministra tiene su propia defensa como corresponde. En segundo lugar, nosotros como Gobierno no vamos a dejarla sola y esa es una convicción que nos asiste al ser exministra y va a contar con todo nuestro apoyo. Lo que ha dicho la defensa es una cuestión obvia, las firmas delegadas son tan antiguas como el Estado de Chile y, por lo tanto, es una constatación de cómo operan las delegaciones de firmas y son las responsabilidades institucionales que tiene toda autoridad. Entonces, sacar otro tipo de conjeturas tiene que ver con la intencionalidad política de llevar esto siempre al Presidente, más no se sustenta en la argumentación de la defensa, porque esto es simplemente una obviedad de como opera el Estado”, comentó Vallejo.