Organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores de la salud hicieron un llamado al Gobierno a aplicar en toda su extensión el fallo de la Corte Suprema que ordena la restitución de los fondos cobrados de más a los afiliados por la aplicación retroactiva de la tabla de factores.
En un comunicado, las entidades destacaron que “la salud es un derecho humano universal reconocido como tal por la Declaración de los DD HH de la ONU y, por ende, es también una responsabilidad del Estado. Por lo anterior es de toda lógica concluir que la salud no puede quedar en manos de empresas privadas cuyo objetivo fundacional es la obtención de utilidades”.
Por eso, puntualizaron que “nos hacemos el deber de exigir al gobierno que aplique en todo su rigor el fallo de la Corte Suprema en los plazos establecidos, absteniéndose de ceder a las inmorales presiones de actores empresariales y políticos cuyos intereses como grupo son del todo insignificantes respecto de los superiores intereses del país”.
Las organizaciones recordaron que el sistema de aseguradoras privadas fue impuesto al país durante la dictadura cívico-militar desde 1980 “basándose en un subsidio de recursos públicos en beneficio de dichas empresas privadas y con la finalidad expresa de crear las condiciones más favorables al negocio de la salud en nuestro país en el que hasta entonces, los cuidados de salud de la inmensa mayoría de la población estaban en manos del sistema público, sistema cuya exitosa historia ha sido reconocida en el ámbito mundial”.
Este sistema, precisan en el escrito, significó además que se socavaran los cimientos del sistema público de salud. “Resultado de lo mencionado las ISAPRE han obtenido utilidades en los últimos años superiores a los mil millones de dólares, siendo las pérdidas actuales muy inferiores a sus ganancias históricas”, subrayaron.
“Ante la situación que afecta a las ISAPRE múltiples actores del mundo empresarial y político han emplazado al gobierno actual a buscar fórmulas para salvar al sector logrando con ello forzar a las autoridades a instalar una mesa de trabajo con representantes de la asociación gremial de las ISAPRE y de la asociación de clínicas privadas”, dicen en el comunicado.
Por eso sostienen que “no sería en absoluto de extrañar que de dicha instancia surjan propuestas que supongan, sea el traspaso de recursos públicos a las empresas de salud privadas a fin de compensar los efectos del fallo de la Corte Suprema o la búsqueda de fórmulas para eludir dicho fallo”.
Para las organizaciones, “en ambos casos, el daño a decenas de miles de afiliados a las ISAPRE sería inevitable, así como las consecuencias dañinas para el sistema público en donde se atiende más del 80% de la población nacional por cuanto los recursos que eventualmente se transfieran a privados serían en detrimento de lo público”.
Entre los firmantes del documento están la CONFUSAM, organizaciones sindicales, entidades territoriales y la Agrupación de Mujeres Democráticas.
Organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores de la salud hicieron un llamado al Gobierno a aplicar en toda su extensión el fallo de la Corte Suprema que ordena la restitución de los fondos cobrados de más a los afiliados por la aplicación retroactiva de la tabla de factores.
En un comunicado, las entidades destacaron que “la salud es un derecho humano universal reconocido como tal por la Declaración de los DD HH de la ONU y, por ende, es también una responsabilidad del Estado. Por lo anterior es de toda lógica concluir que la salud no puede quedar en manos de empresas privadas cuyo objetivo fundacional es la obtención de utilidades”.
Por eso, puntualizaron que “nos hacemos el deber de exigir al gobierno que aplique en todo su rigor el fallo de la Corte Suprema en los plazos establecidos, absteniéndose de ceder a las inmorales presiones de actores empresariales y políticos cuyos intereses como grupo son del todo insignificantes respecto de los superiores intereses del país”.
Las organizaciones recordaron que el sistema de aseguradoras privadas fue impuesto al país durante la dictadura cívico-militar desde 1980 “basándose en un subsidio de recursos públicos en beneficio de dichas empresas privadas y con la finalidad expresa de crear las condiciones más favorables al negocio de la salud en nuestro país en el que hasta entonces, los cuidados de salud de la inmensa mayoría de la población estaban en manos del sistema público, sistema cuya exitosa historia ha sido reconocida en el ámbito mundial”.
Este sistema, precisan en el escrito, significó además que se socavaran los cimientos del sistema público de salud. “Resultado de lo mencionado las ISAPRE han obtenido utilidades en los últimos años superiores a los mil millones de dólares, siendo las pérdidas actuales muy inferiores a sus ganancias históricas”, subrayaron.
“Ante la situación que afecta a las ISAPRE múltiples actores del mundo empresarial y político han emplazado al gobierno actual a buscar fórmulas para salvar al sector logrando con ello forzar a las autoridades a instalar una mesa de trabajo con representantes de la asociación gremial de las ISAPRE y de la asociación de clínicas privadas”, dicen en el comunicado.
Por eso sostienen que “no sería en absoluto de extrañar que de dicha instancia surjan propuestas que supongan, sea el traspaso de recursos públicos a las empresas de salud privadas a fin de compensar los efectos del fallo de la Corte Suprema o la búsqueda de fórmulas para eludir dicho fallo”.
Para las organizaciones, “en ambos casos, el daño a decenas de miles de afiliados a las ISAPRE sería inevitable, así como las consecuencias dañinas para el sistema público en donde se atiende más del 80% de la población nacional por cuanto los recursos que eventualmente se transfieran a privados serían en detrimento de lo público”.
Entre los firmantes del documento están la CONFUSAM, organizaciones sindicales, entidades territoriales y la Agrupación de Mujeres Democráticas.
Organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores de la salud hicieron un llamado al Gobierno a aplicar en toda su extensión el fallo de la Corte Suprema que ordena la restitución de los fondos cobrados de más a los afiliados por la aplicación retroactiva de la tabla de factores.
En un comunicado, las entidades destacaron que “la salud es un derecho humano universal reconocido como tal por la Declaración de los DD HH de la ONU y, por ende, es también una responsabilidad del Estado. Por lo anterior es de toda lógica concluir que la salud no puede quedar en manos de empresas privadas cuyo objetivo fundacional es la obtención de utilidades”.
Por eso, puntualizaron que “nos hacemos el deber de exigir al gobierno que aplique en todo su rigor el fallo de la Corte Suprema en los plazos establecidos, absteniéndose de ceder a las inmorales presiones de actores empresariales y políticos cuyos intereses como grupo son del todo insignificantes respecto de los superiores intereses del país”.
Las organizaciones recordaron que el sistema de aseguradoras privadas fue impuesto al país durante la dictadura cívico-militar desde 1980 “basándose en un subsidio de recursos públicos en beneficio de dichas empresas privadas y con la finalidad expresa de crear las condiciones más favorables al negocio de la salud en nuestro país en el que hasta entonces, los cuidados de salud de la inmensa mayoría de la población estaban en manos del sistema público, sistema cuya exitosa historia ha sido reconocida en el ámbito mundial”.
Este sistema, precisan en el escrito, significó además que se socavaran los cimientos del sistema público de salud. “Resultado de lo mencionado las ISAPRE han obtenido utilidades en los últimos años superiores a los mil millones de dólares, siendo las pérdidas actuales muy inferiores a sus ganancias históricas”, subrayaron.
“Ante la situación que afecta a las ISAPRE múltiples actores del mundo empresarial y político han emplazado al gobierno actual a buscar fórmulas para salvar al sector logrando con ello forzar a las autoridades a instalar una mesa de trabajo con representantes de la asociación gremial de las ISAPRE y de la asociación de clínicas privadas”, dicen en el comunicado.
Por eso sostienen que “no sería en absoluto de extrañar que de dicha instancia surjan propuestas que supongan, sea el traspaso de recursos públicos a las empresas de salud privadas a fin de compensar los efectos del fallo de la Corte Suprema o la búsqueda de fórmulas para eludir dicho fallo”.
Para las organizaciones, “en ambos casos, el daño a decenas de miles de afiliados a las ISAPRE sería inevitable, así como las consecuencias dañinas para el sistema público en donde se atiende más del 80% de la población nacional por cuanto los recursos que eventualmente se transfieran a privados serían en detrimento de lo público”.
Entre los firmantes del documento están la CONFUSAM, organizaciones sindicales, entidades territoriales y la Agrupación de Mujeres Democráticas.
