Es legítimo que la oposición de derecha esté en desacuerdo con los indultos decididos y firmados por el presidente de la República. Que no coincida con que los hechos ocurridos durante el Estallido Social requieran una consideración política especial y que piense, al fin y al cabo, que se trata simplemente de delitos comunes. Que critique la manera en que el Ejecutivo condujo el proceso. Que rechace los nombres seleccionados. Incluso que ocupe sus recursos políticos y mediáticos para sostener este hecho ocurrido hace casi un mes aún en la palestra pública, por sobre otros temas importantes. Todo ello forma parte del juego democrático. Pero desde ahí a sostener que se ha infringido la Constitución por parte de la exministra de Justicia Marcela Ríos hay un abismo que no llega a justificarse en ninguna de las partes del libelo presentado.

A estas alturas es consensual que el conjunto del Gobierno cometió errores que mermaron su capacidad política para defender la medida, entre los cuales destacan las declaraciones del Presidente corregidas desde el propio palacio, una sobre su convicción de inocencia de Jorge Mateluna y otra señalando que los indultados no eran delincuentes, lo que lo puso en conflicto público con la Corte Suprema. Pero ninguna de esas acciones fue cometida por la exministra actualmente acusada, quien de pasó ejerció su responsabilidad política al presentar su renuncia, junto con el jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía.

Guste o no, los indultos son una facultad presidencial contenida en la Constitución, de carácter discrecional y que, en este caso, los juristas incluyendo a los de pensamiento más conservador coinciden en que fueron tramitados adecuadamente y con los fundamentos requeridos. La elección de los beneficiados por parte del Gobierno está sujeta a una legítima crítica política, sin perder de vista que por su naturaleza discrecional y por ejecutarse luego de finalizados los procesos, siempre tendrá justificaciones distintas a lo judicial. Sin pretender minimizar la gravedad de los delitos cometidos por algunos de los indultados, debemos recordar que en el pasado se indultó a personas que cometieron crímenes mucho más graves, como ocurrió con violadores de derechos humanos que recibieron el beneficio sin expresar arrepentimiento eficaz como señala el derecho internacional, pero en ese caso no se procedió a acusar constitucionalmente al expresidente Piñera.

El argumento que las acusaciones constitucionales son una atribución del Parlamento y que por lo tanto no habría problema en ejercerla, es débil en la medida que la ciudadanía aprecia cómo el Congreso desperdicia tiempo valioso que podría ocupar en tramitar políticas públicas de interés para la comunidad y con consecuencias reales en su vida cotidiana. Tampoco lo es que la oposición al gobierno anterior abusó de la herramienta, puesto que si ése fuera el diagnóstico, con mayor razón no se debería proceder de la misma manera.

Chile vive un momento donde se aprecia la necesidad urgente de mejorar nuestras leyes e instituciones en varios sentidos, como por ejemplo respecto al crimen organizado. Sería deseable que las fuerzas políticas con sus legítimas diferencias ocupen sus energías en esos asuntos, en vez de acusaciones que, por su falta de fundamento, terminan haciendo estéril la política.