Luego que el Tribunal Constitucional declarara la admisibilidad de los requerimientos de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos y del movimiento Demócratas a siete de los 13 indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric, el ministro de Justicia, Luis Cordero, detalló las directrices que seguirá la cartera frente a esta determinación.
En el marco de la cuenta pública de las fiscalías regionales, el secretario de Estado planteó que con la admisibilidad del TC “se tiende a ordenar la discusión jurídica” en torno a los indultos y afirmó que “el Estado, en este caso, el Ministerio de Justicia ya está en la obligación de defender la legalidad de los actos administrativos y los procedimientos que se han instruido al afecto”.
Consultado sobre la celeridad con que se desarrollará el proceso, la autoridad aclaró que “el procedimiento ante el Tribunal Constitucional está relativamente estandarizado. El plazo es aquel que establece la ley y el tribunal probablemente nos va a comunicar el calendario y va a ser en marzo porque durante febrero tienen un receso”.
Cabe señalar que con este resultado el mandatario y el contralor Jorge Bermúdez tendrán un plazo de 10 días corridos para que se pronuncien, si es que lo estiman pertinente, sobre esta determinación y con ello, posteriormente, proceder a revisar el fondo de los recursos, escuchando los alegatos de las partes en audiencia pública.
“Nos parece una buena noticia”
Desde el Congreso, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, valoró esta resolución y afirmó que “eso nos parece una buena noticia, que reafirma, además, lo que nosotros planteábamos el día de ayer de que hay una inconstitucionalidad. Si bien no se pronuncian respecto al fondo, que ya sea admisible quiere decir que tiene mérito suficiente para que se revise el fondo”
En este sentido, el parlamentario reiteró su crítica al rechazo del Partido Republicano a la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, la cual terminó por ser desestimada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
“Esto nos hace preguntarnos por qué sectores de derecha, en este caso Republicanos, votó en contra de algo que tiene mérito desde el punto de vista de la inconstitucionalidad. Eso es lamentable porque ayer se dejaron de lado los elementos jurídicos respectó a la ilegalidad, la inconstitucionalidad y a la peligrosidad de la decisión que generó la exministra de Justicia y que dejó en absoluta indefensión a la ciudadanía”, expresó.
El senador de Demócratas, Matías Walker, también uno de los firmantes de los recursos ante el TC, dijo esperar que “el Gobierno vea esta resolución como una oportunidad para reestablecer el orden y la seguridad en nuestro país. La gente está cansada de la impunidad frente a la violencia”.
También agregó que “esta resolución nos va a permitir ir al Tribunal Constitucional, alegar en favor de dejar sin efecto estos siete indultos en favor de personas que tenían prontuario delictual y establecer un precedente de que nunca más un presidente de la República pueda utilizar esta atribución para ejercer una acción arbitraria que afecte y ponga en peligro la seguridad de la población”.
Desde el Grupo de Apoyo a Presos Políticos y Familiares, Adriana Rabey, manifestó su repudio ante esta decisión e hizo un llamado al Ejecutivo y a parlamentarios “a que tomen una medida para defender la constitucionalidad porque en definitiva los indultos fueron (otorgados) dentro de los marcos de la ley.
“Esto es una provocación e, incluso, que roza el atentado democrático al derecho de lo que es el requerimiento de indulto, tomando en cuenta que estos jóvenes han tenido un comportamiento ejemplar en las cárceles, han hecho talleres, tareas laborales, es decir, no han tenido ningún tipo de situación que implique un peligro a la sociedad cuando, por el contrario, hay indultos, como lo dijo el actual ministro de Justicia, que fueron otorgados durante el gobierno de Piñera a narcotraficantes, violadores, de asesinos”, cuestionó Rabey.