Este viernes, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, dio a conocer los resultados preliminares de una misión de observación realizada en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
La idea detrás de este trabajo fue dar seguimiento a los episodios de contaminación en la zona, pues hace solo un par de meses, en junio de 2022, un peak de dióxido de azufre provocó que nuevamente se decretará estado de emergencia ambiental en las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví.
La directora del INDH comparó los resultados de la misión de observación realizada este año con los hallazgos del año 2018. En esa oportunidad, el organismo también se constituyó en la zona.
“En materia de medición de los niveles de contaminación, se ha avanzado de manera débil, casi nula. Si bien las empresas cuentan con sistemas de medición particulares, no existe un sistema de medición global que nos permita decir cuánto está afectando a la población, por lo tanto ahí el avance ha sido muy débil”, señaló Contreras.
Otro aspecto que preocupa al INDH, es el derecho a la salud. De acuerdo a su directora, “en salud no hay avances, no hay estudios que nos permitan saber qué es lo que las personas tienen en la sangre, ni tampoco un estudio longitudinal que permita saber si esto está provocando enfermedades más graves como cáncer. Son todos supuestos, y por lo tanto, la población sigue sin poder ejercer adecuadamente su derecho a la salud, y sigue en esta nube de desinformación”, aseguró.
Según Contreras, en el ámbito donde sí ven cambios sustantivos es en el actuar de las fuerzas del orden: “Les señalamos a Carabineros de Chile que su tarea no es reprimir la manifestación, sino resguardar la manifestación pacífica, porque es un derecho humano esencial, y lo hicieron efectivamente. Por lo tanto, quienes han cumplido los compromisos y las recomendaciones es la policía”.
Consultada respecto a los resultados de la misión del INDH, Marta Aravena, dirigente social e integrante de la organización Mujeres por el Buen Vivir, señaló que, en general, está de acuerdo con el diagnóstico. Para ella, también es muy relevante lo que ocurre con la salud de los habitantes de Quintero y Puchuncaví: “Todo lo que ronda con respecto a nosotros es a partir de los envenenamientos masivos, pero todavía no hay preocupación real con nuestra contaminación crónica. Todos los meses estamos enterrando a vecinos porque se les declaró un cáncer”.
El único punto que le hace ruido del informe, es el que se refiere a las policías. Aravena todavía tiene muy presente su actuar durante las movilizaciones que se dieron en la zona en 2018: “Ese año sufrimos de mucha represión, de mucha persecución de los dirigentes socio ambientales”, dijo Aravena.
“Y voy a agregar algo a lo que dice el INDH, y que no lo toman en cuenta las personas. Siempre estamos hablando del aire, pero, ¿qué pasa con el suelo?, ¿qué pasa con el agua? Porque nosotros somos seres que no solamente respiramos, también pisamos un suelo, nuestros niños juegan ahí, entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas? El Estado finalmente está muy al debe de realmente proteger la vida en esta zona, de preocuparse de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza”, afirmó.
Este viernes, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, dio a conocer los resultados preliminares de una misión de observación realizada en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
La idea detrás de este trabajo fue dar seguimiento a los episodios de contaminación en la zona, pues hace solo un par de meses, en junio de 2022, un peak de dióxido de azufre provocó que nuevamente se decretará estado de emergencia ambiental en las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví.
La directora del INDH comparó los resultados de la misión de observación realizada este año con los hallazgos del año 2018. En esa oportunidad, el organismo también se constituyó en la zona.
“En materia de medición de los niveles de contaminación, se ha avanzado de manera débil, casi nula. Si bien las empresas cuentan con sistemas de medición particulares, no existe un sistema de medición global que nos permita decir cuánto está afectando a la población, por lo tanto ahí el avance ha sido muy débil”, señaló Contreras.
Otro aspecto que preocupa al INDH, es el derecho a la salud. De acuerdo a su directora, “en salud no hay avances, no hay estudios que nos permitan saber qué es lo que las personas tienen en la sangre, ni tampoco un estudio longitudinal que permita saber si esto está provocando enfermedades más graves como cáncer. Son todos supuestos, y por lo tanto, la población sigue sin poder ejercer adecuadamente su derecho a la salud, y sigue en esta nube de desinformación”, aseguró.
Según Contreras, en el ámbito donde sí ven cambios sustantivos es en el actuar de las fuerzas del orden: “Les señalamos a Carabineros de Chile que su tarea no es reprimir la manifestación, sino resguardar la manifestación pacífica, porque es un derecho humano esencial, y lo hicieron efectivamente. Por lo tanto, quienes han cumplido los compromisos y las recomendaciones es la policía”.
Consultada respecto a los resultados de la misión del INDH, Marta Aravena, dirigente social e integrante de la organización Mujeres por el Buen Vivir, señaló que, en general, está de acuerdo con el diagnóstico. Para ella, también es muy relevante lo que ocurre con la salud de los habitantes de Quintero y Puchuncaví: “Todo lo que ronda con respecto a nosotros es a partir de los envenenamientos masivos, pero todavía no hay preocupación real con nuestra contaminación crónica. Todos los meses estamos enterrando a vecinos porque se les declaró un cáncer”.
El único punto que le hace ruido del informe, es el que se refiere a las policías. Aravena todavía tiene muy presente su actuar durante las movilizaciones que se dieron en la zona en 2018: “Ese año sufrimos de mucha represión, de mucha persecución de los dirigentes socio ambientales”, dijo Aravena.
“Y voy a agregar algo a lo que dice el INDH, y que no lo toman en cuenta las personas. Siempre estamos hablando del aire, pero, ¿qué pasa con el suelo?, ¿qué pasa con el agua? Porque nosotros somos seres que no solamente respiramos, también pisamos un suelo, nuestros niños juegan ahí, entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas? El Estado finalmente está muy al debe de realmente proteger la vida en esta zona, de preocuparse de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza”, afirmó.
Este viernes, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, dio a conocer los resultados preliminares de una misión de observación realizada en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
La idea detrás de este trabajo fue dar seguimiento a los episodios de contaminación en la zona, pues hace solo un par de meses, en junio de 2022, un peak de dióxido de azufre provocó que nuevamente se decretará estado de emergencia ambiental en las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví.
La directora del INDH comparó los resultados de la misión de observación realizada este año con los hallazgos del año 2018. En esa oportunidad, el organismo también se constituyó en la zona.
“En materia de medición de los niveles de contaminación, se ha avanzado de manera débil, casi nula. Si bien las empresas cuentan con sistemas de medición particulares, no existe un sistema de medición global que nos permita decir cuánto está afectando a la población, por lo tanto ahí el avance ha sido muy débil”, señaló Contreras.
Otro aspecto que preocupa al INDH, es el derecho a la salud. De acuerdo a su directora, “en salud no hay avances, no hay estudios que nos permitan saber qué es lo que las personas tienen en la sangre, ni tampoco un estudio longitudinal que permita saber si esto está provocando enfermedades más graves como cáncer. Son todos supuestos, y por lo tanto, la población sigue sin poder ejercer adecuadamente su derecho a la salud, y sigue en esta nube de desinformación”, aseguró.
Según Contreras, en el ámbito donde sí ven cambios sustantivos es en el actuar de las fuerzas del orden: “Les señalamos a Carabineros de Chile que su tarea no es reprimir la manifestación, sino resguardar la manifestación pacífica, porque es un derecho humano esencial, y lo hicieron efectivamente. Por lo tanto, quienes han cumplido los compromisos y las recomendaciones es la policía”.
Consultada respecto a los resultados de la misión del INDH, Marta Aravena, dirigente social e integrante de la organización Mujeres por el Buen Vivir, señaló que, en general, está de acuerdo con el diagnóstico. Para ella, también es muy relevante lo que ocurre con la salud de los habitantes de Quintero y Puchuncaví: “Todo lo que ronda con respecto a nosotros es a partir de los envenenamientos masivos, pero todavía no hay preocupación real con nuestra contaminación crónica. Todos los meses estamos enterrando a vecinos porque se les declaró un cáncer”.
El único punto que le hace ruido del informe, es el que se refiere a las policías. Aravena todavía tiene muy presente su actuar durante las movilizaciones que se dieron en la zona en 2018: “Ese año sufrimos de mucha represión, de mucha persecución de los dirigentes socio ambientales”, dijo Aravena.
“Y voy a agregar algo a lo que dice el INDH, y que no lo toman en cuenta las personas. Siempre estamos hablando del aire, pero, ¿qué pasa con el suelo?, ¿qué pasa con el agua? Porque nosotros somos seres que no solamente respiramos, también pisamos un suelo, nuestros niños juegan ahí, entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas? El Estado finalmente está muy al debe de realmente proteger la vida en esta zona, de preocuparse de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza”, afirmó.
