Cinco años después de la promulgación de la ley de aborto en tres causales, y tras una solicitud de transparencia de Corporación Humanas, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó cifras actualizadas, y disgregadas por hospital, sobre objetores de conciencia en nuestro país.

De acuerdo a lo informado por el Minsal, el 43% de los médicos obstetras contratados en hospitales públicos son objetores de conciencia bajo la causal de violación, 23% en la de inviabilidad fetal, y 15% en la de riesgo de la vida de la madre.

Otro dato relevante es que en 17 de los 68 establecimientos públicos habilitados para realizar abortos, dos tercios de los médicos son objetores de conciencia en los casos de mujeres que han sido violadas.

Esto último, a juicio de Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, es bastante complejo, ya que la concentración de objetores de conciencia en determinados establecimientos puede ser un obstáculo para la aplicación de la ley.

“Incluso hay hospitales en los que el 100% son objetores. Entonces, en ese caso, siempre las mujeres van a ser derivadas a otro lugar, y eso, consideramos que no se condice con las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos sexuales y reproductivos”, dice la abogada.

“No hay ninguna razón médica, sino puramente ideológica, para que una mujer se deba trasladar a cientos de kilómetros para poder recibir una atención”, agrega.

De todas maneras, Maturana cree que la conversación sobre las altas cifras de objetores de conciencia debe partir sobre dos bases: primero, que la Corporación Humanas considera a la ley de aborto en tres causales como “muy importante”; y segundo, que no están en contra de que exista la figura de la objeción de conciencia. El problema viene siendo, según la abogada, que la “regulación sobre objeción de conciencia es demasiado amplia”.

“Este proyecto fue tramitado durante varios años en el Congreso, y luego pasó por el Tribunal Constitucional, donde se generaron muchos cambios respecto a la propuesta inicial. Dentro de ellos, estuvo el crecimiento, o la ampliación de esta figura de la objeción de conciencia”, cuenta.

“La ley reconoce que hay determinadas situaciones, que tienen que ver con las convicciones profundas de las personas, convicciones morales o religiosas, y permite, bajo la figura de objeción de conciencia, no cumplir la ley (…) Por lo tanto, como es un permiso para no cumplir la ley, es una figura que siempre debe ser de carácter excepcional”.

Pero eso último, según Maturana, en la práctica no ocurre: “Esta ley de tres causales no resguarda adecuadamente ese carácter excepcional, ¿por qué? En primer lugar porque permite acogerse a la objeción de conciencia no solo a los obstetras que participan directamente en la interrupción, sino que también a otros integrantes del equipo de salud que no intervienen en la interrupción. Sumado a eso, se introduce esta figura anómala que es la objeción de conciencia institucional, pero las clínicas, como personas jurídicas que son, no tienen conciencia”.

Respecto a los cambios que deben realizarse  para que no se siga obstaculizando el acceso al aborto, Maturana señala que deben realizarse varias acciones. Entre ellas, una difusión amplia de la ley, la derogación de la objeción de conciencia institucional, y una mayor fiscalización a los establecimientos de salud.

Esto, de acuerdo la abogada, podría lograrse con el recién lanzado manual de fiscalización de la ley de interrupción de embarazo en tres causales: “Estamos a la espera de conocer si este modelo de fiscalización que ha definido el Ministerio de Salud con el Ministerio de la Mujer, para implementar a partir de 2023, va a ser adecuado para detectar esas situaciones”.

Claudia Dides, académica experta en género de la Universidad de Santiago y exdirectora de la organización pro derecho de las mujeres Miles, trabajó por años para que se aprobara la ley de aborto en tres causales, y comparte varias de las aprensiones de la abogada de Humanas.

Al igual que Maturana, Dides considera que lo más complejo es que el Estado no financia los gastos de las mujeres que tienen que trasladarse, a veces incluso de una ciudad a otra, para acceder a un aborto.

“Yo soy partidaria de la objeción de conciencia, pero, el problema está en que cuando tú tienes un Servicio de Salud que no ofrece la oportunidad de otra persona, que no sea objetora de conciencia, para que pueda hacer el aborto, el Estado está violando un derecho humano”.

“Si la ley dice que puede haber objetores de conciencia, tú como Estado tienes el deber de ofrecer a otro médico, otra médica, que no sea objetora de conciencia en la misma unidad”, precisa.

En cuanto a los cambios destinados a facilitar el acceso de las mujeres que cumplen con alguna de las tres causales, Dides señala que deben hacerse más capacitaciones a los médicos, que deben elaborarse nuevas normas técnicas, y que debe considerarse la posibilidad de que matronas puedan realizar abortos.

“En todos los países donde se hacen abortos, se pueden hacer en atención primaria, con medicamentos. Y en México, que es la experiencia que yo conozco más, primero se hace una ecografía, se entregan las pastillas, las mujeres se van con un método anticonceptivo, y vuelven a la semana para poder hacer una revisión ginecológica”.

Sin embargo, según Dides, para que que profesionales no obstetras hagan abortos, es esencial, realizar indicaciones a ley, y eso, a la vez, implica una compleja tramitación en el Congreso.

“Las matronas en Chile también podrían entregar los medicamentos, pero no está permitido con el código sanitario y tampoco por la ley. Y a la pregunta: ¿por qué se pueden entregar en otros países y no se entrega acá en Chile? Es simplemente por un tema de voluntad política”.

Dides considera que, como suele ocurrir en nuestro país, actualmente no existe un clima político para avanzar en el tema del aborto. Lo que complica las cosas, según la académica, es el conservadurismo de nuestro país.

“Ahora lo que nosotras vemos es un estancamiento en los temas culturales, por el conservadurismo que ha prevalecido siempre en Chile, pero una cosa son lo que piensan las élites y los que toman las decisiones, y las voluntades políticas, y otra cosa son las prácticas de la ciudadanía. Las mujeres siguen abortando”.