Leonardo Terraza dirigente del PRAIS: “Esperamos que el Gobierno repare la injusticia de excluirnos de la PGU”
Exonerados políticos, expresos políticos, torturados y beneficiarios de leyes de reparación, esperan que en las mejoras a la PGU contemplada en la reforma previsional, no sean excluidos como ocurrió durante el gobierno de Piñera.
Domingo 29 de enero 2023 9:53 hrs.
La reforma previsional que impulsa el Gobierno “comprende expresamente la incorporación de las pensiones de reparación de la comisión Valech, Rettig y exonerados políticos a la Pensión Garantizada Universal, PGU”, señaló el diputado integrante de la Comisión del Trabajo, Luis Cuello. Esto ante la demanda de quienes fueron víctimas de la dictadura cívico militar de no ser marginados de los beneficios que entrega el Estado.
Para el diputado Cuello, se trata de “sectores que fueron excluidos por el diseño (de la PGU) presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto nos parece que es un acto de justicia y además, una necesidad que el Estado entregue esta pensión a estas personas que sufrieron de diversas formas la persecución de la dictadura cívico militar”.
Existen expectativas entre las organizaciones que agrupan a exonerados políticos, ex presos políticos y torturados del régimen por acceder a mejores condiciones de vida, ya que no han sido considerados en las distintas leyes debido a la nula voluntad política de los gobiernos.
Así lo destacó el secretario de la Escuela Permanente PRAIS, Leonardo Terraza, quien afirmó que a mediados del año pasado, fueron recibidos por la ministra del Trabajo y Previsión Social , Jeannette Jara, con quien abordaron los distintos tema que les afectan, como la incompatibilidad de las leyes reparatorias, el reajuste de los montos de las reparaciones económicas, la PGU , entre otros.
Terraza afirmó que durante el gobierno de Piñera “se dejó fuera de la PGU a todas las personas que cumpliendo los requisitos, estaban cubiertos por las leyes reparatorias. Es decir, a las personas que estaban bajo la ley de exonerados políticos, y las que están contempladas en las leyes Rettig y Valech 1 y 2. La ministra se comprometió a que incluso en la ley de Presupuestos se iba a considerar, no así en la Ley Corta (publicada el 26 de enero pasado)”.
El dirigente afirmó que las personas que sufrieron la represión políticia, “no reciben pensiones, son reparaciones o compensaciones económicas por la situación que vivieron durante la dictadura cívico militar”.
Por ello, afirmó que “creemos que debería cumplirse ahora porque la PGU es distinta a las reparaciones. Entendemos que el gobierno de Sebastián Piñera y su sesgo ideológico nos trató siempre de dejar fuera e invisibilizarnos, además de seguir castigando a través de una serie de mecanismos como el negacionismo y otros más. Esas injusticias debieran superarse con las medidas que el Gobierno debe implementar”.
Terraza agregó que durante el gobierno de Piñera, “los beneficios que recibían los igualaba a las pensiones de Capredena y Dipreca, por lo tanto no podíamos acceder a la PGU”. Precisó que desde la derecha “plantean que respaldarían esta idea siempre y cuando se permita a los pensionados de Capredena y Dipreca acceder a la PGU”.
El dirigente afirmó que están frente a una nueva injusticia porque quienes se han acogido a las leyes de reparación “está acreditado que quienes vivieron violaciones a sus derechos humanos de forma sistemática durante la dictadura cívico militar, son personas que tienen a lo menos 10 años de vida menos. Entonces, la población adulta que nosotros tenemos es una población que se está muriendo y tampoco es una gran cantidad de las personas las que recibirían este beneficio de acceder a la PGU”.
Por ello, Terraza indicó que esperan que en la tramitación de la Reforma Previsional sean considerado ya que “la ministra Jeannette Jara siempre se comprometió con nosotros, no se comprometió con la ley corta, por tanto nosotros estamos a la espera de que esta situación se subsane toda vez que en las propias palabras de la ministra, se debiera solucionar”.
Reforma Previsional
El martes pasado, la Comisión de Trabajo continuó con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el Pilar Contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias. En la sesión, la ministra Jara solicitó a la Comisión de Trabajo votar la propuesta en general y después conformar la instancia con representación de todos los sectores políticos. El objetivo de esta mesa, sería la elaboración de las indicaciones pertinentes y necesarias al proyecto para zanjar las diferencias que han surgido en el debate. Esta instancia comenzará en el mes de marzo a discutir esas discrepancias.
En relación al pilar no Contributivo o Solidario, el proyecto de ley en tramitación señala que “actualmente la PGU alcanza el valor de $193.917 y cubre al 90% de la población de 65 años y más. El proyecto de ley, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, propone terminar con este requisito de focalización, extender este beneficio a pensionados y pensionadas de leyes de reparación y pensiones de gracia, y aumentar gradualmente su valor a $250.000”.
“En régimen, para recibir el beneficio, las personas deberán percibir una pensión base menor a la pensión superior ($1.048.200) y el monto del beneficio dependerá del valor de la pensión base (pensión autofinanciada más cualquier otra pensión que perciba), llegando a $250.000 para quienes tengan una pensión base menor o igual a $660.366. Adicionalmente, se requiere cumplir con los requisitos de residencia y edad establecidos en la ley. Con estos cambios, se espera que al año 2030, la PGU beneficie a cerca de 3.400.000 personas”, destaca la iniciativa.
La reforma previsional que impulsa el Gobierno “comprende expresamente la incorporación de las pensiones de reparación de la comisión Valech, Rettig y exonerados políticos a la Pensión Garantizada Universal, PGU”, señaló el diputado integrante de la Comisión del Trabajo, Luis Cuello. Esto ante la demanda de quienes fueron víctimas de la dictadura cívico militar de no ser marginados de los beneficios que entrega el Estado.
Para el diputado Cuello, se trata de “sectores que fueron excluidos por el diseño (de la PGU) presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto nos parece que es un acto de justicia y además, una necesidad que el Estado entregue esta pensión a estas personas que sufrieron de diversas formas la persecución de la dictadura cívico militar”.
Existen expectativas entre las organizaciones que agrupan a exonerados políticos, ex presos políticos y torturados del régimen por acceder a mejores condiciones de vida, ya que no han sido considerados en las distintas leyes debido a la nula voluntad política de los gobiernos.
Así lo destacó el secretario de la Escuela Permanente PRAIS, Leonardo Terraza, quien afirmó que a mediados del año pasado, fueron recibidos por la ministra del Trabajo y Previsión Social , Jeannette Jara, con quien abordaron los distintos tema que les afectan, como la incompatibilidad de las leyes reparatorias, el reajuste de los montos de las reparaciones económicas, la PGU , entre otros.
Terraza afirmó que durante el gobierno de Piñera “se dejó fuera de la PGU a todas las personas que cumpliendo los requisitos, estaban cubiertos por las leyes reparatorias. Es decir, a las personas que estaban bajo la ley de exonerados políticos, y las que están contempladas en las leyes Rettig y Valech 1 y 2. La ministra se comprometió a que incluso en la ley de Presupuestos se iba a considerar, no así en la Ley Corta (publicada el 26 de enero pasado)”.
El dirigente afirmó que las personas que sufrieron la represión políticia, “no reciben pensiones, son reparaciones o compensaciones económicas por la situación que vivieron durante la dictadura cívico militar”.
Por ello, afirmó que “creemos que debería cumplirse ahora porque la PGU es distinta a las reparaciones. Entendemos que el gobierno de Sebastián Piñera y su sesgo ideológico nos trató siempre de dejar fuera e invisibilizarnos, además de seguir castigando a través de una serie de mecanismos como el negacionismo y otros más. Esas injusticias debieran superarse con las medidas que el Gobierno debe implementar”.
Terraza agregó que durante el gobierno de Piñera, “los beneficios que recibían los igualaba a las pensiones de Capredena y Dipreca, por lo tanto no podíamos acceder a la PGU”. Precisó que desde la derecha “plantean que respaldarían esta idea siempre y cuando se permita a los pensionados de Capredena y Dipreca acceder a la PGU”.
El dirigente afirmó que están frente a una nueva injusticia porque quienes se han acogido a las leyes de reparación “está acreditado que quienes vivieron violaciones a sus derechos humanos de forma sistemática durante la dictadura cívico militar, son personas que tienen a lo menos 10 años de vida menos. Entonces, la población adulta que nosotros tenemos es una población que se está muriendo y tampoco es una gran cantidad de las personas las que recibirían este beneficio de acceder a la PGU”.
Por ello, Terraza indicó que esperan que en la tramitación de la Reforma Previsional sean considerado ya que “la ministra Jeannette Jara siempre se comprometió con nosotros, no se comprometió con la ley corta, por tanto nosotros estamos a la espera de que esta situación se subsane toda vez que en las propias palabras de la ministra, se debiera solucionar”.
Reforma Previsional
El martes pasado, la Comisión de Trabajo continuó con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el Pilar Contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias. En la sesión, la ministra Jara solicitó a la Comisión de Trabajo votar la propuesta en general y después conformar la instancia con representación de todos los sectores políticos. El objetivo de esta mesa, sería la elaboración de las indicaciones pertinentes y necesarias al proyecto para zanjar las diferencias que han surgido en el debate. Esta instancia comenzará en el mes de marzo a discutir esas discrepancias.
En relación al pilar no Contributivo o Solidario, el proyecto de ley en tramitación señala que “actualmente la PGU alcanza el valor de $193.917 y cubre al 90% de la población de 65 años y más. El proyecto de ley, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, propone terminar con este requisito de focalización, extender este beneficio a pensionados y pensionadas de leyes de reparación y pensiones de gracia, y aumentar gradualmente su valor a $250.000”.
“En régimen, para recibir el beneficio, las personas deberán percibir una pensión base menor a la pensión superior ($1.048.200) y el monto del beneficio dependerá del valor de la pensión base (pensión autofinanciada más cualquier otra pensión que perciba), llegando a $250.000 para quienes tengan una pensión base menor o igual a $660.366. Adicionalmente, se requiere cumplir con los requisitos de residencia y edad establecidos en la ley. Con estos cambios, se espera que al año 2030, la PGU beneficie a cerca de 3.400.000 personas”, destaca la iniciativa.
La reforma previsional que impulsa el Gobierno “comprende expresamente la incorporación de las pensiones de reparación de la comisión Valech, Rettig y exonerados políticos a la Pensión Garantizada Universal, PGU”, señaló el diputado integrante de la Comisión del Trabajo, Luis Cuello. Esto ante la demanda de quienes fueron víctimas de la dictadura cívico militar de no ser marginados de los beneficios que entrega el Estado.
Para el diputado Cuello, se trata de “sectores que fueron excluidos por el diseño (de la PGU) presentado por el Gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto nos parece que es un acto de justicia y además, una necesidad que el Estado entregue esta pensión a estas personas que sufrieron de diversas formas la persecución de la dictadura cívico militar”.
Existen expectativas entre las organizaciones que agrupan a exonerados políticos, ex presos políticos y torturados del régimen por acceder a mejores condiciones de vida, ya que no han sido considerados en las distintas leyes debido a la nula voluntad política de los gobiernos.
Así lo destacó el secretario de la Escuela Permanente PRAIS, Leonardo Terraza, quien afirmó que a mediados del año pasado, fueron recibidos por la ministra del Trabajo y Previsión Social , Jeannette Jara, con quien abordaron los distintos tema que les afectan, como la incompatibilidad de las leyes reparatorias, el reajuste de los montos de las reparaciones económicas, la PGU , entre otros.
Terraza afirmó que durante el gobierno de Piñera “se dejó fuera de la PGU a todas las personas que cumpliendo los requisitos, estaban cubiertos por las leyes reparatorias. Es decir, a las personas que estaban bajo la ley de exonerados políticos, y las que están contempladas en las leyes Rettig y Valech 1 y 2. La ministra se comprometió a que incluso en la ley de Presupuestos se iba a considerar, no así en la Ley Corta (publicada el 26 de enero pasado)”.
El dirigente afirmó que las personas que sufrieron la represión políticia, “no reciben pensiones, son reparaciones o compensaciones económicas por la situación que vivieron durante la dictadura cívico militar”.
Por ello, afirmó que “creemos que debería cumplirse ahora porque la PGU es distinta a las reparaciones. Entendemos que el gobierno de Sebastián Piñera y su sesgo ideológico nos trató siempre de dejar fuera e invisibilizarnos, además de seguir castigando a través de una serie de mecanismos como el negacionismo y otros más. Esas injusticias debieran superarse con las medidas que el Gobierno debe implementar”.
Terraza agregó que durante el gobierno de Piñera, “los beneficios que recibían los igualaba a las pensiones de Capredena y Dipreca, por lo tanto no podíamos acceder a la PGU”. Precisó que desde la derecha “plantean que respaldarían esta idea siempre y cuando se permita a los pensionados de Capredena y Dipreca acceder a la PGU”.
El dirigente afirmó que están frente a una nueva injusticia porque quienes se han acogido a las leyes de reparación “está acreditado que quienes vivieron violaciones a sus derechos humanos de forma sistemática durante la dictadura cívico militar, son personas que tienen a lo menos 10 años de vida menos. Entonces, la población adulta que nosotros tenemos es una población que se está muriendo y tampoco es una gran cantidad de las personas las que recibirían este beneficio de acceder a la PGU”.
Por ello, Terraza indicó que esperan que en la tramitación de la Reforma Previsional sean considerado ya que “la ministra Jeannette Jara siempre se comprometió con nosotros, no se comprometió con la ley corta, por tanto nosotros estamos a la espera de que esta situación se subsane toda vez que en las propias palabras de la ministra, se debiera solucionar”.
Reforma Previsional
El martes pasado, la Comisión de Trabajo continuó con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el Pilar Contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias. En la sesión, la ministra Jara solicitó a la Comisión de Trabajo votar la propuesta en general y después conformar la instancia con representación de todos los sectores políticos. El objetivo de esta mesa, sería la elaboración de las indicaciones pertinentes y necesarias al proyecto para zanjar las diferencias que han surgido en el debate. Esta instancia comenzará en el mes de marzo a discutir esas discrepancias.
En relación al pilar no Contributivo o Solidario, el proyecto de ley en tramitación señala que “actualmente la PGU alcanza el valor de $193.917 y cubre al 90% de la población de 65 años y más. El proyecto de ley, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, propone terminar con este requisito de focalización, extender este beneficio a pensionados y pensionadas de leyes de reparación y pensiones de gracia, y aumentar gradualmente su valor a $250.000”.
“En régimen, para recibir el beneficio, las personas deberán percibir una pensión base menor a la pensión superior ($1.048.200) y el monto del beneficio dependerá del valor de la pensión base (pensión autofinanciada más cualquier otra pensión que perciba), llegando a $250.000 para quienes tengan una pensión base menor o igual a $660.366. Adicionalmente, se requiere cumplir con los requisitos de residencia y edad establecidos en la ley. Con estos cambios, se espera que al año 2030, la PGU beneficie a cerca de 3.400.000 personas”, destaca la iniciativa.
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