Los conflictos de la irregularidad migratoria y de seguridad pública se han vuelto parte de un mismo discurso. Pero, ¿si expulsamos a todas las personas extranjeras en condición irregular nos sentiríamos más seguros?”, es una de las preguntas que abordó la académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Rita Lages, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
Días atrás el Partido Demócrata le entregó a La Moneda una propuesta de seguridad que incluye la detención de extranjeros que no tienen sus papeles y documentos al día. Mientras que en diciembre el gobernador de Arica, Jorge Díaz, dijo ante nuestro medio que el 40% de los imputados por homicidio en la región son extranjeros, pero a la fecha no hay cifra oficial que respalde esa información.
De acuerdo con la académica las propuestas legislativas como la del partido en formación liderado por los senadores, Ximena Rincón y Matias Walker, “parten de una premisa equivocada o que no está demostrada”.
En ese sentido, Lages manifestó sus dudas respecto al vínculo directo en la relación entre seguridad y migración. Si bien “es cierto que hay un aumento de la población extranjera en Chile y que eso puede generar un aumento de la participación de esas personas en delitos”, eso solo comprende un factor matemático. “Lo que yo no tengo claro es si apuntar específicamente a esa población va a resolver el tema de fondo, que es el aumento de delitos violentos”, señaló y cuestionó: “¿Podemos tener certeza de que si expulsamos a todas las personas extranjeras en condición irregular nos sentiríamos más seguros?”.
La también investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile explicó que aquello puede causar un “ejercicio frívolo de la legislación” y que no se cumplan los objetivos que se proponen inicialmente con las herramientas legislativas.
En ese sentido, expuso que la actual Ley de Migración tiene menos de un año desde su entrada en vigencia (febrero 2022) y cuando ésta fue anunciada “ya había un aumento de la migración y crisis de seguridad pública, por lo que se dijo que una de las razones que motivó la propuesta es que la ley sería capaz de poner fin a la irregularidad migratoria y todo lo que estaba asociada con ella”.
Cabe recordar que en agosto del año pasado la entonces ministra de Interior, Izkia Siches, anunció modificaciones de la mencionada ley con el fin de facilitar el proceso de expulsión de migrantes y simplificar los procesos de notificación a los mismos. “Ni siquiera tiene un año y ya estamos proponiendo modificaciones para cumplir el objetivo que supuestamente estuvo detrás de esa ley. Me parece que se trata de usar un mecanismo, que es la legislación migratoria, para resolver un problema que no necesariamente tiene que ver con la migración”, destacó.
Por lo mismo, la investigadora recalcó y reprochó que las propuestas legislativas mezclen la irregularidad migratoria con el aumento de delincuencia en el país. Así, sostuvo que primero se deben analizar “cuáles son las causas de la irregularidad migratoria y por otro lado, la causas o lo que puede estar generando cierto tipo de delincuencia en el país”.
Además, resaltó que aquellas estrategias ignoran que “algunas de las irregularidades que vemos son de personas que no necesariamente entraron por pasos fronterizos no habilitados. Su entrada fue regular, pero dada la deficiencia del servicio migratorio en los últimos tres años, vemos personas que han tenido dificultad para renovar sus visas (…) es decir que, no significa que las personas se hayan puesto en una situación irregular deliberadamente, sino que los tiempos de espera, como los más de dos años que han esperado algunos extranjeros para su visa permanente sin tener respuesta”, provocaron tal condición.
Resguardo de fronteras y funciones de las Fuerzas Armadas
¿Están capacitadas las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de las fronteras? Desde inicios del año pasado diversos grupos de legisladores han impulsado la promulgación de Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Norte, mas no han tenido el apoyo del resto del Congreso. Asimismo, autoridades de la región han respaldado la radicalización de las medidas para el resguardo de las fronteras.
Para la experta en derecho migratorio, las FF.AA. tienen una función determinada para escenarios específicos, por lo que establecer que el Ejército sea el responsable de la migración regular sería colocarlo en otro contexto, como lo son las funciones de seguridad pública.
“Hay países que tienen crisis mucho más complejas, incluso con violencia interna y no necesariamente las consideran (a la FF.AA.) como una forma para abordar las políticas migratorias. Entonces, si hay otras alternativas, la pregunta es: ¿Por qué no explorar otras alternativas en vez de apostar a ésta que termina siendo la más fácil?”, cuestionó para luego explicar que es “la más fácil frente a la opinión pública, porque el discurso de mano dura resulta atractivo”.
De esa manera, la académica expuso que la medida puede ser un poco simplista y también costosa, porque además implicaría la capacitación de las FF.AA. para el control migratorio. Igualmente, mencionó los elevados presupuestos que asumen ciertos países en su control fronterizo, como ocurre en la frontera de México con los Estados Unidos, que tienen una gran seguridad para cubrir su línea fronteriza compuesta por 3 mil 152 kilómetros, por lo que desde 2022 a 2024 ambas naciones acordaron invertir mil 500 millones de dólares para mejorar su tecnología. Mientras la frontera norte de Chile es de 4 mil 270 kilómetros y en el 2022 el Gobierno anunció una inversión de casi 15 millones de dólares para modernizar las herramientas de control.