En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, profundizó sobre la situación de seguridad en el país.
Respecto de las propuestas emanadas desde la mesa de seguridad impulsada por el Gobierno, sostuvo que “tiene ciertos ámbitos que a nosotros nos parecen muy pertinentes. La de incorporar, por ejemplo, responsabilidades en la prevención del delito a los gobiernos regionales nos parece que es algo necesario”.
Esto porque para Johnson “es una complicación bastante grande el rol de los municipios solamente, porque tienden a actuar de manera aislada y el delito no actúa de manera aislada, no sabe de fronteras comunales, muchas veces traspasa estas fronteras permanentemente. Por lo tanto, las medidas preventivas que nosotros tenemos que tomar abarcan territorios mucho más amplios”.
En ese sentido, explicó que “es cierto que los gobiernos regionales han sido un gran banco pagador de programas de seguridad, pero como los municipios nos van presentando estos programas para postular a los recursos del gobierno regional aisladamente, la capacidad que tienen para hacer programas más grandes o que tengan una mayor posibilidad de reducir la cantidad de delitos es bastante acotada”.
“Entonces, pensar que los gobiernos regionales van a tener una coordinación a nivel regional y que van a poder de esa manera priorizar ciertos programas que sean transversales a los municipios a nosotros nos parece sumamente pertinente”, expresó.
Sin embargo, puntualizó en la necesidad de no dejar de lado la prevención de conductas delictuales por parte de niños, niñas y adolescente. “Hoy día hablamos de crimen organizado, pero la verdad es que es poco lo que lo conocemos y poco lo que sabemos cómo operan sus estructuras, pero algunas cosas que sí son claras es que el crimen organizado se vale y necesita a los niños, niñas y adolescentes para cometer delitos”, comentó.
En esa línea, enfatizó en que “cuando vemos que hay muchos niños, jóvenes que están participando en portonazos, en encerronas, la verdad es que no es que ellos solos sean capaces de hacerse de un arma de fuego, de coordinar esos actos, de cómo conseguir el vehículo, sino que son reclutados por organizaciones delictuales que les pasan los recursos, las armas y los medios para llegar a los lugares donde tienen que cometer los delitos y les pagan como un sueldo después por cada vehículo que les es encargado, con una marca y un modelo incluso”.
Por lo mismo, indicó que para prevenir ese involucramiento “tenemos que apuntar a los jóvenes que concentran factores de riesgo y eso es bastante conocido”, tales como niños que están quedando fuera del sistema escolar e hijos de padres que están privados de libertad.
En cuanto a las declaraciones cruzadas entre el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y la Cámara de Comercio de Santiago a propósito del asalto a mano armada a una tienda de tecnología en el Mall Plaza Egaña, Johnson consideró que “estas discusiones se arman normalmente porque uno limita la responsabilidad de la prevención de este tipo de actos solamente a la disuasión”.
“Tenemos muchos ámbitos para evitar este tipo de delitos, o sea, lo primero es el control, el cómo tenemos medidas para poder capturar a las bandas que lo están cometiendo, cómo reaccionamos, pero eso evidentemente es tardío y por mucho esfuerzo que hagamos ahí si es que no tratamos de resolver el problema antes de que se produzca, nunca vamos a evitar que pase. A lo mejor vamos a ser más efectivos en sacar alguna banda, pero el mecanismo persecutor nunca va a tener la capacidad suficiente para evitar que este tipo de delitos se produzca”.
Desde esa perspectiva aseveró que “esa persecución es responsabilidad 100% del Estado, los malls a lo más van a poder producir pruebas, pero la investigación la tiene que hacer el Ministerio Público, que es un organismo del Estado de Chile. Entonces, en eso no hay ninguna duda de quién es el responsable “.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, profundizó sobre la situación de seguridad en el país.
Respecto de las propuestas emanadas desde la mesa de seguridad impulsada por el Gobierno, sostuvo que “tiene ciertos ámbitos que a nosotros nos parecen muy pertinentes. La de incorporar, por ejemplo, responsabilidades en la prevención del delito a los gobiernos regionales nos parece que es algo necesario”.
Esto porque para Johnson “es una complicación bastante grande el rol de los municipios solamente, porque tienden a actuar de manera aislada y el delito no actúa de manera aislada, no sabe de fronteras comunales, muchas veces traspasa estas fronteras permanentemente. Por lo tanto, las medidas preventivas que nosotros tenemos que tomar abarcan territorios mucho más amplios”.
En ese sentido, explicó que “es cierto que los gobiernos regionales han sido un gran banco pagador de programas de seguridad, pero como los municipios nos van presentando estos programas para postular a los recursos del gobierno regional aisladamente, la capacidad que tienen para hacer programas más grandes o que tengan una mayor posibilidad de reducir la cantidad de delitos es bastante acotada”.
“Entonces, pensar que los gobiernos regionales van a tener una coordinación a nivel regional y que van a poder de esa manera priorizar ciertos programas que sean transversales a los municipios a nosotros nos parece sumamente pertinente”, expresó.
Sin embargo, puntualizó en la necesidad de no dejar de lado la prevención de conductas delictuales por parte de niños, niñas y adolescente. “Hoy día hablamos de crimen organizado, pero la verdad es que es poco lo que lo conocemos y poco lo que sabemos cómo operan sus estructuras, pero algunas cosas que sí son claras es que el crimen organizado se vale y necesita a los niños, niñas y adolescentes para cometer delitos”, comentó.
En esa línea, enfatizó en que “cuando vemos que hay muchos niños, jóvenes que están participando en portonazos, en encerronas, la verdad es que no es que ellos solos sean capaces de hacerse de un arma de fuego, de coordinar esos actos, de cómo conseguir el vehículo, sino que son reclutados por organizaciones delictuales que les pasan los recursos, las armas y los medios para llegar a los lugares donde tienen que cometer los delitos y les pagan como un sueldo después por cada vehículo que les es encargado, con una marca y un modelo incluso”.
Por lo mismo, indicó que para prevenir ese involucramiento “tenemos que apuntar a los jóvenes que concentran factores de riesgo y eso es bastante conocido”, tales como niños que están quedando fuera del sistema escolar e hijos de padres que están privados de libertad.
En cuanto a las declaraciones cruzadas entre el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y la Cámara de Comercio de Santiago a propósito del asalto a mano armada a una tienda de tecnología en el Mall Plaza Egaña, Johnson consideró que “estas discusiones se arman normalmente porque uno limita la responsabilidad de la prevención de este tipo de actos solamente a la disuasión”.
“Tenemos muchos ámbitos para evitar este tipo de delitos, o sea, lo primero es el control, el cómo tenemos medidas para poder capturar a las bandas que lo están cometiendo, cómo reaccionamos, pero eso evidentemente es tardío y por mucho esfuerzo que hagamos ahí si es que no tratamos de resolver el problema antes de que se produzca, nunca vamos a evitar que pase. A lo mejor vamos a ser más efectivos en sacar alguna banda, pero el mecanismo persecutor nunca va a tener la capacidad suficiente para evitar que este tipo de delitos se produzca”.
Desde esa perspectiva aseveró que “esa persecución es responsabilidad 100% del Estado, los malls a lo más van a poder producir pruebas, pero la investigación la tiene que hacer el Ministerio Público, que es un organismo del Estado de Chile. Entonces, en eso no hay ninguna duda de quién es el responsable “.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, profundizó sobre la situación de seguridad en el país.
Respecto de las propuestas emanadas desde la mesa de seguridad impulsada por el Gobierno, sostuvo que “tiene ciertos ámbitos que a nosotros nos parecen muy pertinentes. La de incorporar, por ejemplo, responsabilidades en la prevención del delito a los gobiernos regionales nos parece que es algo necesario”.
Esto porque para Johnson “es una complicación bastante grande el rol de los municipios solamente, porque tienden a actuar de manera aislada y el delito no actúa de manera aislada, no sabe de fronteras comunales, muchas veces traspasa estas fronteras permanentemente. Por lo tanto, las medidas preventivas que nosotros tenemos que tomar abarcan territorios mucho más amplios”.
En ese sentido, explicó que “es cierto que los gobiernos regionales han sido un gran banco pagador de programas de seguridad, pero como los municipios nos van presentando estos programas para postular a los recursos del gobierno regional aisladamente, la capacidad que tienen para hacer programas más grandes o que tengan una mayor posibilidad de reducir la cantidad de delitos es bastante acotada”.
“Entonces, pensar que los gobiernos regionales van a tener una coordinación a nivel regional y que van a poder de esa manera priorizar ciertos programas que sean transversales a los municipios a nosotros nos parece sumamente pertinente”, expresó.
Sin embargo, puntualizó en la necesidad de no dejar de lado la prevención de conductas delictuales por parte de niños, niñas y adolescente. “Hoy día hablamos de crimen organizado, pero la verdad es que es poco lo que lo conocemos y poco lo que sabemos cómo operan sus estructuras, pero algunas cosas que sí son claras es que el crimen organizado se vale y necesita a los niños, niñas y adolescentes para cometer delitos”, comentó.
En esa línea, enfatizó en que “cuando vemos que hay muchos niños, jóvenes que están participando en portonazos, en encerronas, la verdad es que no es que ellos solos sean capaces de hacerse de un arma de fuego, de coordinar esos actos, de cómo conseguir el vehículo, sino que son reclutados por organizaciones delictuales que les pasan los recursos, las armas y los medios para llegar a los lugares donde tienen que cometer los delitos y les pagan como un sueldo después por cada vehículo que les es encargado, con una marca y un modelo incluso”.
Por lo mismo, indicó que para prevenir ese involucramiento “tenemos que apuntar a los jóvenes que concentran factores de riesgo y eso es bastante conocido”, tales como niños que están quedando fuera del sistema escolar e hijos de padres que están privados de libertad.
En cuanto a las declaraciones cruzadas entre el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y la Cámara de Comercio de Santiago a propósito del asalto a mano armada a una tienda de tecnología en el Mall Plaza Egaña, Johnson consideró que “estas discusiones se arman normalmente porque uno limita la responsabilidad de la prevención de este tipo de actos solamente a la disuasión”.
“Tenemos muchos ámbitos para evitar este tipo de delitos, o sea, lo primero es el control, el cómo tenemos medidas para poder capturar a las bandas que lo están cometiendo, cómo reaccionamos, pero eso evidentemente es tardío y por mucho esfuerzo que hagamos ahí si es que no tratamos de resolver el problema antes de que se produzca, nunca vamos a evitar que pase. A lo mejor vamos a ser más efectivos en sacar alguna banda, pero el mecanismo persecutor nunca va a tener la capacidad suficiente para evitar que este tipo de delitos se produzca”.
Desde esa perspectiva aseveró que “esa persecución es responsabilidad 100% del Estado, los malls a lo más van a poder producir pruebas, pero la investigación la tiene que hacer el Ministerio Público, que es un organismo del Estado de Chile. Entonces, en eso no hay ninguna duda de quién es el responsable “.
