Más policías, prevención y Servicio de Atención a Víctimas: Los detalles del “Compromiso de Seguridad” del Gobierno
Además, el Ejecutivo plantea estudiar cambios a la ley antiterrorista; la aplicación de nuevos armamentos como la pistola eléctrica Taser y sancionar el porte de sustancias para la fabricación de bombas molotov en contexto de desórdenes públicos.
Miércoles 1 de febrero 2023 11:26 hrs.
Como fue comprometido por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el balance de las reuniones que este martes sostuvo con parlamentarios, asociaciones de municipalidades y gobiernos regionales para presentar la síntesis del Gobierno sobre la mesa de seguridad, la cartera dio a conocer la “hoja de ruta” respecto al “Compromiso Transversal por la Seguridad”. Un documento de 14 páginas que contempla más de 90 medidas -que apuntan a iniciativas de ley y disposiciones administrativas- bajo los ejes de prevención y víctimas; control; persecución y sanción; institucionalidad y policías.
A continuación algunas de las medidas más destacadas de la propuesta del Gobierno:
Prevención y Cuidado de Víctimas
El primer acápite apunta a la prevención de la concurrencia al delito por parte de niños, niñas y adolescentes. Para ello se busca extender el “Programa Lazos” de 56 a 95 comunas durante los próximos tres años. Asimismo se plantean siete medidas para desarrollar un plan intensivo de actividades currirulares y extracurriculares para estudiantes con riesgo de abandono o baja asistencia escolar.
En cuanto a Municipios y Gobiernos Regionales, tendrán una labor “fundamental en la prevención de delitos”, dado que se avanzará “hacia una función compartida entre los tres niveles de Gobierno asegurando su consistencia mediante los lineamientos de la política y los estándares técnicos establecidos desde el Ministerio del Interior y, a futuro, desde el Ministerio de Seguridad”.
Junto a ello, se contempló un trabajo público privado que contempla un proyecto de ley en la línea de robustecer la prevención de asaltos al retail de alto valor en los malls y la modernización de los protocolos de seguridad en eventos masivos y espectáculos deportivos; labores en post de la recuperación de espacios públicos, donde se plantea operativos de control en barrios vulnerables expuestos a la “narco beneficencia”.
En materia de género se incorporará la violencia intrafamiliar dentro de las categorías del reglamento STOP para su seguimiento y priorización este 2023 y la coordinación de programas de apoyo y rehabilitación de mujeres condenadas por la Ley 20.000. Por otro lado, en lo que compete a víctimas, se propone un proyecto de ley que crea el Servicio de Atención a Víctimas para incorporar el otorgamiento de representación jurídica con mismos estándar de Defensoría Penal Pública para las víctimas de los delitos más violentos.
Control
En este apartado se ha previsto un aumento de la pena para aquellas personas que sean sorprendidas portando armas sin el debido permiso; sancionar el porte de sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas artesanales o molotov en contexto de desórdenes públicos; fortalecer los sistemas de trazabilidad de armas de fuego asegurando la disponibilidad de recursos tecnológicos y sistemas de identificación balísticos adecuados y mejorar las capacidades de control del Servicio Nacional de Aduanas para fortalecer el control de fronteras.
Respecto a las fronteras, se pondrá suma urgencia al proyecto de ley que busca simplificar la materialización de las expulsiones administrativas; la intensificación del trabajo consular con Bolivia a propósito de las reconducciones incorporando a congresistas a través del Parlamento Andino y la dictación del decreto con fuerza de ley que regulará las atribuciones y deberes de las FFAA para el resguardo de áreas en zonas fronterizas.
En cuanto al tráfico de personas se contempla la presentación de un proyecto de ley que entrega mejores herramientas para combatir este delito y se presentarán indicaciones al proyecto de ley “Anti-coyotes” para extender la detención de los sospechosos mediante diversas vías cuando hay casos de trata de personas o de delitos más graves ligados al tráfico de migrantes.
En lo relativo a la seguridad en el ámbito digital, se prevé el despacho del proyecto marco sobre ciberseguridad antes del término del tercer trimestre de este año y se presentarán indicaciones y urgencia a la moción sobre violencia digital.
Persecución y Sanción
En este eje se seguirá impulsando el proyecto de crimen organizado y se presentará una iniciativa de ley que que permita levantar el secreto bancario cuando hay sospecha de este tipo de ilícitos. Además se contempla el despacho del proyecto de ley de narcotráfico, la presentación de una moción para fortalecer a las instituciones en la ejecución de bienes decomisados y la actualización de la normativa que diferencia narcotráfico, microtráfico y consumo de drogas no autorizadas, con criterios claros que den certeza y eviten discrecionalidad.
Asimismo, se busca elevar las penas al delito de secuestro; la aplicación de suma urgencia al proyecto que busca sancionar los actos preparatorios del sicariato; la entrega de facultades a Gendarmería para ser auxiliares de investigación y la priorización del proyecto de delitos económicos.
Adicionalmente se propone una iniciativa legislativa para facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales que en la actualidad quedan prácticamente impunes. También se avanzará en el bloqueo de señal de celulares en las cárceles como exigencia a los nuevos prestadores de servicios telefónicos.
Por lo demás, el Ejecutivo desarrollará los estudios para la modificación a la ley vigente con el objetivo de tipificar el delito terrorista de una manera que permita su persecución efectiva y de mejorar los instrumentos para su investigación y sanción.
Institucionalidad
En esta materia se establecerá una hoja de ruta para el fortalecimiento del Ministerio Público y se presentará un proyecto para la creación de fiscalías supraterritoriales (por ejemplo, Macro Zona Norte) para la investigación de delitos complejos a concordarse con el nuevo Fiscal Nacional para el primer semestre de 2023.
Asimismo se presentarán indicaciones al proyecto de ley de inteligencia para crear una mejor arquitectura del sistema; dotar de capacidades operativas a la ANI que dependerá del futuro Ministerio de Seguridad y proceder a la autorización judicial con garantías de confiabilidad que permita utilizar métodos especiales de obtención de información de fuentes cerradas.
Policías
En ese acápite se ha contemplado la creación del Ministerio de Seguridad, con “competencias efectivas para llevar adelante el control civil de las policías de manera profesional y con continuidad institucional más allá de los ciclos políticos”.
Por otro lado, se impulsará la modernización de la carrera e institucionalidad policial de Carabineros; se patrocinará la moción parlamentaria Nain II para eliminar penas alternativas en caso de lesiones graves, graves gravísimas y homicidios; se evaluará la aplicación de nuevos tipos de armamento como la pistola eléctrica Taser y se regulará por ley las reglas del uso de la fuerza (RUF).
Junto a ello se aumentará la dotación de la Policía de Investigaciones, con 200 nuevos oficiales policiales profesionales y el incremento de 900 plazas del personal de Carabineros.
Imagen: Agencia ATON.
Como fue comprometido por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el balance de las reuniones que este martes sostuvo con parlamentarios, asociaciones de municipalidades y gobiernos regionales para presentar la síntesis del Gobierno sobre la mesa de seguridad, la cartera dio a conocer la “hoja de ruta” respecto al “Compromiso Transversal por la Seguridad”. Un documento de 14 páginas que contempla más de 90 medidas -que apuntan a iniciativas de ley y disposiciones administrativas- bajo los ejes de prevención y víctimas; control; persecución y sanción; institucionalidad y policías.
A continuación algunas de las medidas más destacadas de la propuesta del Gobierno:
Prevención y Cuidado de Víctimas
El primer acápite apunta a la prevención de la concurrencia al delito por parte de niños, niñas y adolescentes. Para ello se busca extender el “Programa Lazos” de 56 a 95 comunas durante los próximos tres años. Asimismo se plantean siete medidas para desarrollar un plan intensivo de actividades currirulares y extracurriculares para estudiantes con riesgo de abandono o baja asistencia escolar.
En cuanto a Municipios y Gobiernos Regionales, tendrán una labor “fundamental en la prevención de delitos”, dado que se avanzará “hacia una función compartida entre los tres niveles de Gobierno asegurando su consistencia mediante los lineamientos de la política y los estándares técnicos establecidos desde el Ministerio del Interior y, a futuro, desde el Ministerio de Seguridad”.
Junto a ello, se contempló un trabajo público privado que contempla un proyecto de ley en la línea de robustecer la prevención de asaltos al retail de alto valor en los malls y la modernización de los protocolos de seguridad en eventos masivos y espectáculos deportivos; labores en post de la recuperación de espacios públicos, donde se plantea operativos de control en barrios vulnerables expuestos a la “narco beneficencia”.
En materia de género se incorporará la violencia intrafamiliar dentro de las categorías del reglamento STOP para su seguimiento y priorización este 2023 y la coordinación de programas de apoyo y rehabilitación de mujeres condenadas por la Ley 20.000. Por otro lado, en lo que compete a víctimas, se propone un proyecto de ley que crea el Servicio de Atención a Víctimas para incorporar el otorgamiento de representación jurídica con mismos estándar de Defensoría Penal Pública para las víctimas de los delitos más violentos.
Control
En este apartado se ha previsto un aumento de la pena para aquellas personas que sean sorprendidas portando armas sin el debido permiso; sancionar el porte de sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas artesanales o molotov en contexto de desórdenes públicos; fortalecer los sistemas de trazabilidad de armas de fuego asegurando la disponibilidad de recursos tecnológicos y sistemas de identificación balísticos adecuados y mejorar las capacidades de control del Servicio Nacional de Aduanas para fortalecer el control de fronteras.
Respecto a las fronteras, se pondrá suma urgencia al proyecto de ley que busca simplificar la materialización de las expulsiones administrativas; la intensificación del trabajo consular con Bolivia a propósito de las reconducciones incorporando a congresistas a través del Parlamento Andino y la dictación del decreto con fuerza de ley que regulará las atribuciones y deberes de las FFAA para el resguardo de áreas en zonas fronterizas.
En cuanto al tráfico de personas se contempla la presentación de un proyecto de ley que entrega mejores herramientas para combatir este delito y se presentarán indicaciones al proyecto de ley “Anti-coyotes” para extender la detención de los sospechosos mediante diversas vías cuando hay casos de trata de personas o de delitos más graves ligados al tráfico de migrantes.
En lo relativo a la seguridad en el ámbito digital, se prevé el despacho del proyecto marco sobre ciberseguridad antes del término del tercer trimestre de este año y se presentarán indicaciones y urgencia a la moción sobre violencia digital.
Persecución y Sanción
En este eje se seguirá impulsando el proyecto de crimen organizado y se presentará una iniciativa de ley que que permita levantar el secreto bancario cuando hay sospecha de este tipo de ilícitos. Además se contempla el despacho del proyecto de ley de narcotráfico, la presentación de una moción para fortalecer a las instituciones en la ejecución de bienes decomisados y la actualización de la normativa que diferencia narcotráfico, microtráfico y consumo de drogas no autorizadas, con criterios claros que den certeza y eviten discrecionalidad.
Asimismo, se busca elevar las penas al delito de secuestro; la aplicación de suma urgencia al proyecto que busca sancionar los actos preparatorios del sicariato; la entrega de facultades a Gendarmería para ser auxiliares de investigación y la priorización del proyecto de delitos económicos.
Adicionalmente se propone una iniciativa legislativa para facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales que en la actualidad quedan prácticamente impunes. También se avanzará en el bloqueo de señal de celulares en las cárceles como exigencia a los nuevos prestadores de servicios telefónicos.
Por lo demás, el Ejecutivo desarrollará los estudios para la modificación a la ley vigente con el objetivo de tipificar el delito terrorista de una manera que permita su persecución efectiva y de mejorar los instrumentos para su investigación y sanción.
Institucionalidad
En esta materia se establecerá una hoja de ruta para el fortalecimiento del Ministerio Público y se presentará un proyecto para la creación de fiscalías supraterritoriales (por ejemplo, Macro Zona Norte) para la investigación de delitos complejos a concordarse con el nuevo Fiscal Nacional para el primer semestre de 2023.
Asimismo se presentarán indicaciones al proyecto de ley de inteligencia para crear una mejor arquitectura del sistema; dotar de capacidades operativas a la ANI que dependerá del futuro Ministerio de Seguridad y proceder a la autorización judicial con garantías de confiabilidad que permita utilizar métodos especiales de obtención de información de fuentes cerradas.
Policías
En ese acápite se ha contemplado la creación del Ministerio de Seguridad, con “competencias efectivas para llevar adelante el control civil de las policías de manera profesional y con continuidad institucional más allá de los ciclos políticos”.
Por otro lado, se impulsará la modernización de la carrera e institucionalidad policial de Carabineros; se patrocinará la moción parlamentaria Nain II para eliminar penas alternativas en caso de lesiones graves, graves gravísimas y homicidios; se evaluará la aplicación de nuevos tipos de armamento como la pistola eléctrica Taser y se regulará por ley las reglas del uso de la fuerza (RUF).
Junto a ello se aumentará la dotación de la Policía de Investigaciones, con 200 nuevos oficiales policiales profesionales y el incremento de 900 plazas del personal de Carabineros.
Imagen: Agencia ATON.
Como fue comprometido por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el balance de las reuniones que este martes sostuvo con parlamentarios, asociaciones de municipalidades y gobiernos regionales para presentar la síntesis del Gobierno sobre la mesa de seguridad, la cartera dio a conocer la “hoja de ruta” respecto al “Compromiso Transversal por la Seguridad”. Un documento de 14 páginas que contempla más de 90 medidas -que apuntan a iniciativas de ley y disposiciones administrativas- bajo los ejes de prevención y víctimas; control; persecución y sanción; institucionalidad y policías.
A continuación algunas de las medidas más destacadas de la propuesta del Gobierno:
Prevención y Cuidado de Víctimas
El primer acápite apunta a la prevención de la concurrencia al delito por parte de niños, niñas y adolescentes. Para ello se busca extender el “Programa Lazos” de 56 a 95 comunas durante los próximos tres años. Asimismo se plantean siete medidas para desarrollar un plan intensivo de actividades currirulares y extracurriculares para estudiantes con riesgo de abandono o baja asistencia escolar.
En cuanto a Municipios y Gobiernos Regionales, tendrán una labor “fundamental en la prevención de delitos”, dado que se avanzará “hacia una función compartida entre los tres niveles de Gobierno asegurando su consistencia mediante los lineamientos de la política y los estándares técnicos establecidos desde el Ministerio del Interior y, a futuro, desde el Ministerio de Seguridad”.
Junto a ello, se contempló un trabajo público privado que contempla un proyecto de ley en la línea de robustecer la prevención de asaltos al retail de alto valor en los malls y la modernización de los protocolos de seguridad en eventos masivos y espectáculos deportivos; labores en post de la recuperación de espacios públicos, donde se plantea operativos de control en barrios vulnerables expuestos a la “narco beneficencia”.
En materia de género se incorporará la violencia intrafamiliar dentro de las categorías del reglamento STOP para su seguimiento y priorización este 2023 y la coordinación de programas de apoyo y rehabilitación de mujeres condenadas por la Ley 20.000. Por otro lado, en lo que compete a víctimas, se propone un proyecto de ley que crea el Servicio de Atención a Víctimas para incorporar el otorgamiento de representación jurídica con mismos estándar de Defensoría Penal Pública para las víctimas de los delitos más violentos.
Control
En este apartado se ha previsto un aumento de la pena para aquellas personas que sean sorprendidas portando armas sin el debido permiso; sancionar el porte de sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas artesanales o molotov en contexto de desórdenes públicos; fortalecer los sistemas de trazabilidad de armas de fuego asegurando la disponibilidad de recursos tecnológicos y sistemas de identificación balísticos adecuados y mejorar las capacidades de control del Servicio Nacional de Aduanas para fortalecer el control de fronteras.
Respecto a las fronteras, se pondrá suma urgencia al proyecto de ley que busca simplificar la materialización de las expulsiones administrativas; la intensificación del trabajo consular con Bolivia a propósito de las reconducciones incorporando a congresistas a través del Parlamento Andino y la dictación del decreto con fuerza de ley que regulará las atribuciones y deberes de las FFAA para el resguardo de áreas en zonas fronterizas.
En cuanto al tráfico de personas se contempla la presentación de un proyecto de ley que entrega mejores herramientas para combatir este delito y se presentarán indicaciones al proyecto de ley “Anti-coyotes” para extender la detención de los sospechosos mediante diversas vías cuando hay casos de trata de personas o de delitos más graves ligados al tráfico de migrantes.
En lo relativo a la seguridad en el ámbito digital, se prevé el despacho del proyecto marco sobre ciberseguridad antes del término del tercer trimestre de este año y se presentarán indicaciones y urgencia a la moción sobre violencia digital.
Persecución y Sanción
En este eje se seguirá impulsando el proyecto de crimen organizado y se presentará una iniciativa de ley que que permita levantar el secreto bancario cuando hay sospecha de este tipo de ilícitos. Además se contempla el despacho del proyecto de ley de narcotráfico, la presentación de una moción para fortalecer a las instituciones en la ejecución de bienes decomisados y la actualización de la normativa que diferencia narcotráfico, microtráfico y consumo de drogas no autorizadas, con criterios claros que den certeza y eviten discrecionalidad.
Asimismo, se busca elevar las penas al delito de secuestro; la aplicación de suma urgencia al proyecto que busca sancionar los actos preparatorios del sicariato; la entrega de facultades a Gendarmería para ser auxiliares de investigación y la priorización del proyecto de delitos económicos.
Adicionalmente se propone una iniciativa legislativa para facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales que en la actualidad quedan prácticamente impunes. También se avanzará en el bloqueo de señal de celulares en las cárceles como exigencia a los nuevos prestadores de servicios telefónicos.
Por lo demás, el Ejecutivo desarrollará los estudios para la modificación a la ley vigente con el objetivo de tipificar el delito terrorista de una manera que permita su persecución efectiva y de mejorar los instrumentos para su investigación y sanción.
Institucionalidad
En esta materia se establecerá una hoja de ruta para el fortalecimiento del Ministerio Público y se presentará un proyecto para la creación de fiscalías supraterritoriales (por ejemplo, Macro Zona Norte) para la investigación de delitos complejos a concordarse con el nuevo Fiscal Nacional para el primer semestre de 2023.
Asimismo se presentarán indicaciones al proyecto de ley de inteligencia para crear una mejor arquitectura del sistema; dotar de capacidades operativas a la ANI que dependerá del futuro Ministerio de Seguridad y proceder a la autorización judicial con garantías de confiabilidad que permita utilizar métodos especiales de obtención de información de fuentes cerradas.
Policías
En ese acápite se ha contemplado la creación del Ministerio de Seguridad, con “competencias efectivas para llevar adelante el control civil de las policías de manera profesional y con continuidad institucional más allá de los ciclos políticos”.
Por otro lado, se impulsará la modernización de la carrera e institucionalidad policial de Carabineros; se patrocinará la moción parlamentaria Nain II para eliminar penas alternativas en caso de lesiones graves, graves gravísimas y homicidios; se evaluará la aplicación de nuevos tipos de armamento como la pistola eléctrica Taser y se regulará por ley las reglas del uso de la fuerza (RUF).
Junto a ello se aumentará la dotación de la Policía de Investigaciones, con 200 nuevos oficiales policiales profesionales y el incremento de 900 plazas del personal de Carabineros.
Imagen: Agencia ATON.
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