Durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Este hecho, sin embargo, fue visto con escepticismo por los familiares de las víctimas y sus representantes, entre ellos, la abogada experta en Derechos Humanos, Karinna Fernández.
El caso Vega González y otros contra Chile, que fue revisado por la CIDH la mañana del miércoles, tiene su origen en un recurso presentado por Fernández y sus colegas Magdalena Garcés y Jimena Reyes. Allí se denunció la rebaja de penas a exagentes del Estado, por parte de la Corte Suprema, entre los años 2007 y 2010, a lo que se añade la falta de garantías procesales al momento de juzgar los casos.
“Nosotros alegamos que las víctimas no tuvieran derecho a ser oídas, que hubo un derecho afectado, garantías procesales afectadas. La aplicación de la media prescripción estaba decidida políticamente desde antes por parte de la Corte Suprema, y aunque el Estado lo rechaza, ese es efectivamente el meollo del asunto”, explicó Fernández.
“Es eso lo que genera una cosa juzgada fraudulenta, que, a su vez, origina el derecho a exigir la anulación de las sentencias”, agregó.
El Estado chileno, sin embargo, tiene una visión distinta: “Ellos dicen que no, que acá hubo un error, lo reconocemos como un error, pero no se reconoce una fase anterior, que genera vulneración a las víctimas”, aseguró la abogada.
Por eso, las palabras de los representantes de Chile ante la Corte Interamericana le parecen vacías: “De nada sirven las apariencias, señalar que se hace un reconocimiento, cuando en realidad es un reconocimiento vacío. Además, lamentamos la ausencia de autoridades del Estado de Chile en la audiencia. Eso también, en términos internacionales, es una señal bastante lamentable”, dijo Fernández.
Respecto a lo que se quiere lograr con este proceso, la abogada señaló que su objetivo es que el artículo 103, que permite la media prescripción, ya no pueda ser aplicado a delitos de lesa humanidad: “Eso y que se anulen las sentencias”, añadió.
Finalmente, Fernández hizo una reflexión sobre la manera en que el Estado de Chile ha enfrentado las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1989.
“Esta causa tiene su origen en hechos de la dictadura, pero también refleja las problemáticas de las transiciones, en particular lo que nosotros llamamos todos estos pactos implícitos a los que los familiares han debido enfrentarse a lo largo de décadas”.
“La creación de comisiones de verdad, e incluso los procesos judiciales son logros de los familiares, pues al mismo han existido gobiernos que han les han impuesto ciertas políticas transicionales y les han dado la espalda a sus luchas”, aseveró.
Durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Este hecho, sin embargo, fue visto con escepticismo por los familiares de las víctimas y sus representantes, entre ellos, la abogada experta en Derechos Humanos, Karinna Fernández.
El caso Vega González y otros contra Chile, que fue revisado por la CIDH la mañana del miércoles, tiene su origen en un recurso presentado por Fernández y sus colegas Magdalena Garcés y Jimena Reyes. Allí se denunció la rebaja de penas a exagentes del Estado, por parte de la Corte Suprema, entre los años 2007 y 2010, a lo que se añade la falta de garantías procesales al momento de juzgar los casos.
“Nosotros alegamos que las víctimas no tuvieran derecho a ser oídas, que hubo un derecho afectado, garantías procesales afectadas. La aplicación de la media prescripción estaba decidida políticamente desde antes por parte de la Corte Suprema, y aunque el Estado lo rechaza, ese es efectivamente el meollo del asunto”, explicó Fernández.
“Es eso lo que genera una cosa juzgada fraudulenta, que, a su vez, origina el derecho a exigir la anulación de las sentencias”, agregó.
El Estado chileno, sin embargo, tiene una visión distinta: “Ellos dicen que no, que acá hubo un error, lo reconocemos como un error, pero no se reconoce una fase anterior, que genera vulneración a las víctimas”, aseguró la abogada.
Por eso, las palabras de los representantes de Chile ante la Corte Interamericana le parecen vacías: “De nada sirven las apariencias, señalar que se hace un reconocimiento, cuando en realidad es un reconocimiento vacío. Además, lamentamos la ausencia de autoridades del Estado de Chile en la audiencia. Eso también, en términos internacionales, es una señal bastante lamentable”, dijo Fernández.
Respecto a lo que se quiere lograr con este proceso, la abogada señaló que su objetivo es que el artículo 103, que permite la media prescripción, ya no pueda ser aplicado a delitos de lesa humanidad: “Eso y que se anulen las sentencias”, añadió.
Finalmente, Fernández hizo una reflexión sobre la manera en que el Estado de Chile ha enfrentado las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1989.
“Esta causa tiene su origen en hechos de la dictadura, pero también refleja las problemáticas de las transiciones, en particular lo que nosotros llamamos todos estos pactos implícitos a los que los familiares han debido enfrentarse a lo largo de décadas”.
“La creación de comisiones de verdad, e incluso los procesos judiciales son logros de los familiares, pues al mismo han existido gobiernos que han les han impuesto ciertas políticas transicionales y les han dado la espalda a sus luchas”, aseveró.
Durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Este hecho, sin embargo, fue visto con escepticismo por los familiares de las víctimas y sus representantes, entre ellos, la abogada experta en Derechos Humanos, Karinna Fernández.
El caso Vega González y otros contra Chile, que fue revisado por la CIDH la mañana del miércoles, tiene su origen en un recurso presentado por Fernández y sus colegas Magdalena Garcés y Jimena Reyes. Allí se denunció la rebaja de penas a exagentes del Estado, por parte de la Corte Suprema, entre los años 2007 y 2010, a lo que se añade la falta de garantías procesales al momento de juzgar los casos.
“Nosotros alegamos que las víctimas no tuvieran derecho a ser oídas, que hubo un derecho afectado, garantías procesales afectadas. La aplicación de la media prescripción estaba decidida políticamente desde antes por parte de la Corte Suprema, y aunque el Estado lo rechaza, ese es efectivamente el meollo del asunto”, explicó Fernández.
“Es eso lo que genera una cosa juzgada fraudulenta, que, a su vez, origina el derecho a exigir la anulación de las sentencias”, agregó.
El Estado chileno, sin embargo, tiene una visión distinta: “Ellos dicen que no, que acá hubo un error, lo reconocemos como un error, pero no se reconoce una fase anterior, que genera vulneración a las víctimas”, aseguró la abogada.
Por eso, las palabras de los representantes de Chile ante la Corte Interamericana le parecen vacías: “De nada sirven las apariencias, señalar que se hace un reconocimiento, cuando en realidad es un reconocimiento vacío. Además, lamentamos la ausencia de autoridades del Estado de Chile en la audiencia. Eso también, en términos internacionales, es una señal bastante lamentable”, dijo Fernández.
Respecto a lo que se quiere lograr con este proceso, la abogada señaló que su objetivo es que el artículo 103, que permite la media prescripción, ya no pueda ser aplicado a delitos de lesa humanidad: “Eso y que se anulen las sentencias”, añadió.
Finalmente, Fernández hizo una reflexión sobre la manera en que el Estado de Chile ha enfrentado las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1989.
“Esta causa tiene su origen en hechos de la dictadura, pero también refleja las problemáticas de las transiciones, en particular lo que nosotros llamamos todos estos pactos implícitos a los que los familiares han debido enfrentarse a lo largo de décadas”.
“La creación de comisiones de verdad, e incluso los procesos judiciales son logros de los familiares, pues al mismo han existido gobiernos que han les han impuesto ciertas políticas transicionales y les han dado la espalda a sus luchas”, aseveró.
