La Directora Ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, teme que no se cumplan las expectativas de la ciudadanía en cuanto a sancionar a quienes aparecen responsables en el bullado caso SQM relacionado con el financiamiento irregular de la política, en el que hoy están siendo investigados Pablo Longueira y Marco Enriquez-Ominami (ME-O).
Recordemos que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago prorrogó el juicio oral para el 13 de febrero, donde el ex senador Longueira arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que respecto a ME-O, el Ministerio Público pidió 4 años de cárcel por delitos tributarios.
Para la abogada Jaraquemada, en general los casos sobre financiamiento ilegal de la política son complejos de investigar y los plazos han sido demasiado extensos, tanto para la percepción de la ciudadanía que se queda con la impresión que la justicia no llega, como para los investigados que quieren aclarar su situación. “No sé si se van a cumplir las expectativas porque al final del día, tenemos que recordar que si llegan a comprobar que fueron ciertos, en el momento en que ocurrieron no eran delitos, se perseguían como delitos tributarios y puede que ahí no se cumplan las expectativas de la ciudadanía, de sanciones adecuadas, en caso de comprobarse los hechos”, destacó.
Agregó que “esto genera una sensación de injusticia e impunidad” y que en cierta manera, refuerza la opinión de la gente respecto de que en el país no se hace mucho en materia de lucha contra la corrupción. “Lo que es lamentable es que con posterioridad al conocimiento de estos casos, sí se han hecho cambios. Hoy sí es delito el financiamiento ilegal y se hicieron muchos cambios sobre la forma cómo se financia la política, con mucha más transparencia, por ejemplo, respecto al aporte de las empresas, pero cuando llegan estas sentencias que son desde hace muchos años, en el fondo empañan reformas que se hicieron, porque las invisibiliza”, expresó Jaraquemada.
Precisó que esto genera “la percepción de que no se ha hecho nada contra la corrupción, cuando (en realidad) se han hecho reformas muy relevantes”.
En materia de lucha contra la corrupción y a partir del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publicó la ONG Transparencia Internacional que reveló que en el caso de nuestro país no se está priorizando la lucha contra este flagelo, Jaraquemada afirmó que Chile “tiene un buen desempeño comparado con el promedio mundial y regional. De cero a 100 puntos, donde cero es muy corrupto y 100 es poco corrupto, el país tiene 67 del promedio mundial y en el regional de 43. En ese sentido, si nos comparamos estamos bien. El problema es que el panorama es desolador en el mundo, pero efectivamente estamos estancados. Antes de 2015 estábamos sobre los 70 puntos, incluso en algún minuto estuvimos primeros en América Latina por sobre Uruguay y probablemente por el conocimiento de este tipo de casos, SQM y otros, ese año nos pegamos una bajada y desde el 2017 hemos estado estancados en los 67 puntos. Eso muestra una percepción de que no hay avances sustantivos hace un buen tiempo”.
Cabe consignar que el caso SQM y la arista del caso Penta se conoció en 2015, donde se investigó a 180 personas y todas fueron sobreseídas. El Ministerio Público no perseveró en el tema.
Respecto de otros casos de corrupción como el que involucra a los casos de las comunas del sector oriente y que se conocen como el Tren de Alcaldes, la profesional afirmó que “claramente hay una debilidad institucional en los municipios que estarían permitiendo que puedan ocurrir estos casos. También está en investigación, hay que ver qué ocurre, pero esto viene a comprobar un diagnóstico desde hace tiempo que hay que hacer algunos cambios de control, de transparencia, de revisión de cuentas en los municipios para impedir que haya corrupción. Creo que es clave y para ello, hay un proyecto de ley de parlamentarios que el Gobierno ha apoyado y esperemos que se avance para que se sancionen los hechos”.
Frente a la percepción ciudadana de una lentitud de los tribunales de justicia en procesar a los involucrados, Jaraquemada puntualizó que “estas investigaciones son largas. Investigar corrupción o lavado de activos requiere de una especialidad bastante particular respecto de las pruebas y por tanto, no es algo sencillo. Entiendo que la Justicia se tome su tiempo, pero tiene que llegar en algún minuto. El caso de Torrealba lleva un año, tampoco es que lleve mucho, creo que es razonable lo que lleva y habría que ver cómo está actuando la Fiscalía”.
Añadió que “los procesos tienen sus ritmos y las personas investigadas tienen sus derechos, hay que respetar esos procesos. No considero que en el caso de Torrealba sea excesivo, en el caso SQM sí, hablamos de años”.
La Directora Ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, teme que no se cumplan las expectativas de la ciudadanía en cuanto a sancionar a quienes aparecen responsables en el bullado caso SQM relacionado con el financiamiento irregular de la política, en el que hoy están siendo investigados Pablo Longueira y Marco Enriquez-Ominami (ME-O).
Recordemos que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago prorrogó el juicio oral para el 13 de febrero, donde el ex senador Longueira arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que respecto a ME-O, el Ministerio Público pidió 4 años de cárcel por delitos tributarios.
Para la abogada Jaraquemada, en general los casos sobre financiamiento ilegal de la política son complejos de investigar y los plazos han sido demasiado extensos, tanto para la percepción de la ciudadanía que se queda con la impresión que la justicia no llega, como para los investigados que quieren aclarar su situación. “No sé si se van a cumplir las expectativas porque al final del día, tenemos que recordar que si llegan a comprobar que fueron ciertos, en el momento en que ocurrieron no eran delitos, se perseguían como delitos tributarios y puede que ahí no se cumplan las expectativas de la ciudadanía, de sanciones adecuadas, en caso de comprobarse los hechos”, destacó.
Agregó que “esto genera una sensación de injusticia e impunidad” y que en cierta manera, refuerza la opinión de la gente respecto de que en el país no se hace mucho en materia de lucha contra la corrupción. “Lo que es lamentable es que con posterioridad al conocimiento de estos casos, sí se han hecho cambios. Hoy sí es delito el financiamiento ilegal y se hicieron muchos cambios sobre la forma cómo se financia la política, con mucha más transparencia, por ejemplo, respecto al aporte de las empresas, pero cuando llegan estas sentencias que son desde hace muchos años, en el fondo empañan reformas que se hicieron, porque las invisibiliza”, expresó Jaraquemada.
Precisó que esto genera “la percepción de que no se ha hecho nada contra la corrupción, cuando (en realidad) se han hecho reformas muy relevantes”.
En materia de lucha contra la corrupción y a partir del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publicó la ONG Transparencia Internacional que reveló que en el caso de nuestro país no se está priorizando la lucha contra este flagelo, Jaraquemada afirmó que Chile “tiene un buen desempeño comparado con el promedio mundial y regional. De cero a 100 puntos, donde cero es muy corrupto y 100 es poco corrupto, el país tiene 67 del promedio mundial y en el regional de 43. En ese sentido, si nos comparamos estamos bien. El problema es que el panorama es desolador en el mundo, pero efectivamente estamos estancados. Antes de 2015 estábamos sobre los 70 puntos, incluso en algún minuto estuvimos primeros en América Latina por sobre Uruguay y probablemente por el conocimiento de este tipo de casos, SQM y otros, ese año nos pegamos una bajada y desde el 2017 hemos estado estancados en los 67 puntos. Eso muestra una percepción de que no hay avances sustantivos hace un buen tiempo”.
Cabe consignar que el caso SQM y la arista del caso Penta se conoció en 2015, donde se investigó a 180 personas y todas fueron sobreseídas. El Ministerio Público no perseveró en el tema.
Respecto de otros casos de corrupción como el que involucra a los casos de las comunas del sector oriente y que se conocen como el Tren de Alcaldes, la profesional afirmó que “claramente hay una debilidad institucional en los municipios que estarían permitiendo que puedan ocurrir estos casos. También está en investigación, hay que ver qué ocurre, pero esto viene a comprobar un diagnóstico desde hace tiempo que hay que hacer algunos cambios de control, de transparencia, de revisión de cuentas en los municipios para impedir que haya corrupción. Creo que es clave y para ello, hay un proyecto de ley de parlamentarios que el Gobierno ha apoyado y esperemos que se avance para que se sancionen los hechos”.
Frente a la percepción ciudadana de una lentitud de los tribunales de justicia en procesar a los involucrados, Jaraquemada puntualizó que “estas investigaciones son largas. Investigar corrupción o lavado de activos requiere de una especialidad bastante particular respecto de las pruebas y por tanto, no es algo sencillo. Entiendo que la Justicia se tome su tiempo, pero tiene que llegar en algún minuto. El caso de Torrealba lleva un año, tampoco es que lleve mucho, creo que es razonable lo que lleva y habría que ver cómo está actuando la Fiscalía”.
Añadió que “los procesos tienen sus ritmos y las personas investigadas tienen sus derechos, hay que respetar esos procesos. No considero que en el caso de Torrealba sea excesivo, en el caso SQM sí, hablamos de años”.
La Directora Ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, teme que no se cumplan las expectativas de la ciudadanía en cuanto a sancionar a quienes aparecen responsables en el bullado caso SQM relacionado con el financiamiento irregular de la política, en el que hoy están siendo investigados Pablo Longueira y Marco Enriquez-Ominami (ME-O).
Recordemos que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago prorrogó el juicio oral para el 13 de febrero, donde el ex senador Longueira arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que respecto a ME-O, el Ministerio Público pidió 4 años de cárcel por delitos tributarios.
Para la abogada Jaraquemada, en general los casos sobre financiamiento ilegal de la política son complejos de investigar y los plazos han sido demasiado extensos, tanto para la percepción de la ciudadanía que se queda con la impresión que la justicia no llega, como para los investigados que quieren aclarar su situación. “No sé si se van a cumplir las expectativas porque al final del día, tenemos que recordar que si llegan a comprobar que fueron ciertos, en el momento en que ocurrieron no eran delitos, se perseguían como delitos tributarios y puede que ahí no se cumplan las expectativas de la ciudadanía, de sanciones adecuadas, en caso de comprobarse los hechos”, destacó.
Agregó que “esto genera una sensación de injusticia e impunidad” y que en cierta manera, refuerza la opinión de la gente respecto de que en el país no se hace mucho en materia de lucha contra la corrupción. “Lo que es lamentable es que con posterioridad al conocimiento de estos casos, sí se han hecho cambios. Hoy sí es delito el financiamiento ilegal y se hicieron muchos cambios sobre la forma cómo se financia la política, con mucha más transparencia, por ejemplo, respecto al aporte de las empresas, pero cuando llegan estas sentencias que son desde hace muchos años, en el fondo empañan reformas que se hicieron, porque las invisibiliza”, expresó Jaraquemada.
Precisó que esto genera “la percepción de que no se ha hecho nada contra la corrupción, cuando (en realidad) se han hecho reformas muy relevantes”.
En materia de lucha contra la corrupción y a partir del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publicó la ONG Transparencia Internacional que reveló que en el caso de nuestro país no se está priorizando la lucha contra este flagelo, Jaraquemada afirmó que Chile “tiene un buen desempeño comparado con el promedio mundial y regional. De cero a 100 puntos, donde cero es muy corrupto y 100 es poco corrupto, el país tiene 67 del promedio mundial y en el regional de 43. En ese sentido, si nos comparamos estamos bien. El problema es que el panorama es desolador en el mundo, pero efectivamente estamos estancados. Antes de 2015 estábamos sobre los 70 puntos, incluso en algún minuto estuvimos primeros en América Latina por sobre Uruguay y probablemente por el conocimiento de este tipo de casos, SQM y otros, ese año nos pegamos una bajada y desde el 2017 hemos estado estancados en los 67 puntos. Eso muestra una percepción de que no hay avances sustantivos hace un buen tiempo”.
Cabe consignar que el caso SQM y la arista del caso Penta se conoció en 2015, donde se investigó a 180 personas y todas fueron sobreseídas. El Ministerio Público no perseveró en el tema.
Respecto de otros casos de corrupción como el que involucra a los casos de las comunas del sector oriente y que se conocen como el Tren de Alcaldes, la profesional afirmó que “claramente hay una debilidad institucional en los municipios que estarían permitiendo que puedan ocurrir estos casos. También está en investigación, hay que ver qué ocurre, pero esto viene a comprobar un diagnóstico desde hace tiempo que hay que hacer algunos cambios de control, de transparencia, de revisión de cuentas en los municipios para impedir que haya corrupción. Creo que es clave y para ello, hay un proyecto de ley de parlamentarios que el Gobierno ha apoyado y esperemos que se avance para que se sancionen los hechos”.
Frente a la percepción ciudadana de una lentitud de los tribunales de justicia en procesar a los involucrados, Jaraquemada puntualizó que “estas investigaciones son largas. Investigar corrupción o lavado de activos requiere de una especialidad bastante particular respecto de las pruebas y por tanto, no es algo sencillo. Entiendo que la Justicia se tome su tiempo, pero tiene que llegar en algún minuto. El caso de Torrealba lleva un año, tampoco es que lleve mucho, creo que es razonable lo que lleva y habría que ver cómo está actuando la Fiscalía”.
Añadió que “los procesos tienen sus ritmos y las personas investigadas tienen sus derechos, hay que respetar esos procesos. No considero que en el caso de Torrealba sea excesivo, en el caso SQM sí, hablamos de años”.
