Setenta organizaciones sociales solidarizan con director de Resumen, condenado por injurias y calumnias
Organismos internacionales señalan que este tipo de situaciones debe estar bajo la jurisdicción de la justicia civil y no estar sujetas a penas de cárcel. Los firmantes, además, reivindicaron el rol del medio al denunciar hechos de corrupción.
Jueves 2 de febrero 2023 12:56 hrs.
Setenta organizaciones socioambientales, de pueblos originarios, de derechos humanos, feministas, culturales, y sindicales, además de 248 personas, la mayoría del BioBío, expresaron a través de una carta pública su solidaridad con Felipe Soto, director del medio Resumen, a quien el juzgado de garantía de Concepción emitió la condena a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de once Unidades Tributarias Mensuales, a lo que se sumó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
La carta de apoyo fue promovida por el Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT. Entre los medios que adhirieron a la declaración se cuentan Clarín de Chile, Le Monde Diplomatique, OPAL Prensa y la Radio Juan Gómez Millas. También lo hicieron radios comunitarias como La Voz de Paine, y las Radios Humedales, Ayni, Bukowski , Asamblea Epuyen, Energía El Monte, así como el programa Aire Puro, Paredones TV y Frecuencia Terrícola entre otros. A su vez, el Colegio de Periodistas emitió una declaración de apoyo señalando que, en su consideración, fallos y condenas de este tipo van contra los estándares internacionales de materia de libertad de expresión.
Según se ha señalado, la orientación internacional respecto a este tema es que delitos como las injurias y calumnias sean despenalizados, es decir, que se traspasen a sanciones de carácter civil y dejen de ser objeto de medidas como el encarcelamiento.
La carta fue firmada por organizaciones del BioBio tales como la ong Defensa Ambiental, HidroDefensa, San Pedro Sustentable, el Observatorio de Humedales, Malen Leubu, Trascende Tomé, Comité Prais Talcahuano, Conciencia Sur, el Comité Ambiental Comunal de Tucapel, la Coordinadora Socioambiental del BioBio y Semillas del Lirken, de Rucalhue, entre otras. También lo suscribieron We Kimun, Ad Llallin y Creando mallolafquen y la Asociación Indígena Diaguita Chacaya. También lo hicieron organizaciones como OLCA, Chile Mejor sin TLC, Chile sin Ecocidio, RAP-Chile, Fundación sitio de memoria José Domingo Cañas, Corporación 3 y 4 Álamos, entre otras.
Según se señala, “el apoyo logrado por Resumen cobra relevancia porque su tarea informativa ha sido puesta en entredicho desde los inicios del periódico y la criminalización está alcanzando ribetes preocupantes. Un análisis de un registro de vulneraciones y ataques al derecho a la información llevado adelante por Resumen, muestra que desde 2011, año de su fundación, hasta la fecha, son constantes las intimidaciones ejercidas desde esferas judiciales o policiales. El recuento indica que en el período señalado, 8 reporteros gráficos y colaboradores del periódico han sido detenidos mientras desarrollaban sus funciones y 3 de ellos han sufrido agresiones físicas de carabineros. Existe constancia judicial de estos sucesos, denunciados en las páginas de Resumen. A partir de 2019 la situación ha ido escalando, y en julio de 2022 se produjo un incendio precedido del robo de valiosas especies relacionadas con el quehacer periodístico, sin que la investigación judicial arroje algún resultado”.
Agregan que “en julio de 2022, se produce la primera condena judicial contra Felipe Soto, director de Resumen, luego de una querella por injurias y calumnias presentada por Rodrigo Daroch, exvicepresidente nacional del PPD y excandidato a diputado. El juzgado de garantía de Concepción emitió la condena a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de once Unidades Tributarias Mensuales, a lo que se sumó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena al director de Resumen. Ello se basa en una nota del medio acerca de un informe de Contraloría emitido en abril de 2022, estableciendo que, como funcionario, Daroch incurrió en incumplimiento de su jornada laboral y usó bienes institucionales para actividades de carácter político, mientras trabajaba. El informe mencionaba además que Daroch trabajaba en forma paralela en el DAEM de Los Ángeles (a contrata por 44 horas) y en la Municipalidad de Laja (a honorarios)”. El aludido se querelló por estos señalamientos, declinando hacer uso del ejercicio del derecho a réplica.
Actualmente está en curso la apelación a la nueva sentencia del juzgado de Garantía de Concepción que este año volvió a condenar a Felipe Soto a penas de cárcel, por el titular de un reportaje sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Quilleco.
Las organizaciones firmantes afirman que “solidarizar hoy con Resumen es importante para frenar el aumento de la criminalización a la prensa popular”. Javier García, presidente del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, afirmó que es cada vez más frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos “abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público”.
A su vez, la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, sostuvo que lo ocurrido es un profundo retroceso para la libertad de prensa y el derecho a informar en Chile, “por lo tanto urge modificar el Código Penal para erradicar acciones limitantes y disuasivas en investigaciones en casos de interés público”.
Setenta organizaciones socioambientales, de pueblos originarios, de derechos humanos, feministas, culturales, y sindicales, además de 248 personas, la mayoría del BioBío, expresaron a través de una carta pública su solidaridad con Felipe Soto, director del medio Resumen, a quien el juzgado de garantía de Concepción emitió la condena a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de once Unidades Tributarias Mensuales, a lo que se sumó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
La carta de apoyo fue promovida por el Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT. Entre los medios que adhirieron a la declaración se cuentan Clarín de Chile, Le Monde Diplomatique, OPAL Prensa y la Radio Juan Gómez Millas. También lo hicieron radios comunitarias como La Voz de Paine, y las Radios Humedales, Ayni, Bukowski , Asamblea Epuyen, Energía El Monte, así como el programa Aire Puro, Paredones TV y Frecuencia Terrícola entre otros. A su vez, el Colegio de Periodistas emitió una declaración de apoyo señalando que, en su consideración, fallos y condenas de este tipo van contra los estándares internacionales de materia de libertad de expresión.
Según se ha señalado, la orientación internacional respecto a este tema es que delitos como las injurias y calumnias sean despenalizados, es decir, que se traspasen a sanciones de carácter civil y dejen de ser objeto de medidas como el encarcelamiento.
La carta fue firmada por organizaciones del BioBio tales como la ong Defensa Ambiental, HidroDefensa, San Pedro Sustentable, el Observatorio de Humedales, Malen Leubu, Trascende Tomé, Comité Prais Talcahuano, Conciencia Sur, el Comité Ambiental Comunal de Tucapel, la Coordinadora Socioambiental del BioBio y Semillas del Lirken, de Rucalhue, entre otras. También lo suscribieron We Kimun, Ad Llallin y Creando mallolafquen y la Asociación Indígena Diaguita Chacaya. También lo hicieron organizaciones como OLCA, Chile Mejor sin TLC, Chile sin Ecocidio, RAP-Chile, Fundación sitio de memoria José Domingo Cañas, Corporación 3 y 4 Álamos, entre otras.
Según se señala, “el apoyo logrado por Resumen cobra relevancia porque su tarea informativa ha sido puesta en entredicho desde los inicios del periódico y la criminalización está alcanzando ribetes preocupantes. Un análisis de un registro de vulneraciones y ataques al derecho a la información llevado adelante por Resumen, muestra que desde 2011, año de su fundación, hasta la fecha, son constantes las intimidaciones ejercidas desde esferas judiciales o policiales. El recuento indica que en el período señalado, 8 reporteros gráficos y colaboradores del periódico han sido detenidos mientras desarrollaban sus funciones y 3 de ellos han sufrido agresiones físicas de carabineros. Existe constancia judicial de estos sucesos, denunciados en las páginas de Resumen. A partir de 2019 la situación ha ido escalando, y en julio de 2022 se produjo un incendio precedido del robo de valiosas especies relacionadas con el quehacer periodístico, sin que la investigación judicial arroje algún resultado”.
Agregan que “en julio de 2022, se produce la primera condena judicial contra Felipe Soto, director de Resumen, luego de una querella por injurias y calumnias presentada por Rodrigo Daroch, exvicepresidente nacional del PPD y excandidato a diputado. El juzgado de garantía de Concepción emitió la condena a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de once Unidades Tributarias Mensuales, a lo que se sumó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena al director de Resumen. Ello se basa en una nota del medio acerca de un informe de Contraloría emitido en abril de 2022, estableciendo que, como funcionario, Daroch incurrió en incumplimiento de su jornada laboral y usó bienes institucionales para actividades de carácter político, mientras trabajaba. El informe mencionaba además que Daroch trabajaba en forma paralela en el DAEM de Los Ángeles (a contrata por 44 horas) y en la Municipalidad de Laja (a honorarios)”. El aludido se querelló por estos señalamientos, declinando hacer uso del ejercicio del derecho a réplica.
Actualmente está en curso la apelación a la nueva sentencia del juzgado de Garantía de Concepción que este año volvió a condenar a Felipe Soto a penas de cárcel, por el titular de un reportaje sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Quilleco.
Las organizaciones firmantes afirman que “solidarizar hoy con Resumen es importante para frenar el aumento de la criminalización a la prensa popular”. Javier García, presidente del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, afirmó que es cada vez más frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos “abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público”.
A su vez, la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, sostuvo que lo ocurrido es un profundo retroceso para la libertad de prensa y el derecho a informar en Chile, “por lo tanto urge modificar el Código Penal para erradicar acciones limitantes y disuasivas en investigaciones en casos de interés público”.
Setenta organizaciones socioambientales, de pueblos originarios, de derechos humanos, feministas, culturales, y sindicales, además de 248 personas, la mayoría del BioBío, expresaron a través de una carta pública su solidaridad con Felipe Soto, director del medio Resumen, a quien el juzgado de garantía de Concepción emitió la condena a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de once Unidades Tributarias Mensuales, a lo que se sumó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
La carta de apoyo fue promovida por el Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT. Entre los medios que adhirieron a la declaración se cuentan Clarín de Chile, Le Monde Diplomatique, OPAL Prensa y la Radio Juan Gómez Millas. También lo hicieron radios comunitarias como La Voz de Paine, y las Radios Humedales, Ayni, Bukowski , Asamblea Epuyen, Energía El Monte, así como el programa Aire Puro, Paredones TV y Frecuencia Terrícola entre otros. A su vez, el Colegio de Periodistas emitió una declaración de apoyo señalando que, en su consideración, fallos y condenas de este tipo van contra los estándares internacionales de materia de libertad de expresión.
Según se ha señalado, la orientación internacional respecto a este tema es que delitos como las injurias y calumnias sean despenalizados, es decir, que se traspasen a sanciones de carácter civil y dejen de ser objeto de medidas como el encarcelamiento.
La carta fue firmada por organizaciones del BioBio tales como la ong Defensa Ambiental, HidroDefensa, San Pedro Sustentable, el Observatorio de Humedales, Malen Leubu, Trascende Tomé, Comité Prais Talcahuano, Conciencia Sur, el Comité Ambiental Comunal de Tucapel, la Coordinadora Socioambiental del BioBio y Semillas del Lirken, de Rucalhue, entre otras. También lo suscribieron We Kimun, Ad Llallin y Creando mallolafquen y la Asociación Indígena Diaguita Chacaya. También lo hicieron organizaciones como OLCA, Chile Mejor sin TLC, Chile sin Ecocidio, RAP-Chile, Fundación sitio de memoria José Domingo Cañas, Corporación 3 y 4 Álamos, entre otras.
Según se señala, “el apoyo logrado por Resumen cobra relevancia porque su tarea informativa ha sido puesta en entredicho desde los inicios del periódico y la criminalización está alcanzando ribetes preocupantes. Un análisis de un registro de vulneraciones y ataques al derecho a la información llevado adelante por Resumen, muestra que desde 2011, año de su fundación, hasta la fecha, son constantes las intimidaciones ejercidas desde esferas judiciales o policiales. El recuento indica que en el período señalado, 8 reporteros gráficos y colaboradores del periódico han sido detenidos mientras desarrollaban sus funciones y 3 de ellos han sufrido agresiones físicas de carabineros. Existe constancia judicial de estos sucesos, denunciados en las páginas de Resumen. A partir de 2019 la situación ha ido escalando, y en julio de 2022 se produjo un incendio precedido del robo de valiosas especies relacionadas con el quehacer periodístico, sin que la investigación judicial arroje algún resultado”.
Agregan que “en julio de 2022, se produce la primera condena judicial contra Felipe Soto, director de Resumen, luego de una querella por injurias y calumnias presentada por Rodrigo Daroch, exvicepresidente nacional del PPD y excandidato a diputado. El juzgado de garantía de Concepción emitió la condena a la pena de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de once Unidades Tributarias Mensuales, a lo que se sumó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena al director de Resumen. Ello se basa en una nota del medio acerca de un informe de Contraloría emitido en abril de 2022, estableciendo que, como funcionario, Daroch incurrió en incumplimiento de su jornada laboral y usó bienes institucionales para actividades de carácter político, mientras trabajaba. El informe mencionaba además que Daroch trabajaba en forma paralela en el DAEM de Los Ángeles (a contrata por 44 horas) y en la Municipalidad de Laja (a honorarios)”. El aludido se querelló por estos señalamientos, declinando hacer uso del ejercicio del derecho a réplica.
Actualmente está en curso la apelación a la nueva sentencia del juzgado de Garantía de Concepción que este año volvió a condenar a Felipe Soto a penas de cárcel, por el titular de un reportaje sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Quilleco.
Las organizaciones firmantes afirman que “solidarizar hoy con Resumen es importante para frenar el aumento de la criminalización a la prensa popular”. Javier García, presidente del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, afirmó que es cada vez más frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos “abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público”.
A su vez, la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, sostuvo que lo ocurrido es un profundo retroceso para la libertad de prensa y el derecho a informar en Chile, “por lo tanto urge modificar el Código Penal para erradicar acciones limitantes y disuasivas en investigaciones en casos de interés público”.
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