En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la profesora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, profundizó sobre el abordaje de la delincuencia en el país, a propósito de la polémica demolición de una “narco-casa” en la comuna de La Florida.
Para la académica “muy probablemente esta es una expresión más, una entre tantas otras que hemos observado, escuchado en los últimos 25 años, que se toma las pantallas. Hemos ido viendo cómo en este discurso sobre la seguridad y qué hacer con ella comienzan a surgir estas ideas creativas, que pueden tener algo de sentido en alguna medida respecto de ciertos problemas bajo determinadas circunstancias, pero lo cierto es que no ameritan este despliegue mediático”.
“Más allá de demoler una ampliación irregular en una casa que eventualmente es propiedad o es de uso de un miembro de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, no me imagino cuál podrá ser el efecto más allá de estas ideas mediáticas de impactar visualmente”, comentó.
En ese sentido, consideró que este tipo de situaciones “más bien tienden a ir incrementando esta sensación permanente de estamos solos e inseguros frente al delito y a merced de esta criminalidad, por lo que planteó que “qué hacemos al respecto es lo que sin lugar a dudas resulta clave”.
Consultada respecto al debate que se ha dado en el país en materia de seguridad, Mohor afirmó que “nunca ha sido de muy alto nivel, esa es la verdad. Me parece que en general hemos tenido un nivel deteriorado que tiene momentos en que logra centrarse de una manera más adecuada y otros en que se degrada más”.
“La discusión trasmitida por los medios de comunicación tradicionales es de muy baja calidad, muy tendiente a no solo aumentar las medidas punitivas, represivas que tienen que ver con el control, la sanción, el aumento de las penas, sino también con poner a la ciudadanía en una posición en que estamos solos frente al mundo y que se nos quiere despojar de nuestros bienes y nuestra vida y que cualquier medio del que nos valgamos para defendernos es válido, incluso, si ponemos en riesgo nuestra propia vida”, mencionó.
Con todo, aseveró que las coordinaciones y atribuciones a nivel territorial para el enfrentamiento del crimen organizado ha sido uno de los ámbitos en que “se ha avanzado de manera más consistente desde 2001 en adelante”.
En esa línea, explicó que, si bien los municipios tienen capacidades muy limitadas para actuar en materia de seguridad pública, tienen herramientas que resultan esenciales desde el punto de vista preventivo.
“El alcalde no tiene mando sobre las policías, no tiene mando sobre el Ministerio Público, pero tiene educación, tiene salud, desarrollo urbano, aseo y ornato y todas estas son facultades municipales que son colaboradoras en el ámbito de lo preventivo. Entonces, allí es dónde están sus competencias y donde las mejores experiencias comparadas, en particular de Europa, nos plantean que debe hacer el trabajo desde el territorio”, puntualizó.
Por este motivo destacó, además, la necesidad de fortalecer instancias de coordinación interinstitucional, tales como el Consejo Comunal de Seguridad Pública, “en cual debieran converger por ley desde el ministerio Público, representantes de Gendarmería, de ambas políticas (Carabineros-PDI), del gobierno regional, de la sociedad civil. Ese es el espacio en el que se debe avanzar hacia el diálogo, el acuerdo y la coordinación porque todos estos actores realizan algún tipo de acción en el territorio”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la profesora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, profundizó sobre el abordaje de la delincuencia en el país, a propósito de la polémica demolición de una “narco-casa” en la comuna de La Florida.
Para la académica “muy probablemente esta es una expresión más, una entre tantas otras que hemos observado, escuchado en los últimos 25 años, que se toma las pantallas. Hemos ido viendo cómo en este discurso sobre la seguridad y qué hacer con ella comienzan a surgir estas ideas creativas, que pueden tener algo de sentido en alguna medida respecto de ciertos problemas bajo determinadas circunstancias, pero lo cierto es que no ameritan este despliegue mediático”.
“Más allá de demoler una ampliación irregular en una casa que eventualmente es propiedad o es de uso de un miembro de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, no me imagino cuál podrá ser el efecto más allá de estas ideas mediáticas de impactar visualmente”, comentó.
En ese sentido, consideró que este tipo de situaciones “más bien tienden a ir incrementando esta sensación permanente de estamos solos e inseguros frente al delito y a merced de esta criminalidad, por lo que planteó que “qué hacemos al respecto es lo que sin lugar a dudas resulta clave”.
Consultada respecto al debate que se ha dado en el país en materia de seguridad, Mohor afirmó que “nunca ha sido de muy alto nivel, esa es la verdad. Me parece que en general hemos tenido un nivel deteriorado que tiene momentos en que logra centrarse de una manera más adecuada y otros en que se degrada más”.
“La discusión trasmitida por los medios de comunicación tradicionales es de muy baja calidad, muy tendiente a no solo aumentar las medidas punitivas, represivas que tienen que ver con el control, la sanción, el aumento de las penas, sino también con poner a la ciudadanía en una posición en que estamos solos frente al mundo y que se nos quiere despojar de nuestros bienes y nuestra vida y que cualquier medio del que nos valgamos para defendernos es válido, incluso, si ponemos en riesgo nuestra propia vida”, mencionó.
Con todo, aseveró que las coordinaciones y atribuciones a nivel territorial para el enfrentamiento del crimen organizado ha sido uno de los ámbitos en que “se ha avanzado de manera más consistente desde 2001 en adelante”.
En esa línea, explicó que, si bien los municipios tienen capacidades muy limitadas para actuar en materia de seguridad pública, tienen herramientas que resultan esenciales desde el punto de vista preventivo.
“El alcalde no tiene mando sobre las policías, no tiene mando sobre el Ministerio Público, pero tiene educación, tiene salud, desarrollo urbano, aseo y ornato y todas estas son facultades municipales que son colaboradoras en el ámbito de lo preventivo. Entonces, allí es dónde están sus competencias y donde las mejores experiencias comparadas, en particular de Europa, nos plantean que debe hacer el trabajo desde el territorio”, puntualizó.
Por este motivo destacó, además, la necesidad de fortalecer instancias de coordinación interinstitucional, tales como el Consejo Comunal de Seguridad Pública, “en cual debieran converger por ley desde el ministerio Público, representantes de Gendarmería, de ambas políticas (Carabineros-PDI), del gobierno regional, de la sociedad civil. Ese es el espacio en el que se debe avanzar hacia el diálogo, el acuerdo y la coordinación porque todos estos actores realizan algún tipo de acción en el territorio”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la profesora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, profundizó sobre el abordaje de la delincuencia en el país, a propósito de la polémica demolición de una “narco-casa” en la comuna de La Florida.
Para la académica “muy probablemente esta es una expresión más, una entre tantas otras que hemos observado, escuchado en los últimos 25 años, que se toma las pantallas. Hemos ido viendo cómo en este discurso sobre la seguridad y qué hacer con ella comienzan a surgir estas ideas creativas, que pueden tener algo de sentido en alguna medida respecto de ciertos problemas bajo determinadas circunstancias, pero lo cierto es que no ameritan este despliegue mediático”.
“Más allá de demoler una ampliación irregular en una casa que eventualmente es propiedad o es de uso de un miembro de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, no me imagino cuál podrá ser el efecto más allá de estas ideas mediáticas de impactar visualmente”, comentó.
En ese sentido, consideró que este tipo de situaciones “más bien tienden a ir incrementando esta sensación permanente de estamos solos e inseguros frente al delito y a merced de esta criminalidad, por lo que planteó que “qué hacemos al respecto es lo que sin lugar a dudas resulta clave”.
Consultada respecto al debate que se ha dado en el país en materia de seguridad, Mohor afirmó que “nunca ha sido de muy alto nivel, esa es la verdad. Me parece que en general hemos tenido un nivel deteriorado que tiene momentos en que logra centrarse de una manera más adecuada y otros en que se degrada más”.
“La discusión trasmitida por los medios de comunicación tradicionales es de muy baja calidad, muy tendiente a no solo aumentar las medidas punitivas, represivas que tienen que ver con el control, la sanción, el aumento de las penas, sino también con poner a la ciudadanía en una posición en que estamos solos frente al mundo y que se nos quiere despojar de nuestros bienes y nuestra vida y que cualquier medio del que nos valgamos para defendernos es válido, incluso, si ponemos en riesgo nuestra propia vida”, mencionó.
Con todo, aseveró que las coordinaciones y atribuciones a nivel territorial para el enfrentamiento del crimen organizado ha sido uno de los ámbitos en que “se ha avanzado de manera más consistente desde 2001 en adelante”.
En esa línea, explicó que, si bien los municipios tienen capacidades muy limitadas para actuar en materia de seguridad pública, tienen herramientas que resultan esenciales desde el punto de vista preventivo.
“El alcalde no tiene mando sobre las policías, no tiene mando sobre el Ministerio Público, pero tiene educación, tiene salud, desarrollo urbano, aseo y ornato y todas estas son facultades municipales que son colaboradoras en el ámbito de lo preventivo. Entonces, allí es dónde están sus competencias y donde las mejores experiencias comparadas, en particular de Europa, nos plantean que debe hacer el trabajo desde el territorio”, puntualizó.
Por este motivo destacó, además, la necesidad de fortalecer instancias de coordinación interinstitucional, tales como el Consejo Comunal de Seguridad Pública, “en cual debieran converger por ley desde el ministerio Público, representantes de Gendarmería, de ambas políticas (Carabineros-PDI), del gobierno regional, de la sociedad civil. Ese es el espacio en el que se debe avanzar hacia el diálogo, el acuerdo y la coordinación porque todos estos actores realizan algún tipo de acción en el territorio”.
