La crisis hídrica del país es un impacto del deterioro de los recursos naturales que tarde o temprano nos afectará a todos, pero la realidad es que hoy muchas familias ya sufren las peores consecuencias. La población rural, los campesinos y campesinas que viven de la tierra en la Región de Valparaíso hoy sufren la gravedad de este conflicto, lo cual se vio reflejado recientemente en la disputa por la distribución de agua entre las secciones del Río Aconcagua.

El miércoles pasado regantes y agricultores se reunieron en las afueras del túnel Chacabuco, en Los Andes, a modo de protesta contra la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre la redistribución de los recursos hídricos provenientes del caudal, dictamen que según manifestantes de la Primera sección, favorece a la Segunda por sobre sus necesidades de abastecimiento de agua.

Las aguas de esta corriente natural abastecen al área intercomunal de Valparaíso, el riego del valle a lo largo de su recorrido y también son ocupadas por actividades productivas de las mineras y agroindustria. Históricamente la administración del agua ha estado a cargo de las Juntas de Vigilancia y las organizaciones de usuarios. Esto debido a que el río está dividido en cuatro secciones de las cuales cada una está representada por una Junta de Vigilancia, entidades que tienen por finalidad administrar y distribuir las aguas a las que tienen derecho sus miembros, así como explotar y conservar las obras de aprovechamiento común, según explica el Código de Aguas. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la dirigenta de la Coordinadora Defensa Aconcagua e integrante de la Segunda sección del río, Paula Rodríguez, sostuvo que las Juntas de Vigilancia no han velado por los derechos de riego de los pequeños y medianos agricultores, sino que por los intereses de la agroindustria. 

Según datos de Fundación Chile, la Región de Valparaíso posee una demanda total de agua de aproximadamente 1.053 millones de metros cúbicos al año (m3/año), de los cuales el 78% (818 millones de m3/año) corresponden a la agricultura. Los cultivos con mayor demanda de agua dentro de la Región de Valparaíso son los frutales mayores, con el 62% del consumo agrícola (508 millones de m3/año), entre los cuales destacan los paltos (46%) y la uva de mesa (23%). El restante porcentaje corresponde a otros frutales, como duraznos, nogales y naranjos.

En ese sentido, la dirigenta aclaró que “cuando se habla de agricultura se tiende a poner en un solo saco a la agroindustria exportadora y la agricultura familiar campesina, que son dos cosas absolutamente diferentes. La agroindustria produce negocios, la agricultura produce comida”. 

Rodríguez sostuvo que “las agroindustrias son empresas en la que sus dueños ni siquiera tocan la tierra”, mientras que  la agricultura familiar campesina “es aquella donde quien habita el territorio, es quien trabaja la tierra, por lo que tienen propósitos super distintos”. Además, destacó que el Censo Agropecuario del Ministerio de Agricultura no considera a quienes no sean dueños de más de dos hectáreas o quienes en ese espacio no facturen con la producción de su tierra.

Las manifestaciones que dieron lugar en las afueras del túnel Chacabuco estuvieron encabezadas por agricultores y regantes de la Primera sección del río, puesto que rechazaron el último decreto emitido por la DGA en que determinó, según su atribuciones, que se encargaría de la distribución de las aguas del río. La decisión del organismo público ocurre luego de reiteradas solicitudes de las organizaciones de usuarios de aguas, en especial de la Segunda sección, debido al no cumplimiento de los turnos de redistribución del recurso por parte de la Primera. Cabe mencionar, que el agua del río Aconcagua debe cumplir con tres funciones fundamentales: riego para todos los usuarios de la cuenca, consumo humano y protección ecosistémica.

Río Aconcagua.

En conversación con nuestro medio, el abogado asesor de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, Camilo Lledó, acusó a la DGA de “romper el equilibrio que existía” con la fórmula que implementaron. El abogado manifestó que la entidad tomó decisiones sin tener toda la información sobre el caso, porque consideró “únicamente los volúmenes del río, excluyendo en la redistribución todas las fuentes de agua superficiales y subterráneas que son abundantes en la Segunda y la Tercera Sección, lo que hace que éstas se queden con más volúmenes de agua que en la Primera”. 

El abogado de la Universidad de Chile señaló que el decreto emitido por la DGA “se fundamenta en derechos de la Segunda sección que no son debidamente constituidos, por lo que es el cultivo perfecto para un aumento de conflictividad social al ver como la Primera sección se seca mientras que las otras logran regar casi a completitud con esta fórmula”.

No obstante, al abordar el conflicto el presidente de la Junta de Vigilancia de la Segunda Sección, Mirko Yakasovic, indicó que debido a la situación de sequía en la se encuentra su división “el agua para consumo humano estaba peligrando, razón por la que la DGA dictó la medida de redistribución, con turnos de uso de agua para cada sección”.

“Hasta acá aún seguíamos las organizaciones de usuarios administrando el recurso, pero el problema se produjo cuando la Primera sección se negó a cumplir con la ordenanza, dejando sin agua para riego a los agricultores de las secciones de más abajo. Fue por esta razón que la DGA debió intervenir el río y es en ese contexto que apoyamos la decisión de la autoridad”, argumentó.

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, afirmó que esta disputa es una nueva muestra de la severa crisis hídrica que enfrenta el país y apuntó a los derechos de propiedad del agua de las empresas agroindustriales como una de las principales razones de este conflicto que aqueja tanto a pequeños y medianos agricultores, como a las familias campesinas.

De esa manera, la también secretaria interina de la Comunidad de regantes de Las Palmas, Paula Rodriguez, enfatizó que el Estado no es consciente de la gravedad y profundidad de la realidad que hoy viven los sectores rurales debido al insuficiente abastecimiento de agua. “El país en general no está claro de la embarrada que está quedando, lamentablemente puede que cuando se den cuenta sea demasiado tarde por los daños que están haciendo”, lamentó.

“Cuando con fondos o políticas públicas se entuban canales para aumentar la disponibilidad del ‘recurso hídrico’ hace que el agua llegue más lejos para que un productor pueda usar esas aguas más allá en una plantación, pero desertifican toda lo que había en ese cauce”, agregó. 

Por su lado, Cuenca destacó que este conflicto “pone al centro” lo que el proceso constituyente estableció respecto a “la necesidad de desprivatizar el agua”, así como “la necesidad de hacer una transición hacia una redistribución de este recurso natural en el que efectivamente se resguarden los ciclos hídricos de las cuencas, pero que también se administren de forma mucho más justa”. 

Asimismo, destacó que el abastecimiento para las actividades de producción de alimentos debe medirse en función de subsanar las necesidades de consumo humano de la población, mientras que las demás actividades de gran escala pasen a una “prioridad secundaria respecto a las cuestiones más esenciales para la vida de las comunidades de estos valles”.