Fueron más de 400 casos de vulneración a la prensa desde el 19 de octubre de 2019 en medio del estallido social, los que se tradujeron en detenciones ilegales, agresiones con balines, traumas oculares e incluso hechos de violencia político-sexual cometidas por agentes del Estado.
Este es parte del balance que realizó el Colegio de Periodistas con motivo del Día de la Prensa cuando se conmemoran 211 años de la publicación del periódico La Aurora de Chile por parte del fraile franciscano Camilo Henríquez.
Con motivo de la efeméride, el gremio subrayó la importancia de los medios de comunicación para el fortalecimiento de la democracia y para la entrega de información veraz y oportuna a la sociedad en un momento que a nivel global abundan las noticias falsas, incluso por parte de líderes y dirigentes políticos.
“Desde nuestra organización hemos visto cómo periodistas, trabajadores y trabajadoras de la prensa han sido afectadas por diversos tipos de agresiones que ponen en riesgo la vida de quienes ejercen esta labor, así como la libertad de expresión”, señala la Mesa Nacional del colegio profesional en un comunicado.
A eso agregan que “recientemente fueron publicados los resultados del Índice de Chapultepec sobre libertad de expresión, que evalúa a 22 países de América. En esta última edición, Chile bajó cuatro puestos y se instaló en la categoría de ‘bajo en restricciones a la libertad de prensa’, en el sexto puesto”.
“Si bien el informe reconoce que Chile no presenta exigencias o disposiciones desde el Estado que afecten a medios o periodistas, sí reconoce que los puntajes más bajos los exhibe en las categorías de protección a la prensa e impunidad”, precisan en el comunicado.
La dirección del Colegio de Periodistas precisó que “nuestra organización ha dicho fuerte y claro que informar no es un delito y que ejercer la libertad de prensa equivale a defender los derechos humanos”.
En ese sentido, subrayó que “en mayo del año pasado, respaldamos el ingreso en la Cámara de Diputados y Diputadas de un proyecto de ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, elaborado por la diputada Nathalie Castillo, ex presidenta del Colegio de Periodistas de Chile” que se basa en la ley modelo de UNESCO de protección a la prensa.
“Esperamos que este proyecto de ley -que fue destacado en el mensaje presidencial del año pasado- avance exitosamente en el Congreso y sea valorado por los sectores políticos como una mejora real y contundente para este sector”, añade el documento.
A eso sumaron que “valoramos el esfuerzo del Ejecutivo de levantar un diagnóstico a través del informe ‘Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia’, realizado por tres universidades públicas, que constituye un insumo relevante para la reflexión sobre el sistema de comunicación que nuestro país necesita”.
Al mismo tiempo, precisaron que “es indiscutible que la prensa tiene un rol fundamental en el combate a la desinformación, las noticias falsas y los discursos de odio que proliferan en la virtualidad y que, lamentablemente, a veces se traspasan a los formatos informativos. La difusión de información no verificada y de datos falsos y sin contextos, corresponde a una realidad que también se da en Chile y que muchas veces es usada para aprovechamientos políticos sobre todo en contextos electorales”.
Al respecto, precisaron que “un dato sobre esto lo entrega SERVEL, organismo que recibió 863 denuncias durante el último proceso electoral, de las cuales 202 fueron por noticias falsas. Como SERVEL no posee atribuciones para controlar el contenido electoral, dichas denuncias ni quisiera pudieron ser investigadas”.
El comunicado concluye subrayando que “desde el Colegio de Periodistas de Chile seguiremos trabajando para promover la defensa de estos derechos humanos, articulando con la sociedad civil, incidiendo con el Estado para mejorar las políticas de comunicación y apoyando el trabajo informativo de calidad, de modo que nunca más un periodista, trabajador o trabajadora de la prensa sea vulnerada por realizar su labor informativa, fiscalizar el debido cumplimiento de la función pública y, menos aún, por develar la veracidad de los hechos para el bien de la ciudadanía”.