Luego de ocho años de haberse destapado, este lunes inició el juicio oral del caso SQM, mismo que fue aplazado a principios de febrero por la falta del auto de apertura, la que consiste en la resolución con la que el Juzgado de Garantía informa al tribunal e intervinientes sobre la acusación y pruebas que irán al juicio oral.

Cabe recordar que el Ministerio Público acusó el financiamiento ilegal de la política por parte de la minera y que si bien, la cantidad de imputados llegó a cerca de 180 en el desarrollo de la causa, tras juicios abreviados, sobreseimientos y salidas condicionales, sólo ocho llegaron a la instancia de juicio oral. 

De tal manera, quienes arriesgan condenas por el caso es el ex senador de la UDI y otrora ministro de Economía, Pablo Longueira junto al expresidenciable del PRO, Marco Enríquez-Ominami. Asimismo, el exgerente general de SQM Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exdiputado Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el exsecretario general del PRO, Cristián Warner, y el exembajador Marcelo Rozas.

En cuanto a lo que se le imputa a los dos rostros más mediáticos, Longueira se encuentra acusado de cometer el delito de cohecho, arriesgando 818 días de cárcel. Mientas que al ex timonel del PRO se le sindica por delitos tributarios, con lo que podría ser condenado a cuatro años de presidio.

“Vengo a demostrar frente a un tribunal que todas las acusaciones son falsas, como ya lo hice en otra causa y en otro juicio. Nunca actué fuera de la ley”, afirmó ME-O previo a la audiencia, aduciendo que “aquí se me inventaron causas tras causas para sacarme del debate público y lo lograron: dos campañas presidenciales proscrito electoralmente, no podía ni votar”.

En el caso de Longueira, su defensa esgrimió una solicitud ante el Tribunal Constitucional para excusarlo de asistir a todas las audiencias del juicio, bajo el razonamiento de que su caso no se relaciona con el de los otros imputados.

Contrario a aquello, el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente y querellante en el caso SQM contra Longueira, Octavio Del Favero, indicó que “la empresa SQM ocupó el mismo método para vincularse y financiar ilegalmente o cometer actos de soborno con distintas personas de distintos sectores políticos, eso es lo que se justifica que esta causa sea vista como un todo y en su conjunto”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado comunista y ex abogado querellante en el caso SQM, Matías Ramírez, si bien valoró que haya iniciado del juicio, consideró que “no hay que dejar pasar la larga espera que conllevó una investigación que se inicia el año 2015 y que después de varias idas y vueltas recién comienza este proceso con un grupo bastante reducido de imputados”.

En esa línea, remarcó “la impunidad establecida por el Servicio de Impuestos Internos en su momento con la doctrina Barraza que permitió que muchos de los imputados e investigados en esta causa quedaran sin sanción alguna por la inexistencia de las querellas por delitos tributarios de esas personas”. 

Por lo demás, el legislador aseguró que la causa en su conjunto es evidencia de que el país no tiene una institucionalidad preparada para prevenir y sancionar delitos de corrupción, lo que a su parecer, no ha cambiado en el saldo de estos ocho años.

“El SII, que era un organismo técnico reconocido, quizás por décadas de servicio, quedó de manifiesto que era solamente un instrumento político y que su posiciones muchas veces eran adoptadas desde ese prisma. Después vimos que el Ministerio Público tampoco está preparado para llevar, en este caso, a grandes grupos económicos o partidos políticos financiados por estos grupos, recordando que en algún momento se llegó a la elección de Jorge Abbott, posteriormente al descabezamiento de las investigaciones con la salida del fiscal Carlos Gajardo y eso creo que mostró una debilidad institucional importante en la investigación y sanción de hechos de corrupción”, sostuvo.

En ese sentido, el diputado por Tarapacá consideró que el caso radica en una suerte de prueba de fuego para el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia. “Por tanto yo creo que se juega un rol importante en cuanto a obtener una sentencia que sea condenatoria y que permita establecer por una parte la creación de una ley en beneficio de SQM y por otra, que efectivamente SQM financió a la casta política durante varias décadas”. 

Asimismo, acotó que “lo que va a marcar su devenir como Fiscal Nacional son las distintas investigaciones que ya existen por casos de corrupción y que lamentablemente uno ve que se mantiene un tanto inerte en su avance”.

Por otro lado, de acogerse el requerimiento que la defensa de Pablo Longueira levantó ante el Tribunal Constitucional para impugnar la norma que lo obliga a asistir ininterrumpidamente a las audiencias, Ramírez advirtió que se estaría entregando un mal precedente en cuánto se vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

“El criterio que han tenido los tribunales en el último tiempo es que los imputados deben estar presentes de manera permanente en estas instancias. Si se fijara un criterio distinto obviamente estaríamos en presencia de lo que se ha venido denunciando en estos casos de corrupción, no solamente SQM, sino que Penta, Corpesca, que la Justicia actúa de una manera distinta cuando está en presencia de imputados que tienen un poder político y económico y que les da, en este caso, un beneficio mayor que a un imputado común y corriente”.

“Desde el  punto de vista político, yo creo que Pablo Longueira debe comparecer y por sobre todo, en el desarrollo de esta instancia, conocer los detalles de lo que significó efectivamente esta investigación y de por qué se van imputados en este caso de los delitos de cohecho, que si bien tiene una baja penalidad, sin duda son los hechos más graves de esta acusación”, concluyó.