Un informe de Contraloría emitido en diciembre de 2022, determinó que la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef), presenta una diferencia de más de 4 mil 600 millones de pesos entre los saldos por acreditar de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y el Programa de Integración Escolar (PIE).
Tras una auditoría que consideró los movimientos de dinero registrados entre enero de 2018 y diciembre de 2020, el organismo detectó el traspaso de inusuales sumas de dinero a las cuentas corrientes de la SEP ($1636 millones) y la FAEP ($2382 millones).
A eso se suma una serie de transferencias desde las mencionadas cuentas a otras de la Corporación Municipal, pese a que de acuerdo a la ley el dinero entregado para estas subvenciones solo puede ser usado en planes de mejoramiento de la educación.
Consultado al respecto, Hernán Palma, diputado independiente por el distrito 12 destacó que “no es el primer período en que surgen este tipo de observaciones”.
De acuerdo al parlamentario, bajo la dirección de la estrecha colaboradora del alcalde Carter, Jeanette Fernández, en la Corporación Municipal se han registrado otros hechos irregulares.
“Yo y otras parlamentarias, hace ya unos ocho meses atrás presentamos un requerimiento ante la Contraloría por los paseos al resort Rosa Agustina donde, tengo entendido, las nóminas estaban adulteradas, había personas que ni siquiera existían, o personas que estaban fallecidas”, señaló el diputado.
Según Palma, a todo lo anterior se agrega un problema con los sueldos de los funcionarios de la Corporación. “Yo estuve revisando los sueldos exorbitantes que tienen algunas personas que están en el equipo asesor. Son sueldos demasiado desmedidos, que incluso, creo yo son ofensivos para el personal de planta de la Corporación que debe trabajar hace muchos años y que ha sido primera línea en tiempos de pandemia“, indicó.
“Entonces, parece que este fuese un modus operandi de este municipio y de esta corporación, que es bastante transversal”, agregó.
En ese escenario, donde desde diversos frentes se cuestiona la probidad del gobierno municipal, Palma considera que la estrategia del alcalde Rodolfo Carter ha sido “ocultar o desviar la atención hacia otro objetivo”.
“Es llamativo que justo ahora el alcalde aparezca demoliendo la casa de un narco, o limpiando la feria de coleros, y que eso coincida con la publicación del informe de Contraloría”, dijo Palma.
La Corporación Municipal de La Florida tiene un plazo de 60 días hábiles para responder las observaciones de Contraloría. De no ser así, los antecedentes serán entregados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En todo caso, Palma advierte que “si la Contraloría está objetando o poniendo dudas, es por algo”.
Un informe de Contraloría emitido en diciembre de 2022, determinó que la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef), presenta una diferencia de más de 4 mil 600 millones de pesos entre los saldos por acreditar de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y el Programa de Integración Escolar (PIE).
Tras una auditoría que consideró los movimientos de dinero registrados entre enero de 2018 y diciembre de 2020, el organismo detectó el traspaso de inusuales sumas de dinero a las cuentas corrientes de la SEP ($1636 millones) y la FAEP ($2382 millones).
A eso se suma una serie de transferencias desde las mencionadas cuentas a otras de la Corporación Municipal, pese a que de acuerdo a la ley el dinero entregado para estas subvenciones solo puede ser usado en planes de mejoramiento de la educación.
Consultado al respecto, Hernán Palma, diputado independiente por el distrito 12 destacó que “no es el primer período en que surgen este tipo de observaciones”.
De acuerdo al parlamentario, bajo la dirección de la estrecha colaboradora del alcalde Carter, Jeanette Fernández, en la Corporación Municipal se han registrado otros hechos irregulares.
“Yo y otras parlamentarias, hace ya unos ocho meses atrás presentamos un requerimiento ante la Contraloría por los paseos al resort Rosa Agustina donde, tengo entendido, las nóminas estaban adulteradas, había personas que ni siquiera existían, o personas que estaban fallecidas”, señaló el diputado.
Según Palma, a todo lo anterior se agrega un problema con los sueldos de los funcionarios de la Corporación. “Yo estuve revisando los sueldos exorbitantes que tienen algunas personas que están en el equipo asesor. Son sueldos demasiado desmedidos, que incluso, creo yo son ofensivos para el personal de planta de la Corporación que debe trabajar hace muchos años y que ha sido primera línea en tiempos de pandemia“, indicó.
“Entonces, parece que este fuese un modus operandi de este municipio y de esta corporación, que es bastante transversal”, agregó.
En ese escenario, donde desde diversos frentes se cuestiona la probidad del gobierno municipal, Palma considera que la estrategia del alcalde Rodolfo Carter ha sido “ocultar o desviar la atención hacia otro objetivo”.
“Es llamativo que justo ahora el alcalde aparezca demoliendo la casa de un narco, o limpiando la feria de coleros, y que eso coincida con la publicación del informe de Contraloría”, dijo Palma.
La Corporación Municipal de La Florida tiene un plazo de 60 días hábiles para responder las observaciones de Contraloría. De no ser así, los antecedentes serán entregados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En todo caso, Palma advierte que “si la Contraloría está objetando o poniendo dudas, es por algo”.
Un informe de Contraloría emitido en diciembre de 2022, determinó que la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef), presenta una diferencia de más de 4 mil 600 millones de pesos entre los saldos por acreditar de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y el Programa de Integración Escolar (PIE).
Tras una auditoría que consideró los movimientos de dinero registrados entre enero de 2018 y diciembre de 2020, el organismo detectó el traspaso de inusuales sumas de dinero a las cuentas corrientes de la SEP ($1636 millones) y la FAEP ($2382 millones).
A eso se suma una serie de transferencias desde las mencionadas cuentas a otras de la Corporación Municipal, pese a que de acuerdo a la ley el dinero entregado para estas subvenciones solo puede ser usado en planes de mejoramiento de la educación.
Consultado al respecto, Hernán Palma, diputado independiente por el distrito 12 destacó que “no es el primer período en que surgen este tipo de observaciones”.
De acuerdo al parlamentario, bajo la dirección de la estrecha colaboradora del alcalde Carter, Jeanette Fernández, en la Corporación Municipal se han registrado otros hechos irregulares.
“Yo y otras parlamentarias, hace ya unos ocho meses atrás presentamos un requerimiento ante la Contraloría por los paseos al resort Rosa Agustina donde, tengo entendido, las nóminas estaban adulteradas, había personas que ni siquiera existían, o personas que estaban fallecidas”, señaló el diputado.
Según Palma, a todo lo anterior se agrega un problema con los sueldos de los funcionarios de la Corporación. “Yo estuve revisando los sueldos exorbitantes que tienen algunas personas que están en el equipo asesor. Son sueldos demasiado desmedidos, que incluso, creo yo son ofensivos para el personal de planta de la Corporación que debe trabajar hace muchos años y que ha sido primera línea en tiempos de pandemia“, indicó.
“Entonces, parece que este fuese un modus operandi de este municipio y de esta corporación, que es bastante transversal”, agregó.
En ese escenario, donde desde diversos frentes se cuestiona la probidad del gobierno municipal, Palma considera que la estrategia del alcalde Rodolfo Carter ha sido “ocultar o desviar la atención hacia otro objetivo”.
“Es llamativo que justo ahora el alcalde aparezca demoliendo la casa de un narco, o limpiando la feria de coleros, y que eso coincida con la publicación del informe de Contraloría”, dijo Palma.
La Corporación Municipal de La Florida tiene un plazo de 60 días hábiles para responder las observaciones de Contraloría. De no ser así, los antecedentes serán entregados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En todo caso, Palma advierte que “si la Contraloría está objetando o poniendo dudas, es por algo”.
