La directora Ejecutiva, Marina Navarro y la directora para las Américas, Erika Guevara, integrantes de la Amnistía Internacional (AI) de Perú, abordaron junto a representantes de las víctimas, los hallazgos iniciales de los casos de violaciones de derechos humanos en las protestas en diciembre del año pasado.
Ayer AI presentó el informe a la presidenta de Perú, Dina Boluarte y parte de su gabinete, con la intención de dialogar y escuchar la postura del Estado. Además, solicitaron diversa documentación a través de la ley de información pública y han revisado documentos forenses junto a fiscalías regionales.
Cabe destacar que este informe fue realizado, porque en diciembre de 2022 el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) disparó de forma desenfrenada a manifestantes.
Frente a esto, la directora Navarro detalló las conclusiones de estos hallazgos, precisando que “Como conclusión principal que podemos dar es que hemos visto como las Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden del Ejército y la Policía Nacional han hecho uso ilegítimo de armas letales y uso indiscriminado de armas menos letales en los que podemos considerar ataques generalizados a la población, ataque que además han tenido también un componente muy discriminatorio, un componente especial hacia la población Indígena y hacia la población campesina”.
A su vez, Guevara indicó que en las ciudades de Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, entre el 29 de enero y 11 de febrero hay “48 víctimas de asesinatos ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hemos seleccionado estos 12 casos para hacer un análisis riguroso de la información, tanto documental como testimonial, así como la verificación de material fotográfico y biográfico, a través de la verificación digital de nuestros expertos”.
Asimismo, “aunque se prohíba el manejo de armas de fuego para controlar las protestas, los uniformados las usan en demasía”, enfatizó Amnistía Internacional. Además, agregó que “esto evidencia que hay una clara intención de castigo, de silenciar las voces de las personas que están tomándose las calles en su legítimo derecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacíficas y además de exigir a sus autoridades la rendición de cuentas y el pleno respeto de los derechos humanos”.
En la investigación realizada por equipos expertos, AI entrevistó a víctimas junto a sus familias, recibieron testimonios de testigos de muchos incidentes violentos y se reunieron con diversas autoridades, funcionarios policiales y miliares, fiscalía y la Institución de Defensa de Derechos Humanos peruana.
Se ha documentado el caso de John Erick Ensiso Arias, de 18 años; un jugador de Vóleibol que pierde la vida en Andahuaylas, mientras observaba como un operativo policial dispersaba el funeral de dos jóvenes que habían sido asesinados un día anterior en la zona de un aeropuerto. A través de verificaciones digitales, pudieron apreciar que John no estaba participando activamente en una protesta, ya que solo observaba desde un cerro, y en este operativo policial disparan en contra del cuerpo de John.
También sobre el caso del fotoperiodista de Agencia EFE, Adair Mejía, que estaba haciendo una cobertura de una manifestación y recibió un impacto de perdigón en la pierna derecha, el 7 de enero.
Otros de los hallazgos del informe son la lentitud y falencia en garantizar eficacia en las investigaciones realizadas por la fiscalía y distintas fiscalías regionales.
En la rueda de prensa estaban presentes: Dany Quispe Rojas, representante de la Asociación de familias de víctimas y agraviados de la represión en la protesta en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, quien manifestó su testimonio en idioma quechua, y Ruth Bárcena Loayza, representante de la Asociación de familiares de asesinados y heridos de Ayacucho.
La directora Ejecutiva, Marina Navarro y la directora para las Américas, Erika Guevara, integrantes de la Amnistía Internacional (AI) de Perú, abordaron junto a representantes de las víctimas, los hallazgos iniciales de los casos de violaciones de derechos humanos en las protestas en diciembre del año pasado.
Ayer AI presentó el informe a la presidenta de Perú, Dina Boluarte y parte de su gabinete, con la intención de dialogar y escuchar la postura del Estado. Además, solicitaron diversa documentación a través de la ley de información pública y han revisado documentos forenses junto a fiscalías regionales.
Cabe destacar que este informe fue realizado, porque en diciembre de 2022 el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) disparó de forma desenfrenada a manifestantes.
Frente a esto, la directora Navarro detalló las conclusiones de estos hallazgos, precisando que “Como conclusión principal que podemos dar es que hemos visto como las Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden del Ejército y la Policía Nacional han hecho uso ilegítimo de armas letales y uso indiscriminado de armas menos letales en los que podemos considerar ataques generalizados a la población, ataque que además han tenido también un componente muy discriminatorio, un componente especial hacia la población Indígena y hacia la población campesina”.
A su vez, Guevara indicó que en las ciudades de Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, entre el 29 de enero y 11 de febrero hay “48 víctimas de asesinatos ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hemos seleccionado estos 12 casos para hacer un análisis riguroso de la información, tanto documental como testimonial, así como la verificación de material fotográfico y biográfico, a través de la verificación digital de nuestros expertos”.
Asimismo, “aunque se prohíba el manejo de armas de fuego para controlar las protestas, los uniformados las usan en demasía”, enfatizó Amnistía Internacional. Además, agregó que “esto evidencia que hay una clara intención de castigo, de silenciar las voces de las personas que están tomándose las calles en su legítimo derecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacíficas y además de exigir a sus autoridades la rendición de cuentas y el pleno respeto de los derechos humanos”.
En la investigación realizada por equipos expertos, AI entrevistó a víctimas junto a sus familias, recibieron testimonios de testigos de muchos incidentes violentos y se reunieron con diversas autoridades, funcionarios policiales y miliares, fiscalía y la Institución de Defensa de Derechos Humanos peruana.
Se ha documentado el caso de John Erick Ensiso Arias, de 18 años; un jugador de Vóleibol que pierde la vida en Andahuaylas, mientras observaba como un operativo policial dispersaba el funeral de dos jóvenes que habían sido asesinados un día anterior en la zona de un aeropuerto. A través de verificaciones digitales, pudieron apreciar que John no estaba participando activamente en una protesta, ya que solo observaba desde un cerro, y en este operativo policial disparan en contra del cuerpo de John.
También sobre el caso del fotoperiodista de Agencia EFE, Adair Mejía, que estaba haciendo una cobertura de una manifestación y recibió un impacto de perdigón en la pierna derecha, el 7 de enero.
Otros de los hallazgos del informe son la lentitud y falencia en garantizar eficacia en las investigaciones realizadas por la fiscalía y distintas fiscalías regionales.
En la rueda de prensa estaban presentes: Dany Quispe Rojas, representante de la Asociación de familias de víctimas y agraviados de la represión en la protesta en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, quien manifestó su testimonio en idioma quechua, y Ruth Bárcena Loayza, representante de la Asociación de familiares de asesinados y heridos de Ayacucho.
La directora Ejecutiva, Marina Navarro y la directora para las Américas, Erika Guevara, integrantes de la Amnistía Internacional (AI) de Perú, abordaron junto a representantes de las víctimas, los hallazgos iniciales de los casos de violaciones de derechos humanos en las protestas en diciembre del año pasado.
Ayer AI presentó el informe a la presidenta de Perú, Dina Boluarte y parte de su gabinete, con la intención de dialogar y escuchar la postura del Estado. Además, solicitaron diversa documentación a través de la ley de información pública y han revisado documentos forenses junto a fiscalías regionales.
Cabe destacar que este informe fue realizado, porque en diciembre de 2022 el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) disparó de forma desenfrenada a manifestantes.
Frente a esto, la directora Navarro detalló las conclusiones de estos hallazgos, precisando que “Como conclusión principal que podemos dar es que hemos visto como las Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden del Ejército y la Policía Nacional han hecho uso ilegítimo de armas letales y uso indiscriminado de armas menos letales en los que podemos considerar ataques generalizados a la población, ataque que además han tenido también un componente muy discriminatorio, un componente especial hacia la población Indígena y hacia la población campesina”.
A su vez, Guevara indicó que en las ciudades de Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, entre el 29 de enero y 11 de febrero hay “48 víctimas de asesinatos ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hemos seleccionado estos 12 casos para hacer un análisis riguroso de la información, tanto documental como testimonial, así como la verificación de material fotográfico y biográfico, a través de la verificación digital de nuestros expertos”.
Asimismo, “aunque se prohíba el manejo de armas de fuego para controlar las protestas, los uniformados las usan en demasía”, enfatizó Amnistía Internacional. Además, agregó que “esto evidencia que hay una clara intención de castigo, de silenciar las voces de las personas que están tomándose las calles en su legítimo derecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacíficas y además de exigir a sus autoridades la rendición de cuentas y el pleno respeto de los derechos humanos”.
En la investigación realizada por equipos expertos, AI entrevistó a víctimas junto a sus familias, recibieron testimonios de testigos de muchos incidentes violentos y se reunieron con diversas autoridades, funcionarios policiales y miliares, fiscalía y la Institución de Defensa de Derechos Humanos peruana.
Se ha documentado el caso de John Erick Ensiso Arias, de 18 años; un jugador de Vóleibol que pierde la vida en Andahuaylas, mientras observaba como un operativo policial dispersaba el funeral de dos jóvenes que habían sido asesinados un día anterior en la zona de un aeropuerto. A través de verificaciones digitales, pudieron apreciar que John no estaba participando activamente en una protesta, ya que solo observaba desde un cerro, y en este operativo policial disparan en contra del cuerpo de John.
También sobre el caso del fotoperiodista de Agencia EFE, Adair Mejía, que estaba haciendo una cobertura de una manifestación y recibió un impacto de perdigón en la pierna derecha, el 7 de enero.
Otros de los hallazgos del informe son la lentitud y falencia en garantizar eficacia en las investigaciones realizadas por la fiscalía y distintas fiscalías regionales.
En la rueda de prensa estaban presentes: Dany Quispe Rojas, representante de la Asociación de familias de víctimas y agraviados de la represión en la protesta en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, quien manifestó su testimonio en idioma quechua, y Ruth Bárcena Loayza, representante de la Asociación de familiares de asesinados y heridos de Ayacucho.
