Pese a que la ministra del Interior, Carolina Tohá, desechó la idea de avanzar en un royalty a la industria forestal como plan del Gobierno, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, si bien reconoció la complejidad del debate en torno a esta materia, consideró esencial un análisis “profundo” de lo que está pasando en este sector productivo.

La secretaria de Estado dio por superada esta controversia, enmarcada en los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, mencionando que el Ejecutivo ya tiene una agenda tributaria desplegada en el Congreso, en la cual no está contemplado este ítem, puesto que “no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty”, añadiendo que “no se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”.

Sobre este tema, Liberona comentó que “hablamos del tema forestal cada vez que tenemos incendios, pero no nos hemos preocupado de este tema desde los incendios de 2017”, cuestionando el hecho de que diversas iniciativas aún se mantengan estancadas en el Congreso como, por ejemplo, la moción que crea el Servicio Nacional Forestal y que desde 2019 no presenta nuevos movimientos en el Senado.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar la normativa forestal chilena, puesto que “al parecer la mayoría de la gente no sabe que las plantaciones forestales no son sometidas a evaluación ambiental y, por tanto, ahí tenemos otro flanco”.

En relación al royalty para este tipo de industria “es un tema complejo de analizar porque es un gravamen que se paga sobre recursos naturales propios del país y las plantaciones forestales no son propias del país, por eso corresponde pagarlo sobre el tema minero, en algunos casos uno podría ponerlo sobre el agua o sobre peces nativos o sobre biodiversidad que se está extrayendo, turba, por ejemplo ”.

“Sin embargo, las plantaciones forestales, así como las (plantaciones) agrícolas, los salmones usan recursos propios del país, pero no caben en la categoría de royalty clásica que uno podría decir, en el cual se paga una renta por el uso de algo que es propio del país, son todas especies exóticas, introducidas. Por lo tanto, estamos abiertos a que se estudie algún tipo de impuesto, pero claramente el que tiene relación con un royalty en el modelo clásico que se entiende no corresponde”, explicó.

Pese a lo anterior, la directora ejecutiva de la organización señaló la opción de fijar impuestos especiales, apuntando al uso del territorio. “Creo que ahí se puede avanzar tanto en la normativa, porque hay que revisarla y actualizarla, como en alguna forma de compensación, tributo, ya sea a nivel territorial o nacional. Esa es una materia en la cual hay que analizar lo que está pasando con bastante detención, porque también estos incendios tienen un impacto enorme en emitir gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el cumplir la meta de la carbononeutralidad al 2030 se hace mucho más difícil después de los incendios de este año”.

De este modo, recalcó la importancia de replantear la legislación vigente y los instrumentos económicos “que se podrían aplicar al sector forestal y agrícola para prevenir estas catástrofes y, por otra, que contribuyan, con incentivos económicos de otro tipo, a que logremos la meta de carbononeutralidad”.

En ese sentido, manifestó que “es una situación extremadamente grave, superamos las 400 mil hectáreas quemadas, tenemos más población afectada que en los incendios de 2017, sin dudas más fallecidos. Tenemos un tema complejo con los pequeños y medianos agricultores en la Región del Maule. Hay un montón de situaciones que hay que atender”.

Por lo mismo, sostuvo que “nosotros pensamos que debería haber una suerte de acuerdo desde todos los sectores para promover regulaciones que permitan prevenir y afrontar de mejor manera incendios como este, porque estamos seguros de que incendios como los que ocurrieron en 2017 y los que están ocurriendo ahora, se van a repetir. Estamos en un escenario de cambio climático y basta mirar lo que está pasando en otros países del mundo que también están siendo afectados por olas de calor y por incendios”.

“Lo que tenemos que hacer es invertir en regulación y financiamiento para que estos dramáticos episodios que van a ocurrir afecten a la menor cantidad de población y dañen lo menos posible a los ecosistemas. Eso se llama acciones de prevención para el combate a incendios agrícolas y forestales”, insistió Liberona.