La mañana de este jueves, funcionarios de la Municipalidad de La Florida, en conjunto con Carabineros demolieron una segunda “narco-casa”. Esto bajo una política de recuperación de barrios, impulsada por el alcalde Rodolfo Carter, que consiste en el desalojamiento y posterior demolición de inmuebles que supuestamente pertenecen a narcotraficantes.
Consultado respecto a la pertinencia de este tipo de medidas, Reinaldo Rosales, concejal del PPD e integrante del Consejo de Seguridad Comunal de La Florida, señaló que no está en contra de las demoliciones, pero sí cree que deben ser complementadas con otro tipo de iniciativas, que también busquen disminuir los niveles de delincuencia.
“¿Es una medida innovadora? Sí. ¿Vamos a acabar con el problema? No, porque si yo derribo una “narco-casa”, lo que estoy haciendo es afectarle el patrimonio a un narcotraficante, cuando nosotros sabemos que los narcotraficantes lo que más tienen es patrimonio. Entonces, ¿solucionamos el problema de la venta de drogas? No. ¿Solucionamos el problema de la delincuencia con esto? Yo creo que tampoco”, opinó Rosales.
Para el concejal también es cuestionable el hecho de que se estén demoliendo las casas de personas que, pese a estar siendo investigadas por Fiscalía, aún no cuentan con una condena por transgredir la Ley de Drogas.
“Tanto el alcalde como el equipo municipal han llamado a estas casas “narco-casas”, pero resulta que la gente que vive ahí no tiene una condena, las casas que hoy día están siendo derribadas, están siendo derribadas por información que le ha entregado la Fiscalía al municipio, no los tribunales, y esa es una gran diferencia. La Fiscalía lleva procesos de investigación, pero quién determina si hay delito o no, es el tribunal”, afirmó Rosales.
“Hemos conocido muchos casos en donde la Fiscalía sindica a una persona como que cometió cierto delito, y después el tribunal, viendo las pruebas decreta que no hubo tal delito. Hay personas que han pasado años en prisión preventiva y luego salen absueltas. Entonces, hay que tener mucho cuidado”, agregó.
Tanto la primera demolición de una “narco-casa”, que se realizó el pasado 9 de febrero, como la demolición de hoy jueves contaron con una alta presencia de medios de comunicación, que fueron convocados por la misma Municipalidad. Esto último ha generado críticas de los opositores al alcalde Carter, que lo han acusado de realizar un “show mediático”.
Por su parte, el concejal Rosales no cuestiona el despliegue comunicacional, pero sí está preocupado por la posible estigmatización de los barrios en donde se encuentran las “narco-casas”.
“Todos los alcaldes intentan que sus medidas sean conocidas por la mayor parte de la comunidad, porque eso también les va a permitir tener una validación por parte de la misma comunidad, y poder ser reelecto a algún otro cargo. Eso es válido y son las reglas del juego. Eso no me afecta en lo particular, lo que sí me afecta es que esto pudiera terminar estigmatizando a un barrio completo”, dijo.
El edil manifestó que la iniciativa de las “narco-casas” todavía tiene muchos aspectos que deben ser mejorados, por lo que el concejal sugiere que se generen métodos de evaluación, para conocer el verdadero efecto de la medida.
“Yo estoy de acuerdo con utilizar todas las herramientas que tiene el municipio para combatir el narcotráfico, y esta puede ser una de ellas, pero también tenemos que adoptar las medidas en torno a evaluaciones serias, científicas, que nos digan y nos permitan ver cuál es el impacto de esto”, afirmó.
La mañana de este jueves, funcionarios de la Municipalidad de La Florida, en conjunto con Carabineros demolieron una segunda “narco-casa”. Esto bajo una política de recuperación de barrios, impulsada por el alcalde Rodolfo Carter, que consiste en el desalojamiento y posterior demolición de inmuebles que supuestamente pertenecen a narcotraficantes.
Consultado respecto a la pertinencia de este tipo de medidas, Reinaldo Rosales, concejal del PPD e integrante del Consejo de Seguridad Comunal de La Florida, señaló que no está en contra de las demoliciones, pero sí cree que deben ser complementadas con otro tipo de iniciativas, que también busquen disminuir los niveles de delincuencia.
“¿Es una medida innovadora? Sí. ¿Vamos a acabar con el problema? No, porque si yo derribo una “narco-casa”, lo que estoy haciendo es afectarle el patrimonio a un narcotraficante, cuando nosotros sabemos que los narcotraficantes lo que más tienen es patrimonio. Entonces, ¿solucionamos el problema de la venta de drogas? No. ¿Solucionamos el problema de la delincuencia con esto? Yo creo que tampoco”, opinó Rosales.
Para el concejal también es cuestionable el hecho de que se estén demoliendo las casas de personas que, pese a estar siendo investigadas por Fiscalía, aún no cuentan con una condena por transgredir la Ley de Drogas.
“Tanto el alcalde como el equipo municipal han llamado a estas casas “narco-casas”, pero resulta que la gente que vive ahí no tiene una condena, las casas que hoy día están siendo derribadas, están siendo derribadas por información que le ha entregado la Fiscalía al municipio, no los tribunales, y esa es una gran diferencia. La Fiscalía lleva procesos de investigación, pero quién determina si hay delito o no, es el tribunal”, afirmó Rosales.
“Hemos conocido muchos casos en donde la Fiscalía sindica a una persona como que cometió cierto delito, y después el tribunal, viendo las pruebas decreta que no hubo tal delito. Hay personas que han pasado años en prisión preventiva y luego salen absueltas. Entonces, hay que tener mucho cuidado”, agregó.
Tanto la primera demolición de una “narco-casa”, que se realizó el pasado 9 de febrero, como la demolición de hoy jueves contaron con una alta presencia de medios de comunicación, que fueron convocados por la misma Municipalidad. Esto último ha generado críticas de los opositores al alcalde Carter, que lo han acusado de realizar un “show mediático”.
Por su parte, el concejal Rosales no cuestiona el despliegue comunicacional, pero sí está preocupado por la posible estigmatización de los barrios en donde se encuentran las “narco-casas”.
“Todos los alcaldes intentan que sus medidas sean conocidas por la mayor parte de la comunidad, porque eso también les va a permitir tener una validación por parte de la misma comunidad, y poder ser reelecto a algún otro cargo. Eso es válido y son las reglas del juego. Eso no me afecta en lo particular, lo que sí me afecta es que esto pudiera terminar estigmatizando a un barrio completo”, dijo.
El edil manifestó que la iniciativa de las “narco-casas” todavía tiene muchos aspectos que deben ser mejorados, por lo que el concejal sugiere que se generen métodos de evaluación, para conocer el verdadero efecto de la medida.
“Yo estoy de acuerdo con utilizar todas las herramientas que tiene el municipio para combatir el narcotráfico, y esta puede ser una de ellas, pero también tenemos que adoptar las medidas en torno a evaluaciones serias, científicas, que nos digan y nos permitan ver cuál es el impacto de esto”, afirmó.
La mañana de este jueves, funcionarios de la Municipalidad de La Florida, en conjunto con Carabineros demolieron una segunda “narco-casa”. Esto bajo una política de recuperación de barrios, impulsada por el alcalde Rodolfo Carter, que consiste en el desalojamiento y posterior demolición de inmuebles que supuestamente pertenecen a narcotraficantes.
Consultado respecto a la pertinencia de este tipo de medidas, Reinaldo Rosales, concejal del PPD e integrante del Consejo de Seguridad Comunal de La Florida, señaló que no está en contra de las demoliciones, pero sí cree que deben ser complementadas con otro tipo de iniciativas, que también busquen disminuir los niveles de delincuencia.
“¿Es una medida innovadora? Sí. ¿Vamos a acabar con el problema? No, porque si yo derribo una “narco-casa”, lo que estoy haciendo es afectarle el patrimonio a un narcotraficante, cuando nosotros sabemos que los narcotraficantes lo que más tienen es patrimonio. Entonces, ¿solucionamos el problema de la venta de drogas? No. ¿Solucionamos el problema de la delincuencia con esto? Yo creo que tampoco”, opinó Rosales.
Para el concejal también es cuestionable el hecho de que se estén demoliendo las casas de personas que, pese a estar siendo investigadas por Fiscalía, aún no cuentan con una condena por transgredir la Ley de Drogas.
“Tanto el alcalde como el equipo municipal han llamado a estas casas “narco-casas”, pero resulta que la gente que vive ahí no tiene una condena, las casas que hoy día están siendo derribadas, están siendo derribadas por información que le ha entregado la Fiscalía al municipio, no los tribunales, y esa es una gran diferencia. La Fiscalía lleva procesos de investigación, pero quién determina si hay delito o no, es el tribunal”, afirmó Rosales.
“Hemos conocido muchos casos en donde la Fiscalía sindica a una persona como que cometió cierto delito, y después el tribunal, viendo las pruebas decreta que no hubo tal delito. Hay personas que han pasado años en prisión preventiva y luego salen absueltas. Entonces, hay que tener mucho cuidado”, agregó.
Tanto la primera demolición de una “narco-casa”, que se realizó el pasado 9 de febrero, como la demolición de hoy jueves contaron con una alta presencia de medios de comunicación, que fueron convocados por la misma Municipalidad. Esto último ha generado críticas de los opositores al alcalde Carter, que lo han acusado de realizar un “show mediático”.
Por su parte, el concejal Rosales no cuestiona el despliegue comunicacional, pero sí está preocupado por la posible estigmatización de los barrios en donde se encuentran las “narco-casas”.
“Todos los alcaldes intentan que sus medidas sean conocidas por la mayor parte de la comunidad, porque eso también les va a permitir tener una validación por parte de la misma comunidad, y poder ser reelecto a algún otro cargo. Eso es válido y son las reglas del juego. Eso no me afecta en lo particular, lo que sí me afecta es que esto pudiera terminar estigmatizando a un barrio completo”, dijo.
El edil manifestó que la iniciativa de las “narco-casas” todavía tiene muchos aspectos que deben ser mejorados, por lo que el concejal sugiere que se generen métodos de evaluación, para conocer el verdadero efecto de la medida.
“Yo estoy de acuerdo con utilizar todas las herramientas que tiene el municipio para combatir el narcotráfico, y esta puede ser una de ellas, pero también tenemos que adoptar las medidas en torno a evaluaciones serias, científicas, que nos digan y nos permitan ver cuál es el impacto de esto”, afirmó.
