El derrotero de Punta Peuco vuelve a estar en el foco mediático. Ello luego que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, descartara haber instruido al director de Gendarmería, Sebastián Urra, de realizar preparativos para anunciar el cierre del penal en marzo de este año, desmintiendo así la información que publicó el medio Ex Ante, donde se apuntó a la clausura del recinto de Tiltil como un gesto que el Ejecutivo estaría alistando en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado cívico-militar.

La autoridad de la cartera informó este miércoles que se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los centros penales del país para efectos de evaluar ampliaciones y mejoras en los servicios penitenciarios dado el aumento de la población penal. No obstante, negó que se esté cursando una remodelación en el módulo Asistir de Colina 1 donde supuestamente iban a ser trasladados los 129 reclusos de Punta Peuco, según señaló el medio que dirige Cristian Bofill. 

Al margen del pronunciamiento de Gajardo, parlamentarios del oficialismo bregaron por la clausura efectiva del penal, en tanto lo ven como un pendiente que se remonta al frustrado intento de cierre de la ex presidenta Michelle Bachelet en 2018 y a la oposición que Ricardo Lagos manifestó desde su origen (1995), cuando se negó a firmar el decreto que autorizaba su edificación mientras se desempeñaba como titular del MOP.

“Creo que hay una demanda social y de justicia en materia de derechos humanos que hace imprescindible abordar este tema, de tal manera que yo llamaría al Gobierno a abordar esta situación porque creo que sería lamentable que estas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, hace 50 años atrás, sigan gozando de privilegios carcelarios que son una bofetada en la cara de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, de los exiliados y de tanta gente que fue torturada durante la época de la dictadura militar”, sostuvo el diputado socialista, Jaime Naranjo.

“Es una cuestión de la cual se debió haber avanzado hace mucho tiempo y espero que este Gobierno pueda concretarlo en algun momento. Obviamente no olvidando siempre las condiciones que deben tener los reclusos  sea cual sea su origen”, sostuvo su par del PR, Tomás Lagomarsino, acotando que “si podemos invertir mejor los recursos que actualmente se ocupan en Punta Peuco para tener más cárceles disponibles para los delincuentes de nuestro país, yo creo que no iría en una línea contraria sino que sería sinérgico” a las demandas de la ciudadanía.

El atrincheramiento de Chile Vamos

Si bien hay materias que avivan las diferencias internas de Chile Vamos, esta vez Punta Peuco no fue objeto de contradicción. Tanto los dirigentes de UDI, RN y Evópoli se manifestaron contrarios a que el Gobierno concrete el cierre del penal aduciendo que la medida sería un factor de polarización de la ciudadanía.

“Esta decisión, si es que es correcta porque entiendo que no se ha entregado en forma oficial, demuestra de que hay algunos en el Gobierno más preocupados, en este año en que se conmemoran 50 años de fechas que dividieron a Chile y que polarizan a los chilenos, pretenden generar simbolismos como este para seguir dividiendo a los chilenos”, opinó el presidente de la UDI, Javier Macaya.

A su vez, el secretario general de RN, Diego Schalper indicó que “vemos con preocupación cómo el Gobierno toma esto más que una fecha de conmemoración como una fecha de confrontación. Los chilenos no quieren más confrontación, quieren más unidad y cohesión”.

En el mismo tenor, la timonel de Evópoli, Gloria Hutt, en conversación con CNN Chile, afirmó que un presunto cierre “genera divisiones” y que “a nosotros nos gustaría mucho más que esta conmemoración de los 50 años fuera un punto de encuentro y fuera una instancia para cerrar heridas y divisiones, para volver a conversar como ha ocurrido, por ejemplo en el acuerdo por Chile y que estuvimos en una mesa todo el arco político y hubo una armonía muy grande en la conversación (…) Yo creo que ese mismo tono le haría muy bien a nuestro país”.

En tanto, desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la diputada Ximena Ossandón (RN) apuntó que “nuestro país transita hace mucho tiempo por un camino de encuentro del quiebre de 1973 que requiere desprendimiento de todas las partes afectadas”. En esa línea, afirmó que el cierre del penal “empeora la realidad carcelaria cerrándose un recinto penal completo y generando más hacinamiento donde sean trasladados esos internos y, por otro lado, reabre heridas en una forma de revancha por lo ocurrido, entorpeciendo el camino de una necesaria reconciliación tras el quiebre de la democracia”. 

Una opinión díscola fue la que manifestó vía Twitter el ex diputado de Renovación Nacional y Amplitud, Pedro Browne. “¿Cómo se puede justificar que condenados por crímenes de Lesa Humanidad durante una Dictadura tengan un trato preferencial? Por qué el estado debería mantener dicho privilegio?” redactó en la red social en respuesta a la crítica vertida por la diputada Camila Flores (RN) hacia el Ejecutivo.

Cabe destacar que el sector ha acusado al Gobierno de marginarlo de las reuniones que versan sobre el aniversario número 50 del golpe cívico militar. En ese contexto, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky extendió una invitación a los presidentes de partido para abordar los lineamientos que ha fijado La Moneda. A estas instancias también concurriría el periodista Patricio Fernández quien coordina los preparativos del hito en el Palacio.