Así como es un avance civilizatorio la condena a las violaciones a los derechos humanos, más allá de la posición ideológica y del lugar del mundo donde estén quienes las perpetran, ante la pregunta de cómo andamos por casa nos encontramos a cada rato con evidencias de que en Chile aún falta mucho por avanzar. Este propósito que ha sido nombrado genéricamente como cultura de los derechos humanos debería ser uno de los más urgentes e importantes, a propósito de los 50 años del Golpe y de los 75 años de la Declaración Universal que se cumplirán este 2023.
Una primera constatación es que todavía hay en nuestro sistema político doble estándar respecto al tema. Hay partidos que no han logrado revertir suficientemente posiciones del pasado y, por tanto, mantienen tejado de vidrio por haber avalado la dictadura más sangrienta de la historia del país. La indefinición abre espacio a las especulaciones: quizás les condiciona saber que gracias a aquella política genocida se pudo imponer en Chile el actual orden social y económico y que, de repetirse las circunstancias, considerarían nuevamente los crímenes de Estado como un mal menor. Cuanto servirían posiciones claras que desmintieran este supuesto.
Así también, hay renuencia por parte de los partidos a condenar la violación a los derechos humanos en otros países cuando se considera a sus gobiernos cercanos a sus posiciones políticas, como ocurre hoy con Nicaragua y Perú. Luego de que el país ha padecido en carne propia las prácticas dictatoriales no debería haber inconsistencias al respecto. Adicionalmente, desde la detención de Pinochet en Londres, en 1998, se ha establecido que la persecución a los crímenes de lesa humanidad es universal y que incluso conceptos muy importantes como la soberanía nacional están subordinados a ello. El argumento de nuestras autoridades de la época de que “los crímenes de Pinochet los tenemos que juzgar en Chile” ya no tienen vigencia en el tiempo actual. Tampoco en Perú ni en Nicaragua.
En lo más cotidiano, suele haber tal carencia conceptual que hay quienes piensan que cuando se habla de derechos humanos se está hablando de posiciones políticas o ideológicas particulares. Al revés, son universales o están por encima de todo ello. Cuando un banco como el BCI, luego de hacer apología del Golpe a través de una moneda celebratoria, trata de excusarse con el argumento de que es “un producto que se interpreta o asocia con alusiones políticas”, demuestra al mismo tiempo inconciencia de la gravedad de los hechos e ignorancia respecto a los derechos humanos.
Mismas falencias se advierten en quienes tienen como pulsión obsesiva la idea de abolir el INDH cada vez que no les gusta alguna de sus posiciones, como sucedió ahora luego de la enteramente justa solicitud de que el actuar de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la frontera se ajuste al estándar de derechos humanos. Quizás piensen que los migrantes no son dignos de aquello, pero no se atreven a decirlo.
