Presidente del Colegio de Profesores y desmunicipalización de la enseñanza: “Hay un problema grave respecto de la implementación”
Carlos Díaz cuestionó una falta de respuesta del Estado ante la demora en la entrega del bono de incentivo al retiro docente e insistió en que los Servicios Locales "no han estado a la altura" de las necesidades del sector.
Jueves 2 de marzo 2023 10:19 hrs.
En el marco del inicio del año escolar 2023, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, manifestó su preocupación por las condiciones en que se desarrollará el retorno masivo de estudiantes a las clases.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el dirigente, junto con destacar como factores el rezago educativo producto de la pandemia y los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, denunció la larga espera que han tenido que enfrentar los docentes para recibir el bono de incentivo al retiro.
Díaz sostuvo que “tenemos una cantidad importante de profesores y profesoras en Chile que tienen 70 años de edad y todavía no pueden salir de las aulas, porque el Estado de Chile no les entrega el bono de retiro les corresponde. Esto es absolutamente inhumano”.
“Estamos hablando de colegas que han esperado cuatro, cinco, seis años que este bono de retiro les llegue y por eso no pueden jubilar y, sin embargo, por diversos motivos, porque la ley es muy mala, porque lamentablemente todo se retrasa, esto no ha ocurrido”, apuntó.
En ese sentido, explicó que “eso básicamente tiene que ver con la ley, que en su momento da cuenta este beneficio, que para nosotros es un derecho, porque tiene que ver con que el colega pueda salir del sistema con un bono para paliar en parte la paupérrima pensión que tiene que recibir después de que deja el sistema. Los antecedentes que tenemos es que un profesor después de trabajar toda la vida tiene una tasa de reemplazo equivalente al 25%, 30% de lo que ganaba como activo”.
Asimismo, afirmó que “aquí hay una responsabilidad de los municipios, que no envían los documentos cuando corresponde o los envían mal y desde el Mineduc, que es el que fiscaliza, tampoco tiene muchas herramientas para apurar que esto opere. Estamos en un modelo educativo en Chile en donde el Ministerio de Educación es más bien una caja pagadora y estamos al arbitrio de lo que hagan los sostenedores”.
“Si un sostenedor me envía los documentos como corresponde y se demora un año, dos años, el Ministerio solamente puede recordarle o llamarlo por teléfono y pedirle que los envíe, pero no tiene ningún otro elemento de presión. Hoy tenemos una Ley Miscelánea que se publicó en el Diario Oficial en febrero y que debiera permitir que esto se agilizara un poco más, pero tampoco hemos visto que esta agilización se produzca”, cuestionó.
A esto Díaz mencionó que se suman las problemáticas de infraestructura que han presentado diversos establecimientos educaciones, destacando, por ejemplo, que “en Atacama, denunciábamos la situación de una veintena de colegios que se ha señalado no van a poder retomar clases mañana, porque lamentablemente el Servicio Local de Educación no tenía terminado los trabajos que debieron haberse hecho durante enero y febrero”.
Sobre esto último, el presidente del gremio reforzó sus críticas contra la administración que han efectuado estas entidades de la educación pública, que surgieron en reemplazo de las municipalidades, y señaló que “los SLEP no han estado a la altura. Hemos encontrado una cantidad importante de problemas en su funcionamiento y lamentablemente esto ha significado también que el proceso educativo sea mucho más burocrático, muchas veces hay un problema y hay que esperar semanas y semanas para poder resolverlo”.
Con todo, reiteró que “nosotros no somos partidarios de la municipalización de la enseñanza, creemos que la educación debe estar administrada por el Estado de Chile, no por los municipios, porque tampoco han estado a la altura de la situación, pero los Servicios Locales de Educación han tenido serios problemas”.
En esa línea, detalló que “indudablemente hay un problema grave respecto de la implementación, en donde en el gobierno anterior no hubo ninguna intención de que esto operara bien y que se llevara a cabo como correspondía. Pero también hay un tema en el diseño de la ley, porque no viene a corregir problemas de fondo que están haciendo crisis en el sistema municipal desde hace ya muchos años, por ejemplo, mantiene el mismo sistema de financiamiento. Entonces, es imposible que un sistema funcione bien cuando sabemos que está absolutamente desfinanciado”.
En el marco del inicio del año escolar 2023, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, manifestó su preocupación por las condiciones en que se desarrollará el retorno masivo de estudiantes a las clases.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el dirigente, junto con destacar como factores el rezago educativo producto de la pandemia y los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, denunció la larga espera que han tenido que enfrentar los docentes para recibir el bono de incentivo al retiro.
Díaz sostuvo que “tenemos una cantidad importante de profesores y profesoras en Chile que tienen 70 años de edad y todavía no pueden salir de las aulas, porque el Estado de Chile no les entrega el bono de retiro les corresponde. Esto es absolutamente inhumano”.
“Estamos hablando de colegas que han esperado cuatro, cinco, seis años que este bono de retiro les llegue y por eso no pueden jubilar y, sin embargo, por diversos motivos, porque la ley es muy mala, porque lamentablemente todo se retrasa, esto no ha ocurrido”, apuntó.
En ese sentido, explicó que “eso básicamente tiene que ver con la ley, que en su momento da cuenta este beneficio, que para nosotros es un derecho, porque tiene que ver con que el colega pueda salir del sistema con un bono para paliar en parte la paupérrima pensión que tiene que recibir después de que deja el sistema. Los antecedentes que tenemos es que un profesor después de trabajar toda la vida tiene una tasa de reemplazo equivalente al 25%, 30% de lo que ganaba como activo”.
Asimismo, afirmó que “aquí hay una responsabilidad de los municipios, que no envían los documentos cuando corresponde o los envían mal y desde el Mineduc, que es el que fiscaliza, tampoco tiene muchas herramientas para apurar que esto opere. Estamos en un modelo educativo en Chile en donde el Ministerio de Educación es más bien una caja pagadora y estamos al arbitrio de lo que hagan los sostenedores”.
“Si un sostenedor me envía los documentos como corresponde y se demora un año, dos años, el Ministerio solamente puede recordarle o llamarlo por teléfono y pedirle que los envíe, pero no tiene ningún otro elemento de presión. Hoy tenemos una Ley Miscelánea que se publicó en el Diario Oficial en febrero y que debiera permitir que esto se agilizara un poco más, pero tampoco hemos visto que esta agilización se produzca”, cuestionó.
A esto Díaz mencionó que se suman las problemáticas de infraestructura que han presentado diversos establecimientos educaciones, destacando, por ejemplo, que “en Atacama, denunciábamos la situación de una veintena de colegios que se ha señalado no van a poder retomar clases mañana, porque lamentablemente el Servicio Local de Educación no tenía terminado los trabajos que debieron haberse hecho durante enero y febrero”.
Sobre esto último, el presidente del gremio reforzó sus críticas contra la administración que han efectuado estas entidades de la educación pública, que surgieron en reemplazo de las municipalidades, y señaló que “los SLEP no han estado a la altura. Hemos encontrado una cantidad importante de problemas en su funcionamiento y lamentablemente esto ha significado también que el proceso educativo sea mucho más burocrático, muchas veces hay un problema y hay que esperar semanas y semanas para poder resolverlo”.
Con todo, reiteró que “nosotros no somos partidarios de la municipalización de la enseñanza, creemos que la educación debe estar administrada por el Estado de Chile, no por los municipios, porque tampoco han estado a la altura de la situación, pero los Servicios Locales de Educación han tenido serios problemas”.
En esa línea, detalló que “indudablemente hay un problema grave respecto de la implementación, en donde en el gobierno anterior no hubo ninguna intención de que esto operara bien y que se llevara a cabo como correspondía. Pero también hay un tema en el diseño de la ley, porque no viene a corregir problemas de fondo que están haciendo crisis en el sistema municipal desde hace ya muchos años, por ejemplo, mantiene el mismo sistema de financiamiento. Entonces, es imposible que un sistema funcione bien cuando sabemos que está absolutamente desfinanciado”.
En el marco del inicio del año escolar 2023, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, manifestó su preocupación por las condiciones en que se desarrollará el retorno masivo de estudiantes a las clases.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el dirigente, junto con destacar como factores el rezago educativo producto de la pandemia y los incendios que afectan a la zona centro-sur del país, denunció la larga espera que han tenido que enfrentar los docentes para recibir el bono de incentivo al retiro.
Díaz sostuvo que “tenemos una cantidad importante de profesores y profesoras en Chile que tienen 70 años de edad y todavía no pueden salir de las aulas, porque el Estado de Chile no les entrega el bono de retiro les corresponde. Esto es absolutamente inhumano”.
“Estamos hablando de colegas que han esperado cuatro, cinco, seis años que este bono de retiro les llegue y por eso no pueden jubilar y, sin embargo, por diversos motivos, porque la ley es muy mala, porque lamentablemente todo se retrasa, esto no ha ocurrido”, apuntó.
En ese sentido, explicó que “eso básicamente tiene que ver con la ley, que en su momento da cuenta este beneficio, que para nosotros es un derecho, porque tiene que ver con que el colega pueda salir del sistema con un bono para paliar en parte la paupérrima pensión que tiene que recibir después de que deja el sistema. Los antecedentes que tenemos es que un profesor después de trabajar toda la vida tiene una tasa de reemplazo equivalente al 25%, 30% de lo que ganaba como activo”.
Asimismo, afirmó que “aquí hay una responsabilidad de los municipios, que no envían los documentos cuando corresponde o los envían mal y desde el Mineduc, que es el que fiscaliza, tampoco tiene muchas herramientas para apurar que esto opere. Estamos en un modelo educativo en Chile en donde el Ministerio de Educación es más bien una caja pagadora y estamos al arbitrio de lo que hagan los sostenedores”.
“Si un sostenedor me envía los documentos como corresponde y se demora un año, dos años, el Ministerio solamente puede recordarle o llamarlo por teléfono y pedirle que los envíe, pero no tiene ningún otro elemento de presión. Hoy tenemos una Ley Miscelánea que se publicó en el Diario Oficial en febrero y que debiera permitir que esto se agilizara un poco más, pero tampoco hemos visto que esta agilización se produzca”, cuestionó.
A esto Díaz mencionó que se suman las problemáticas de infraestructura que han presentado diversos establecimientos educaciones, destacando, por ejemplo, que “en Atacama, denunciábamos la situación de una veintena de colegios que se ha señalado no van a poder retomar clases mañana, porque lamentablemente el Servicio Local de Educación no tenía terminado los trabajos que debieron haberse hecho durante enero y febrero”.
Sobre esto último, el presidente del gremio reforzó sus críticas contra la administración que han efectuado estas entidades de la educación pública, que surgieron en reemplazo de las municipalidades, y señaló que “los SLEP no han estado a la altura. Hemos encontrado una cantidad importante de problemas en su funcionamiento y lamentablemente esto ha significado también que el proceso educativo sea mucho más burocrático, muchas veces hay un problema y hay que esperar semanas y semanas para poder resolverlo”.
Con todo, reiteró que “nosotros no somos partidarios de la municipalización de la enseñanza, creemos que la educación debe estar administrada por el Estado de Chile, no por los municipios, porque tampoco han estado a la altura de la situación, pero los Servicios Locales de Educación han tenido serios problemas”.
En esa línea, detalló que “indudablemente hay un problema grave respecto de la implementación, en donde en el gobierno anterior no hubo ninguna intención de que esto operara bien y que se llevara a cabo como correspondía. Pero también hay un tema en el diseño de la ley, porque no viene a corregir problemas de fondo que están haciendo crisis en el sistema municipal desde hace ya muchos años, por ejemplo, mantiene el mismo sistema de financiamiento. Entonces, es imposible que un sistema funcione bien cuando sabemos que está absolutamente desfinanciado”.
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