La información causaba este viernes impacto mundial y era el principal titular de portada de los medios a nivel internacional. Es que se trata de la primera vez en la historia del organismo que se dicta una orden de arresto internacional contra un Presidente o Jefe de Estado de una de las cinco naciones que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, la Corte emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, bajo la misma acusación: crímenes de deportación ilegal y traslado ilegal de personas.
“Hay motivos razonables para creer que Putin tiene la responsabilidad penal por los crímenes antes mencionados (I) por haber cometido los actos directamente, en conjunto con otros y/o a través de otros -Artículo 25/3a- del Estatuto de Roma), y (II) por su incapacidad para ejercer el control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o por haber permitido su comisión a quienes estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (Artículo 28/b del Estatuto de Roma”, señala el comunicado.
Sin embargo, el Tribunal aclaró que no acostumbra a hacer públicas este tipo de órdenes de arresto para proteger a víctimas y testigos, así como para salvaguardar la investigación, pero apuntan que, dado que esta violación de los derechos humanos sigue vigente y activa, la publicación de las órdenes “puede contribuir a la prevención de una mayor comisión de delitos”.
Por su parte, Karim Ahmad Khan, fiscal de la CPI, expresó que “no podemos permitir que los niños sean tratados como botín de guerra”. “Debemos asegurarnos de que los responsables de los supuestos crímenes sean llevados a la justicia y que los niños regresen con sus familias”, añadió.
A pesar de la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte y como Rusia no es signataria del mismo, es muy poco probable que ninguno de los dos sea extraditado. No obstante, la orden aísla internacionalmente al presidente ruso y le dificultará viajar, especialmente a cualquier país que sea miembro de la CPI. Esto, porque ellos están obligados a arrestar a cualquier persona que sea acusada por el tribunal.
En respuesta a la orden de arresto contra Putin, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, declaró que “no tiene ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, dijo la alta funcionaria en su canal de Telegram. “Rusia no es parte del Estatuto de Roma, ni de la Corte Penal Internacional -agregó- y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con ese organismo y las posibles órdenes de arresto provenientes de esa Corte serán legalmente nulas y sin valor para nosotros”, aseveró.
Mientras, en una breve conferencia telefónica con periodistas este viernes, Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin, señaló que la orden emitida por la CPI es “inaceptable”. “Rusia, junto con varios otros estados, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal y, por lo tanto, cualquier decisión de este tipo para Rusia es nula y sin efecto desde un punto de vista legal”, afirmó igualmente.
La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente que se encarga de juzgar a individuos responsables de delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que le remita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un determinado Estado. Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma -tratado constituyente de la organización- o a los ciudadanos de esos Estados. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan, en primer lugar, Estados Unidos, seguido de China, India, Pakistán, Turquía e Israel, así como la propia Rusia.
La orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin ha sido emitida justo en la víspera del viaje del presidente chino Xi Jinping a Moscú, este lunes 20, una gira declarada por ambas cancillerías como de alto interés para estrechar lazos y buscar caminos para lograr la paz en Ucrania.
La información causaba este viernes impacto mundial y era el principal titular de portada de los medios a nivel internacional. Es que se trata de la primera vez en la historia del organismo que se dicta una orden de arresto internacional contra un Presidente o Jefe de Estado de una de las cinco naciones que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, la Corte emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, bajo la misma acusación: crímenes de deportación ilegal y traslado ilegal de personas.
“Hay motivos razonables para creer que Putin tiene la responsabilidad penal por los crímenes antes mencionados (I) por haber cometido los actos directamente, en conjunto con otros y/o a través de otros -Artículo 25/3a- del Estatuto de Roma), y (II) por su incapacidad para ejercer el control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o por haber permitido su comisión a quienes estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (Artículo 28/b del Estatuto de Roma”, señala el comunicado.
Sin embargo, el Tribunal aclaró que no acostumbra a hacer públicas este tipo de órdenes de arresto para proteger a víctimas y testigos, así como para salvaguardar la investigación, pero apuntan que, dado que esta violación de los derechos humanos sigue vigente y activa, la publicación de las órdenes “puede contribuir a la prevención de una mayor comisión de delitos”.
Por su parte, Karim Ahmad Khan, fiscal de la CPI, expresó que “no podemos permitir que los niños sean tratados como botín de guerra”. “Debemos asegurarnos de que los responsables de los supuestos crímenes sean llevados a la justicia y que los niños regresen con sus familias”, añadió.
A pesar de la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte y como Rusia no es signataria del mismo, es muy poco probable que ninguno de los dos sea extraditado. No obstante, la orden aísla internacionalmente al presidente ruso y le dificultará viajar, especialmente a cualquier país que sea miembro de la CPI. Esto, porque ellos están obligados a arrestar a cualquier persona que sea acusada por el tribunal.
En respuesta a la orden de arresto contra Putin, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, declaró que “no tiene ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, dijo la alta funcionaria en su canal de Telegram. “Rusia no es parte del Estatuto de Roma, ni de la Corte Penal Internacional -agregó- y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con ese organismo y las posibles órdenes de arresto provenientes de esa Corte serán legalmente nulas y sin valor para nosotros”, aseveró.
Mientras, en una breve conferencia telefónica con periodistas este viernes, Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin, señaló que la orden emitida por la CPI es “inaceptable”. “Rusia, junto con varios otros estados, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal y, por lo tanto, cualquier decisión de este tipo para Rusia es nula y sin efecto desde un punto de vista legal”, afirmó igualmente.
La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente que se encarga de juzgar a individuos responsables de delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que le remita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un determinado Estado. Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma -tratado constituyente de la organización- o a los ciudadanos de esos Estados. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan, en primer lugar, Estados Unidos, seguido de China, India, Pakistán, Turquía e Israel, así como la propia Rusia.
La orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin ha sido emitida justo en la víspera del viaje del presidente chino Xi Jinping a Moscú, este lunes 20, una gira declarada por ambas cancillerías como de alto interés para estrechar lazos y buscar caminos para lograr la paz en Ucrania.
La información causaba este viernes impacto mundial y era el principal titular de portada de los medios a nivel internacional. Es que se trata de la primera vez en la historia del organismo que se dicta una orden de arresto internacional contra un Presidente o Jefe de Estado de una de las cinco naciones que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, la Corte emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, bajo la misma acusación: crímenes de deportación ilegal y traslado ilegal de personas.
“Hay motivos razonables para creer que Putin tiene la responsabilidad penal por los crímenes antes mencionados (I) por haber cometido los actos directamente, en conjunto con otros y/o a través de otros -Artículo 25/3a- del Estatuto de Roma), y (II) por su incapacidad para ejercer el control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o por haber permitido su comisión a quienes estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (Artículo 28/b del Estatuto de Roma”, señala el comunicado.
Sin embargo, el Tribunal aclaró que no acostumbra a hacer públicas este tipo de órdenes de arresto para proteger a víctimas y testigos, así como para salvaguardar la investigación, pero apuntan que, dado que esta violación de los derechos humanos sigue vigente y activa, la publicación de las órdenes “puede contribuir a la prevención de una mayor comisión de delitos”.
Por su parte, Karim Ahmad Khan, fiscal de la CPI, expresó que “no podemos permitir que los niños sean tratados como botín de guerra”. “Debemos asegurarnos de que los responsables de los supuestos crímenes sean llevados a la justicia y que los niños regresen con sus familias”, añadió.
A pesar de la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte y como Rusia no es signataria del mismo, es muy poco probable que ninguno de los dos sea extraditado. No obstante, la orden aísla internacionalmente al presidente ruso y le dificultará viajar, especialmente a cualquier país que sea miembro de la CPI. Esto, porque ellos están obligados a arrestar a cualquier persona que sea acusada por el tribunal.
En respuesta a la orden de arresto contra Putin, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, declaró que “no tiene ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, dijo la alta funcionaria en su canal de Telegram. “Rusia no es parte del Estatuto de Roma, ni de la Corte Penal Internacional -agregó- y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con ese organismo y las posibles órdenes de arresto provenientes de esa Corte serán legalmente nulas y sin valor para nosotros”, aseveró.
Mientras, en una breve conferencia telefónica con periodistas este viernes, Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin, señaló que la orden emitida por la CPI es “inaceptable”. “Rusia, junto con varios otros estados, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal y, por lo tanto, cualquier decisión de este tipo para Rusia es nula y sin efecto desde un punto de vista legal”, afirmó igualmente.
La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente que se encarga de juzgar a individuos responsables de delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que le remita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un determinado Estado. Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma -tratado constituyente de la organización- o a los ciudadanos de esos Estados. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan, en primer lugar, Estados Unidos, seguido de China, India, Pakistán, Turquía e Israel, así como la propia Rusia.
La orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin ha sido emitida justo en la víspera del viaje del presidente chino Xi Jinping a Moscú, este lunes 20, una gira declarada por ambas cancillerías como de alto interés para estrechar lazos y buscar caminos para lograr la paz en Ucrania.
