Mientras el Parlamento comenzó la discusión legislativa de los siete proyectos de ley que busca apresurar esta semana, en la sede de Gobierno el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; y de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, se reunieron con las dirigencias del mundo municipal para retomar las conversaciones en torno a la mesa nacional de seguridad. 

Tras la cita, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao, indicó que se abordó “el acuerdo de seguridad y en particular lo que significa incorporar en esta materia un proyecto de ley que va directamente relacionado con lo que son las atribuciones en el ámbito municipal para materias de seguridad”.

“Lo que queremos es llegar prontamente a un acuerdo para poder ingresar este proyecto al Parlamento, poder discutirlo rápidamente e ingresarlo como parte de la agenda de seguridad que queremos acelerar y por supuesto que los municipios estamos en ello también”.

“¿Qué significa esto? Poder dotar de mayores atribuciones a nuestros inspectores municipales en el sentido de que tengan el reconocimiento legal de la labor que ellos realizan en el ámbito de seguridad y por supuesto en el ámbito preventivo, y también todo lo que significa no solo mayores atribuciones sino también cómo enfrentamos con mayores recursos este desafío y por eso es que también estuvimos revisando el tema de los nuevos ingresos municipales, a propósito de la ley de nuevo royalty minero que se está discutiendo en el Parlamento”, añadió.

En materia de financiamiento, Leitao señaló que “lo que hemos planteado es que no podemos seguir presentando proyectos de ley que impliquen gastos a los municipios que no tengan financiamiento, dada la inequidad territorial que existe. Por eso se ha planteado la fórmula para poder inyectar más recursos a través de la ley de royalty minero, por ejemplo, pero pueden ser otros mecanismos también”.

Por lo demás, señaló que la reunión versó también sobre “cómo trabajar de mejor manera con Carabineros, no para reemplazar su función ni para competir con su función, sino más bien para poder trabajar en conjunto, por ejemplo a través el patrullaje mixto, también el conocer y explicitar la dotación policial en la distintas comunas”. 

A su vez, el presidente de la Asociación de Municipios Rurales y alcalde de Pirque, Jaime Escudero, señaló que “sentimos que las medidas que nos están presentando los subsecretarios de Prevención del Delito, la Subdere y el subsecretario del Interior, van en el camino correcto, en el que venimos trabajando hace bastante tiempo y esperamos mañana mismo las tres asociaciones tener claridad sobre estas propuestas que nos han hecho los subsecretarios para que por fin nuestras comunas, nuestros vecinos y vecinas puedan tener tranquilidad”.

Monsalve: “Estamos trabajando en enfrentar con una política pública seria”

En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que la crisis de seguridad que se vive en Quilpué, “es una situación que ocurre en varios territorios de Chile” y adujo que “los delitos violentos, que implican el uso de armas de fuego para cometer delitos violentos como los robos con intimidación, los robos con violencia o los homicidios que hoy día generan temor y que son delitos que están al alza en nuestro país, están presentes en varios territorios y si uno quisiera identificar esos territorios, uno podría indentificar 27 lugares en Chile que concentran el 50% de los delitos violentos“.

Ahora bien, la autoridad destacó que se pueden llevar adelante políticas públicas para evitar la impunidad y en ello relevó que “la conversación que hemos tenido con el Fiscal Nacional, con el director nacional de la Policía de Investigaciones, la conversación que hemos tenido con Carabineros de Chile a través del general Enrique Monrás, le permite al país plantearse la tarea de un combate frontal a los delitos violentos”. 

Asimismo, subrayó que “llevamos adelante y presentamos al país una política nacional de crimen organizado que fue entregado en diciembre, le dimos prioridad a dos proyectos de ley que hemos logrado que se despachen del Congreso (…) que es la ley de narcotráfico para perseguir el patrimonio de manera dura de las organizaciones criminales y la ley de crimen organizado. Estamos trabajando en enfrentar con una política pública seria, sostenida en el tiempo y que dé resultados en enfrentamiento de delitos violentos”.